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Fusionar, vender o subsidiar: las alternativas en juego para el futuro de Electricaribe

Las opciones para salvar a la intervenida empresa de energía llegaron esta semana a un debate sin consenso en el Capitolio. El Congreso solo se puso de acuerdo en que no se puede aumentar la tarifa del servicio. Cualquiera que sea la decisión, representará desafíos que se medirán en billones.


Una papa caliente, en eso se convirtió la Electrificadora del Caribe para el gobierno y los miles de ciudadanos de siete departamentos del Caribe que dependen del suministro de energía que ofrece la empresa, intervenida por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios desde noviembre de 2016.

Según la Superservicios, en ese año el Caribe sufrió alrededor de 100 horas acumuladas de cortes de energía por usuario, una situación que afectaba no solo a los 2,5 millones de ciudadanos que se benefician del servicio sino también a la productividad del sector industrial. Aunque la intervención le evitó un apagón a la costa, después de dos años, las soluciones no parecen acercarse a la luz. 

Durante el tercer Congreso Empresarial Colombiano y la 74 Asamblea Nacional de la Andi, el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, indicó que Electricaribe requiere inversiones de entre 3,5  y 7 billones de pesos solo en los siguientes 10 años. La exuberante cifra ayudaría a mejorar las condiciones en las que es distribuido el servicio de energía en toda la región Caribe. Sin embargo, lograrlo es un desafío que tendrá que asumir el nuevo gobierno. 

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En marzo de 2017 la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios ordenó la liquidación de Electricaribe con el propósito de que se siguiera con la prestación del servicio. Desde entonces, las opciones para salvar a la compañía han sido debatidas por las empresas que podrían comprarla, las autoridades locales de la región y recientemente en el Capitolio, donde tampoco hubo consenso. Los expertos aseguran que encontrar una propuesta que recoja los intereses de los involucrados y satisfaga las necesidades de la población del Caribe, no es una tarea sencilla. Las opciones son muchas pero las posibilidades de realizarlas están limitadas.

¡En venta!

El gobierno de Juan Manuel Santos aseguró que a finales de julio iniciaría el proceso para la consecución de un inversionista estratégico para Electricaribe. Santos anunció que el proceso estaba abierto para todos los interesados en convertirse en operadores de la empresa que anteriormente estaba en poder del grupo español Gas Natural Fenosa. Sin embargo, a la fecha el proceso de licitación parece no haber cuajado. 

Aunque varias empresas podrían haber empezado una puja para tomar las riendas de una suministradora de energía en un sector con gran potencial de crecimiento como el del Caribe, las condiciones en las que se encuentra Electricaribe no han sido para nada atrayentes. EPM, una de las opciones más fuertes, está maniatada por la crisis de Hidroituango que asfixió a la empresa y la dejó sin mayores posibilidades de asumir un gasto tan grande y poco rentable.

Las condiciones del Grupo de Energía de Bogotá para poder contemplar la compra son muchas y casi imposibles de cumplir. Los líos de la distribuidora espantan las intenciones de sus posibles operadores. Al menos otras seis empresas tendrían en un inicio el interés de convertirse en inversionistas, pero hasta ahora nada oficial ha prosperado. Promigás, Celsia, Grupo Ethuss, y otras compañías nacionales y extranjeras habrían estado tambén en el sonajero. 

En el debate de control político de este martes en el Congreso, la mayor parte de la bancada del Caribe manifestó su inconformidad con las soluciones que ha ofrecido el gobierno. Tanto que el senador barranquillero Mauricio Gómez aseguró que tenían conocimiento de una jugada del gobierno: devolverle Electricaribe a Fenosa. El congresista del Partido Liberal aseguró que esta sería la peor opción.

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"Me voy muy pesimista de este debate y me declaro insatisfecho con el resultado del mismo. Apoyamos al presidente Iván Duque, pero le pedimos que haga algo por esta situación, que es una bomba de tiempo que se le va a estallar en las manos", dijo Efraín Cepeda, uno de los senadores citantes.

