Oscuridad en la mina

"La gente empezó a decirnos que había carros de la Drummond andando con gente armada. Un día les dije a los soldados: 'vamos a hacerle una emboscada a esta gente', y nos paramos a lado y lado del camino. Venía un carro y le salimos. Se bajó un señor y me dijo: 'yo soy el coronel Rodríguez, de seguridad de la empresa'. Entonces le dije: 'mi coronel, ¿cómo está?

'. Me dijo: '¿Y ustedes qué hacen aquí?

'. Y le respondí que había información de que estaban pasando unas camionetas con gente armada.

"Él me respondió: 'no, hombre, no la vayan a embarrar. Devuélvanse para donde estaban'. Llamó y a los 30 minutos me llamó mi coronel Sanmiguel al radio y me preguntó: 'Oiga, sargento, ¿ustedes están haciendo una empanada? (a lo que nosotros llamamos emboscada) y le dije que sí. Me respondió que me fuera, que al otro día me decía yo qué debía hacer.

"Al día siguiente, llegó un teniente y me relevó. Me dijo que yo iba a seguir con él, pero que él sería el comandante de la contraguerrilla. Yo le pregunté que por qué y él me respondió: 'No, hermano, es que usted la cagó, ¿cómo se puso a montarle emboscada a esa gente?

' Yo le pregunté: '¿Y es que no se pueden tocar? y él me dijo que no".

Esta declaración es de un suboficial que comandaba dos contingentes contraguerrillas del Ejército encargadas de proteger las instalaciones de Drummond, la multinacional carbonífera que opera en Cesar. Drummond ha sido demandada por perjuicios civiles en una corte en Estados Unidos por los presuntos vínculos de sus empleados con acciones criminales de paramilitares y en particular por el asesinato de tres dirigentes sindicales. La empresa ha negado enfáticamente cualquier relación con grupos armados ilegales y con esos crímenes, como lo reiteró el pasado jueves en un comunicado a la opinión pública.

SEMANA indagó sobre la situación de seguridad en la región durante los años en los cuales ocurrieron los hechos que se imputan a la empresa. Un participante clave fue este suboficial que le contó a la revista su experiencia en la zona. Varios militares ratificaron su relato. "El coronel retirado Rodríguez se mantenía por todas las fincas dando vueltas. Él había montado una empresa de seguridad con otros oficiales retirados y era el que coordinaba las operaciones en la zona. Les decía a los comandantes de tropa: 'vea, páseme de esta finca a esta.', para evitar que hubiera encontrones entre los paracos y las tropas", dijo un soldado de contraguerrilla a la revista en Bogotá.

Curiosamente, a unos 4.000 kilómetros al norte en el juzgado de distrito de Alabama, Estados Unidos, donde se adelanta la demanda civil contra Drummond, en una declaración juramentada un ex empleado dijo algo similar. "Luis Carlos Rodríguez me dijo que él tenía una relación cercana con los grupos paramilitares en la región y que se mantenía en contacto frecuente con ellos. Luego me dijo que, por eso, podría resolver cualquier problema que Drummond tenía con el chasquido de sus dedos. Para mí eso significaba que podría hacer matar a alguien por los paramilitares al sólo pedirles". Por razones de seguridad, la juez decidió mantener en reserva su nombre. Rodríguez, quien era el jefe de seguridad de la Drummond en la mina la Loma, salió de la empresa hace unos años. SEMANA no pudo comunicarse con él.

El mismo testigo, quien era un supervisor de la empresa, dijo haber visto a jefes paramilitares reunirse con oficiales del batallón La Popa, encargado de la protección de las minas de carbón. Su declaración, que se encuentra en el expediente contra Drummond en Estados Unidos, coincide con la reciente decisión de la Fiscalía de llamar a indagatoria a un ex comandante de ese batallón, el coronel Hernán Mejía, por vínculos estrechos con las autodefensas al mando de 'Jorge 40' en Cesar.

Algunos de los militares consultados por la revista reconocieron que luego de prestar servicio legal pasaron al "lado oscuro", como diría Darth Vader, el villano de las películas de la Guerra de las Galaxias. En su actividad criminal conocieron detalles de cómo los paramilitares asesinaron al presidente y al vicepresidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Minera y Energética (Sintraminenergética) el 12 de marzo de 2001. Valmoré Locarno Rodríguez y Víctor Orcasita Amaya viajaban en el bus que lleva a los trabajadores de la mina a sus casas en Valledupar. El vehículo fue interceptado por paramilitares que procedieron a asesinar en el lugar a Orcasita y llevarse secuestrado a Locarno, quien aparecería muerto horas después. El sucesor de Locarno en la presidencia del sindicato, Gustavo Soler, fue también asesinado en septiembre de 2001.

Aunque la investigación de la Fiscalía aún no ha determinado los responsables de los hechos, tanto las versiones de los militares como varias declaraciones juramentadas en Estados Unidos le atribuyen los crímenes a los paramilitares comandados por alias 'Tolemaida', el lugarteniente de 'Jorge 40' en la región. Es de especial relevancia un testimonio de un ex empleado de Drummond llamado Jimmy Rubio, fechado en mayo de 2004.

