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El alcalde Jorge Iván Ospina, en el momento en que hacia los anuncios.
El alcalde Jorge Iván Ospina, en el momento en que hacia los anuncios. | Foto: Archivo Particular - Cortesía Alcaldía de Cali

VALLE DEL CAUCA

Ordenan cinco días de arresto contra alcalde de Cali y el hijo de Roy Barreras

Presuntamente Jorge Iván Ospina y el director de Planeación Distrital habrían hecho caso omiso a un derecho de petición.

30 de septiembre de 2021

El juzgado Noveno Laboral de Circuito de Cali ordenó el arresto por cinco días del alcalde Jorge Iván Ospina y del director de Planeación Roy Alejandro Barreras hijo del senador Roy Barreras, por desacato a una tutela ante un derecho de petición para entregar información sobre una zona verde en inmediaciones del humedal en El Pondaje que estaría destinada a un proyecto de vivienda.

De acuerdo con el fallo, la Alcaldía de Cali habría omitido estudios de usos del suelo. El proyecto de vivienda que tiene en aprietos a Ospina es denominado Torres de la Paz y está ubicado en el Distrito de Aguablanca, oriente de la ciudad. Según el juzgado, el lote estaba dentro de un área de recuperación ambiental y uso sostenible en el plan de manejo ambiental del humedal El Pondaje. El fallo también ordenó el pago de una multa de cinco salarios mínimos legales vigentes.

Frente a esta información, la directora jurídica de la Alcaldía de Cali, María del Pilar Cano, explicó que “la sanción que se impone en el auto proferido por el Juzgado Quinto Laboral en virtud de acción de tutela por presunta violación al derecho de petición por parte del Departamento Administrativo de Planeación, que nos fue notificado en el día de hoy, no se encuentra en firme”.

La funcionaria recalcó que es necesario que se surta el grado jurisdiccional de consulta ante el Juzgado Noveno Laboral de Circuito. ”En otras palabras, esa sanción no se hará efectiva hasta que se profiera la decisión del superior jerárquico. Tenemos para decir que ya se dio la respuesta al peticionario según lo solicitado y que igualmente presentamos memorial demostrando el cumplimiento del fallo judicial”.

Señaló que se solicitó que se archive el incidente y consecuentemente se revoque la medida sancionatoria de multa y arresto. “Hay que precisar que el superior jerárquico tiene un plazo de tres días para pronunciarse”, anotó la funcionaria. “Tenemos la firme convicción de que al acreditarse el cumplimiento de la sentencia de tutela en los términos ordenados, el operador constitucional que revisa la actuación deje sin efectos la sanción”, subrayó la abogada Cano.

Investigación preliminar

Puntualmente, el Ministerio Público señala que se abre la indagación preliminar “por las presuntas irregularidades” en las que pudo incurrir al decidir vincular a estas personas de la ‘primera línea’.

Dentro de las pruebas que pide la Procuraduría hay varias como:

Certificación en la que consten las razones de hecho y de derecho que originaron la decisión de contratar o vincular a la administración miembros de la llamada ‘primera línea’ a la Alcaldía distrital.

Certificación en la que conste la forma en que se piensa vincular o se han vinculado los miembros de la llamada ‘primera línea’ a la Alcaldía distrital.

La violencia que se ha tomado a la capital del Valle, desde que empezaron las protestas, expone como trasfondo enfrentamientos de pandillas por el negocio ilícito del narcotráfico y el control territorial.
La violencia que se ha tomado a la capital del Valle, desde que empezaron las protestas, expone como trasfondo enfrentamientos de pandillas por el negocio ilícito del narcotráfico y el control territorial. | Foto: getty images / alexandra ruiz poveda-semana

El alcalde Jorge Iván Ospina explicó en los medios de comunicación que se trata de una medida para ayudar a los jóvenes, independientemente de que pertenezcan a la ‘primera línea’. Estas personas, por lo menos 40, se encargarán del mejoramiento de la red de semáforos de la ciudad y de la demarcación vial.

La medida del alcalde Ospina generó una lluvia de críticas en su contra puesto que la ‘primera línea’ puso en jaque la ciudad por más de dos meses durante el paro que empezó el 28 de abril. Varios de los integrantes de este grupo fueron judicializados y vinculados a crímenes como homicidio, asonada, terrorismo y tortura.

Las investigaciones de la Procuraduría apenas empiezan y deberán concluir si el alcalde incurrió en irregularidades o no.