Según el interventor Javier Lastra, para su venta, los interesados deberán tener un patrimonio que sea equivalente mínimo a USD 500 millones, acreditar que durante los últimos tres años tuvieron experiencia en la distribución y comercialización de energía y gas natural y haber manejado por lo menos 600.000 usuarios durante el mismo periodo. Pero eso no es todo, los posibles compradores tendrían que estar dispuestos a invertir los 7,1 billones de pesos que explicó el ministro Carrasquilla.

De acuerdo con el ministro Carrasquilla la compañía debe dejar claro dentro de las condiciones de venta las deudas que tiene para que no se generen contingencias. Es decir, que debe entregar al detalle sus obligaciones financieras. Según él, la inyección de capital se debe trabajar en la solución de los faltantes de caja, principalmente en materia de subsidios, porque ninguna empresa podría invertir esa cifra con endeudamientos fuertes en materia financiera y una demanda en tribunales internacionales.

"Si no somos serios en estimar exactamente cuáles son las obligaciones que tiene la empresa no vamos a encontrar una solución que sea sostenible y consistente con la meta última, que es la satisfacción de los usuarios", explicó.

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Asumir el costo

Mientras no haya un proceso de venta, la papa caliente seguirá en manos del gobierno, que ha estado garantizando los recursos para financiar la operación y las inversiones de la empresa. Una de las opciones que podrían tomar el presidente y sus ministros, sería la de sanear la deuda con el dinero público.

En el debate del Capitolio surgió la propuesta de crear un Conpes, con el que se designen recursos del presupuesto del país para financiar la  infraestructura eléctrica que se necesita. Esta opción, planteada por el senador David Barguil, permitiría una participación del Estado en la nueva empresa que vele por el dinero público invertido. Además, se planteó que un porcentaje de los recursos del Ministerio de Minas sea destinado a la inversión en redes.

El tema no es fácil, el senador Jorge Robledo sugirió que se use parte de las regalías de la región, que asciende a los 2 billones de pesos, para aliviar las inversiones que necesita la red eléctrica. “El desastre de Electricaribe es total y la empresa es profundamente corrupta”, dijo el congresista del Polo.

Para el senador, la responsabilidad de la crisis de la distribuidora recae sobre Gas natural y de las administraciones nacionales desde 2002 hasta ahora, que no asumieron los deberes que les correspondía. Robledo advierte que un operador privado en Electricaribe implicaría fuertes alzas en las tarifas y que el Estado no puede invertir en grande en la empresa y “regalarle esa plata a un privado”.

 El senador Fabio Amín sugirió que como no hay presupuesto para subsidiar más el servicio, si no se hace un esfuerzo fiscal se incrementarán las tarifas en un 76 por ciento en el estrato 1. La mayoría de los congresistas estuvo de acuerdo en que la opción de subir la tarifa del servicio no es viable.

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Fusionarla

El senador Álvaro Uribe propuso la creación de un operador mixto en el que el socio privado ponga el dinero y que el aporte estatal se dé desde el momento en que se empiecen a generar utilidades con capitalización de impuestos. Uribe plantea que el Estado se encargue del cubrimiento de todas las prestaciones de trabajadores y pensionados, y una participación porcentual sin riesgo en la propiedad de la empresa.

De seguirse este modelo, la compañía mixta funcionaría como la Empresa de Energía de Bogotá (EEB), en la que el Distrito tiene el 51 por ciento de Emgesa y Codensa, pero el control lo tiene la empresa chilena Endesa. De elegirse, los primeros criterios que deberán cumplir las empresas, serían demostrar su capacidad económica y la calidad del servicio que prestarían 

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"Yo siento que todo lo que hicimos en nuestro gobierno para mejorar el servicio eléctrico en el Caribe, lo abandonaron. Había 97 por ciento de recaudo, y dicen que en el Caribe no pagan, y sí pagan".

Según la ministra de Energía, María Fernanda Suárez, el Estado tendría que emitir una garantía de 735.000 millones de pesos para que Electricaribe pueda acceder a un préstamo. Mientras tanto, la senadora del Centro Democrático María del Rosario Guerra considera que  el nuevo operador de la compañía debe tener músculo financiero y garantizar un servicio de calidad con tarifas que puedan pagar los usuarios de estratos 1 y 2. una de las poblaciones más afectadas por los líos de la suministradora de energía.