Rubio, quien se encuentra exiliado, cuenta cómo en una reunión algunos paramilitares le explicaron en detalle cómo se llevaron a cabo los asesinatos y que el autor material fue uno al que le decían 'Cebolla'. Uno de los militares convertidos en para narró la misma historia a la revista la semana pasada.

En los múltiples testimonios recogidos por la Fiscalía se habla de una presencia de paramilitares en las instalaciones de la empresa durante esa época y de retenes ilegales de hombres armados. Según los militares de la contraguerrilla entrevistados por SEMANA, era vox populi en la zona que paramilitares andaban en camionetas contratadas por la compañía y que andaban armados de civil. Esta versión está también consignada en una declaración juramentada de otro ex empleado y ex miembro del sindicato. Él dice que "mientras trabajaba en Drummond, llené de combustible en varias ocasiones diferentes vehículos de paramilitares. Hacían patrullajes en La Loma (la comunidad más próxima a la mina), donde los observé, en ocasiones con las armas a la vista".

Para Drummond, declaraciones como éstas en su contra en la Corte no tienen credibilidad . Citan las palabras de la juez, quien calificó las pruebas como "débiles". Dicen que forman parte de una "campaña de difamación que los demandantes adelantan contra la compañía y sus directivos en Colombia, así como en los países en los que se vende el carbón colombiano". La empresa insiste en que no cederá a estas presiones ni aceptará bajo ninguna condición transar con los demandantes: el sindicato Sintraminenergética y los familiares de las tres víctimas.

El juicio contra la Drummond en Alabama está programado para el 14 de mayo. Será la primera vez que un jurado norteamericano de 12 miembros decida sobre la responsabilidad civil de una multinacional en unos hechos acaecidos en otro país. Si llegara a perder el caso, la empresa se vería obligada a pagar millones de dólares a los sindicalistas y el impacto sobre su imagen sería devastador, especialmente después de la confesión de Chiquita Brands que había financiado durante siete años a las AUC. Eso también explica por qué hizo pública la semana pasada su demanda por injuria y calumnia contra Rafael García, el ex funcionario del DAS y testigo estrella de la para-política.

García dijo en mayo del año pasado que fue testigo de una reunión entre el presidente de la Drummond y representantes de 'Jorge 40' donde se hubiera entregado dinero para cometer los crímenes. Aunque el testimonio es inverosímil -nadie se imagina a un alto ejecutivo de una multinacional tan importante en esas andanzas-, la juez Karen Bowdre aceptó que se tomara una declaración formal de García y que se hicieran públicas sus afirmaciones anteriores. La misma Fiscalía adelanta los trámites diplomáticos para incluir lo dicho por García como prueba en la investigación.

Drummond no es la única empresa multinacional en la mira de las cortes norteamericanas. Coca Cola y Occidental también han tenido que enfilar sus baterías legales para evitar un escenario como el que enfrenta la empresa carbonífera, una de las principales generadoras de divisas en Colombia. Ni tampoco es la primera en ser acusada de tener relaciones non sanctas con grupos ilegales.

Los temas, en el fondo, son siempre los mismos: cómo operan esas compañías en zonas de conflicto y cómo es su relación con la Fuerza Pública. ¿Son cómplices de la violencia o simplemente están recurriendo al derecho de la legítima defensa? En el mundo globalizado de 2007, estas son las preguntas que las multinacionales se ven obligadas a contestar todos los días. Y en la ola antiparamilitar de la Colombia de hoy, la pregunta adquiere aún más relevancia.

Drummond, como muchos de sus pares en Colombia, tiene acuerdos de colaboración con la Fuerza Pública para su seguridad. Esto incluye, según le dijo el vocero de la empresa a SEMANA, asistencia logística como alimentación, combustible y vehículos. También financió la construcción de bases militares que se encuentran cerca de sus instalaciones. Este hecho, que sería extraordinario en cualquier otro país, es habitual en Colombia donde durante años la Fuerza Pública -en particular el Ejército y la Policía- se acostumbraron a disfrutar de estos 'extras'.

De 2000 a 2002, Drummond fue blanco de decenas de ataques de la guerrilla. Había frecuentes atentados al tren que transporta el carbón a la Costa Atlántica para su exportación e incluso la empresa alcanzó a amenazar con irse del país. El gobierno reaccionó y creó grupos militares especiales para proteger la vía férrea. Con la llegada del presidente Álvaro Uribe, dice la empresa, hubo un cambio de actitud del Ejército que empezó a patrullar. Para Drummond, este compromiso de la Fuerza Pública explica la gran mejoría en seguridad, lo que ha permitido invertir más de "mil millones de dólares en los últimos años".

El gran interrogante es si la colaboración de la Drummond con el Ejército pudo en años anteriores haberse extendido a los paramilitares. Esto pudo haber sucedido sin conocimiento explícito de los altos directivos de la multinacional. Pues en Cesar y en otras regiones del país, la Fuerza Pública tuvo nexos con las autodefensas por iniciativa propia. Como lo dijo un ex militar a SEMANA: "Doscientos soldados no controlan una zona como la controlan dos paracos".

La verdad es que en Colombia todo el mundo es consciente de que las multinacionales en zonas de conflicto han tenido que recurrir a fórmulas ortodoxas -y a veces no ortodoxas- para su seguridad. Lo que no es seguro es hasta qué punto esta complejidad colombiana sea entendida en su contexto real por las 12 personas que integrarán el jurado en Alabama.