“El fiscal reconoce que habrá impunidad”

El procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez, se despertó en la mañana de este miércoles con una paradoja: lo embarga la inquietud porque a su juicio la impunidad cobijará a los guerrilleros que firmen el proceso de paz y respira aliviado porque el tiempo les ha dado la razón a sus advertencias lanzadas desde meses atrás.

Ese es el diagnóstico a su estado de ánimo tras dar su opinión sobre la posibilidad de que los guerrilleros en lugar de ir a la cárcel paguen con penas como trabajo social los crímenes cometidos en estos años de confrontación, idea lanzada por el fiscal general, Eduardo Montealegre.

Ordóñez calificó la propuesta como “una de las perlas de todo este proceso, que viene a fortalecer las constructivas críticas que hemos hecho desde el Ministerio Público". Agregó que celebra el hecho de que "ya se están destapando las cartas y que el señor fiscal General de la Nación esté reconociendo claramente que habrá impunidad total".

Para Ordóñez, lo que está ocurriendo es sencillo: "Nos quieren llevar a empellones a la impunidad total y pretenden que quienes en representación de la sociedad estamos diciendo que no queremos impunidades totales sino paces razonables". 

Para el jefe del Ministerio Público es importante "este tipo de ingredientes que le estamos oyendo al señor presidente de la República y al fiscal general porque están reconociendo que lo que de ésta pretendiendo es otorgarle impunidad total mediante el expediente de las penas simbólicas". 

Para Montealegre, la situación es bien distinta. No se trata, dice, de impunidad sino de unos costos necesarios que hay que pagar para conseguir la paz. El fiscal general aseguró, en un foro organizado por el diario El Tiempo, que “los autores y los máximos responsables tienen  que ser investigados, acusados, se tiene que hacer un juicio justo, en contra de máximos responsables, por estos delitos, y que se produzcan las condenas respectivas”. De esta manera, una vez se hayan producido las respectivas sentencias, se tienen que tener en cuenta las penas alternativas a la pena de prisión.

Por eso, Montealegre hizo referencia a la experiencia internacional, donde, según citó, “se han podido implantar penas como el trabajo social comunitario, la participación de los máximos responsables en programas de restablecimiento social”, y dio como ejemplo la participación en el desminado, que contribuye con el desmontaje de todos los aparatos de guerra.

Montealegre dio su opinión en el marco del ‘Primer debate del diario: víctimas, derecho a la verdad, justicia y reparación’. El fiscal se refirió al tema de justicia transicional como un mecanismo que utilizan los Estados de derecho para pasar de situaciones de guerra a la paz o del conflicto armado a la paz.

El fiscal Montealegre afirmó que “lo que tenemos que buscar son fórmulas de equilibrio, fórmulas de cómo equilibrar ese derecho de las víctimas y cómo armonizarlo con el derecho que tiene toda sociedad a la paz. Esto significa, entonces, que para resolver el tema de penas y de justicia penal adecuada en un marco de justicia transicional, no podemos acudir a los mecanismos ordinarios o a las estructuras o a la filosofía tradicional del derecho penal.”

Para Ordóñez estas tesis son, sencillamente, el camino hacia la impunidad. Así las cosas, varios meses estuvo calmada la candente discusión por el juzgamiento de los integrantes de las FARC que se sometan a la justicia en un escenario de paz entre el procurador y el fiscal. Ahora el debate está candente de nuevo.