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El superintendente de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo, dice que las empresas que no cumplan con las normas de protección de datos serán sancionadas con multas millonarias. | Foto: Alejandro Acosta

DATOS PERSONALES

Ojo con los datos

Los colombianos están recibiendo en estos días correos electrónicos de empresas que piden autorización para el uso de la información incluida en sus bases de datos. ¿Qué hay detrás de estos mensajes y avisos?

3 de agosto de 2013

¿Alguien sabe en cuántas bases de datos está incluido? ¿Qué clase de información tienen? ¿Cómo la están utilizando? Estas preguntas, que muy pocos colombianos se habían hecho, fueron tema obligado en los últimos días con la avalancha de correos electrónicos y la multitud de avisos que aparecieron en diversos medios de comunicación  para invitar a los usuarios a dar su autorización para seguir utilizando sus datos.

Provocó este revuelo el Decreto 1377 de 2013 expedido el 27 de junio de este año por los ministerios de Comercio y de TIC, que tenía como propósito reglamentar la Ley sobre Protección de Datos Personales, aprobada por el Congreso el año pasado. El decreto señala que las empresas que quieran seguir utilizando la información de sus clientes tienen que pedir su autorización mediante correos electrónicos o llamadas telefónicas, entre otros. 

Para aquellas compañías a las que les resultaba imposible consultar a todos los usuarios, la norma les permitió publicar avisos en la prensa. Para este último recurso excepcional se fijó un plazo de 30 días, que venció el pasado 27 de julio. De ahí que los lectores de los principales diarios de circulación nacional se sorprendieran con la cantidad de avisos que aparecieron días antes de esa fecha de compañías aéreas, supermercados, cajas de compensación, empresas de seguros, bancos, entre otras.

Aunque los avisos ya no se están publicando sí siguen llegando correos, muchos de los cuales son borrados por los usuarios, que no saben si deben responderlos o hacer caso omiso. Ante las dudas surgidas por el tema, el superintendente de Industria y Comercio (SIC), Pablo Felipe Robledo, y el delegado para la Protección de Datos Personales, José Alejandro Bermúdez, sostienen que aunque el usuario no conteste las notificaciones esto no quiere decir que pierda el control sobre su información. Lo que sucede es que las empresas pueden seguir utilizando sus datos hasta tanto el ciudadano manifieste lo contrario. 

Pero las normas son claras en señalar que los autorizados por el titular solo deben utilizar la información cuando este firmó el contrato, o para los fines para los que inicialmente la recogieron. Por ejemplo, una caja de compensación solo puede utilizar la información del usuario para los temas de salud, no para fines publicitarios u otros efectos. 

La SIC sostiene que en el país están prohibidas las autorizaciones sombrilla, es decir, aquellas que cubren todo tipo de información. De esta manera se le pondría coto a las empresas que abusan con las bases de datos de los usuarios, como ocurre con algunas compañías que llaman para ofrecer toda clase de productos y servicios.

La preocupación de las compañías no es para menos si se tiene en cuenta que la SIC contempla multas de hasta 2.000 salarios mínimos legales mensuales (1.180 millones de pesos) para aquellas empresas que no atiendan debidamente los requerimientos de las personas que piden ser excluidas o que se modifique la información. 

El usuario puede hacer uso en cualquier momento del derecho de habeas data (protección de datos). Si quiere que lo excluyan o modifiquen su información, primero debe hacer la solicitud a la empresa. Pero si esta no le contesta o no le da una respuesta adecuada, puede presentar la queja ante la SIC para que investigue y tome las medidas del caso. Cada mes la entidad recibe, en promedio, 250 reclamos por la inadecuada utilización de datos personales. Ahora, la Superintendencia se prepara para elaborar un directorio público de todas las bases de datos que hay en el país.

De esta manera, Colombia se pone al día en un tema importante para evitar abusos con los consumidores y en el que llevan la delantera en el continente muchos países, entre ellos  México, Argentina, Perú y Uruguay.