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Estos policías del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) hacen parte del equipo que está en Tibú por las protestas de los campesinos. | Foto: Daniel Reina

CONFLICTO

ONU pide investigar las muertes en Catatumbo

Este organismo también denunció el uso excesivo de la fuerza pública contra los campesinos de las protestas.

10 de julio de 2013

La oficina de la ONU en Colombia para los Derechos Humanos expresó que en las protestas del Catatumbo ha habido un “uso excesivo de la fuerza contra los manifestantes” y le pidió a la Fiscalía investigar la muerte de los campesinos Leonel Jácome, Édinson Franco, Diomar Humberto Angarita y Hermides Palacios.

“Se pudo constatar, por un lado, que en las protestas campesinas hubo disparos con fusiles de alta velocidad, usualmente de dotación de la fuerza pública”, sostuvo la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos mediante un comunicado. 

Además, observó que los miembros de la fuerza pública también fueron agredidos por los manifestantes. 

Esta organización realizó una misión de observación en esa región del país en la última semana de junio. Allí, se reunió con campesinos, autoridades civiles y militares.

“Los campesinos tienen quejas valederas en relación con la garantía de sus derechos. Es importante escucharlos y no estigmatizarlos, y que ellos se manifiesten con respeto en relación con los derechos de todas las personas”, puntualizó sobre el Catatumbo Todd Howland, representante en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. 

La ONU también detalló que la situación actual de esta zona de Norte de Santander “da cuenta de una gran frustración social” causada por el estancamiento en el proceso de diálogo entre los campesinos y las autoridades, los retrasos en la creación de una Zona de Reserva Campesina, la falta de programas de apoyo para la sustitución progresiva de cultivos de uso ilícito, entre otras problemáticas. 

“Se espera que se puedan lograr acuerdos, con el fin de diseñar e instrumentar medidas concretas de inversión social que promuevan transformaciones sociales y garanticen la plena efectividad de los derechos humanos de los habitantes de la región”, precisó la organización.