Ordenan retomar el proceso de extinción de dominio de la hacienda Las Pavas

La Corte Constitucional falló que el desalojo de campesinos de tierras en el departamento del Bolívar fue irregular y ordenó reanudar un proceso de extinción de dominio, con lo que abre el camino para que un centenar de familias campesinas retorne a lotes que pertenecieron a parientes del capo Pablo Escobar.

La decisión se derivó de una tutela o recurso constitucional de amparo promovido por la Asociación de Campesinos de Buenos Aires (ASOCAB), que reúne a los desplazados de la hacienda Las Pavas, ahora en manos de palmicultores.

El fallo de la Corte Constitucional tiene fecha del 2 de mayo, pero sólo fue publicado este viernes, dijo el magistrado Mauricio González, quien redactó el proyecto de decisión aprobado.

González dijo que el fallo declaró irregular el desalojo ordenado en el 2009 por autoridades locales a las familias que ocupaban la hacienda Las Pavas.

A la vez, la Corte ordenó seguir el proceso de "extinción de dominio", o de examinar si se retira la propiedad de un activo sospechoso de tener un origen ilegal como el narcotráfico. Ese proceso, en el caso de la finca, lo lleva el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (INCODER).

"Nosotros lo que advertimos (en el fallo) es que hubo unas irregularidades, tanto en el desalojo inicial como en la anulación del proceso (de extinción de dominio). Corregimos esas fallas y ordenamos que concluya el proceso de extinción", dijo el magistrado.

El INCODER desistió de la causa confiscatoria de Las Pavas, cuya propiedad reclaman los empresarios José Ernesto Macías y Alfonso Dávila Abondano (del grupo familiar Daabon).

Los Dávila conforman una de las familias pudientes de la costa norte y otras regiones del país que recibieron de manera irregular millonarios subsidios no reembolsables del desaparecido programa Agro Ingreso Seguro (AIS), creado por el Ministerio de Agricultura del gobierno anterior.

Para el representante a la Cámara Iván Cepeda, el fallo es "trascendental" porque abre el camino para que otras comunidades campesinas puedan presentar pacífica y ordenadamente sus reclamos por tierras y conseguirlas.

"En Las Pavas se ha librado y se libra uno de los forcejeos más importantes para la restitución de tierras", precisó el congresista, quien ha acompañado a las familias de esa hacienda en sus reclamos.

Las Pavas, de 1.223 hectáreas, está ubicada en el municipio de El Peñón, en el departamento de Bolívar y a unos 483 kilómetros al norte de Bogotá. Pertenecía a Jesús Emilio Escobar, primo del Pablo Escobar.

Pero la hacienda, según las 123 familias -que ocupaban Las Pavas desde 1987 y que hace ocho años fueron desalojadas por un grupo paramilitar-, estuvo desde siempre abandonada y por eso la ocuparon en 1996 para sembrar maíz y plátano porque ya habían sido expulsadas de sus tierras por grupos paramilitares, explicó Zoraida Hernández, del grupo no gubernamental Corporación Sembrar, que también ha denunciado y acompañado los reclamos de las familias.

Sin embargo, el primo de Escobar vendió a mediados de esta década las tierras a empresarios palmicultores para sembrar palma aceitera y entonces las familias fueron evacuadas. En abril pasado, las familias decidieron instalarse en un sector de la hacienda y reclamar legalmente las tierras, alegando ante la Corte que se les vulneró su derecho al trabajo.

El proceso de retorno a estas tierras ha sido rechazado por quienes se consideran sus dueños, mediante denuncias judiciales por delitos como calumnia y ocupación ilegal de tierras.

Hace tres semanas, Cepeda denunció que con estas demandas se pone en riesgo a los líderes de los campesinos que reclaman tierras.

En su fallo, la Corte aclaró que no puede ordenar la entrega de tierras a desplazados, pero sí ordenarle al INCODER que retome el proceso legal de "extinción de dominio" de Las Pavas.

Con información de EFE y AP