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| 3/4/2006 12:00:00 AM

Otra frontera caliente

No cesan las incursiones de paramilitares colombianos en Venezuela. Van 33 muertos en 2006. El gobierno de Hugo Chávez se ha visto obligado a endurecer los controles fronterizos.

Otra frontera caliente Desde que aumentó la violencia paramilitar en los municipios fronterizos en Venezuela, sus autoridades han aumentado los controles. Se quejan de que el gobierno colombiano no ejerce suficiente control; además, cruzar ilegalmente la frontera por el Río Táchira es muy fácil
La calma de los habitantes de la zona rural de Táchira en Venezuela se rompió cuando un helicóptero artillado de la Fuerza Pública de ese país pasó ametrallando. Era la tarde del pasado 28 de enero. Minutos antes, en la trocha conocida como La Muralla, a 2,5 kilómetros del puente Simón Bolívar que une a Colombia con Venezuela, dos patrullas de la Guardia Venezolana, cada una de 25 miembros, se encontraron con un numeroso grupo de paramilitares. El enfrentamiento duró 45 minutos.

Al día siguiente, cerca de ese lugar hubo otra refriega de menor intensidad, y siete días después, en la trocha que comunica la ciudad venezolana de Ureña con Cúcuta, hubo un combate en el que murió un paramilitar.

Estos han sido tres de los episodios recientes más dramáticos de la presencia de este grupo ilegal en el vecino país. Las ciudades venezolanas de San Antonio, San Cristóbal y Ureña están siendo víctimas de una oleada de terror. En lo corrido del año, los sicarios han asesinado a 33 personas, de acuerdo con informes de la Policía de Venezuela. En todo 2005 hubo 63 muertes violentas. Los dos últimos reportes fueron hace una semana, cuando en San Antonio se encontraron los cuerpos de una reconocida odontóloga de Pamplona y de un comerciante de Cúcuta. Se desconoce la nacionalidad de todos los muertos pero, según dijeron a SEMANA autoridades del estado de Táchira, muchos de ellos fueron asesinados por ajustes de cuentas entre desmovilizados de los paramilitares y delincuentes.

Otro indicador ha sido el incremento en las extorsiones a comerciantes. "Hombres armados llegan hasta los locales y los obligan a pasar a un sector llamado Juan Frío, en Villa del Rosario, a lo mejor con complicidad de unos funcionarios nuestros", dice Ronald Blanco, gobernador del estado Táchira; para él no hay duda que son paramilitares. En San Antonio y Ureña, SEMANA encontró pequeños tenderos que aseguran que les ha tocado pagar. Es tal la situación de zozobra, que en unas recientes ferias ganaderas la prensa advirtió para que estuvieran atentos, pues los paras estaban tomando datos y fotos para luego 'vacunar' a la gente.

Con la desmovilización de los paras y el mayor control de las autoridades en Colombia, varios de sus miembros optaron por delinquir en el vecino país. Esto generó una reacción de las autoridades venezolanas en la frontera, en especial contra el comercio ilegal de gasolina, una vena sensible de las finanzas de estos grupos.

En cálculos de las autoridades energéticas colombianas son 672.000 galones de este combustible que entran por esta frontera, en especial por Norte de Santander. Gran parte de ésta se destina como insumo para la producción de droga y la otra se vende en el interior de Colombia. Hoy los controles de la Guardia Nacional venezolana incluyen medir con una manguera el volumen de gasolina que hay en los tanques de los vehículos que van para Colombia. A quien se le encuentre un 'exceso' de gasolina se la decomisan y lo retienen por varias horas. Esta situación ha incrementado el precio del galón de gasolina en Cúcuta. Hace un par de meses se conseguía en 3.400 pesos, hoy esté a 5.800.
También en las ciudades venezolanas afectadas por la violencia se prohibió la circulación de parrilleros en las motos y el uso de vidrios oscuros en vehículos de servicio público.

La preocupación de las autoridades venezolanas también tiene que ver con el poder corruptor de estos grupos y el riesgo de que se cometan atentados contra los puestos de control fronterizo. El pasado 17 de febrero, en Táchira, fueron detenidos nueve fiscales y seis miembros de la Policía por supuestos nexos con grupos de paramilitares colombianos.

Por toda esta zozobra, parlamentarios de la región estudian presentar una propuesta al presidente Hugo Chávez, para decretar un estado de excepción en estas ciudades. Esto le permitiría actuar a la Fuerza Pública sin previa orden judicial.

De aceptarse esta propuesta, la posibilidad de que se caliente aun más la frontera es alta. Un nuevo dolor de cabeza que se suma a las dificultades permanentes al sur del país con Ecuador.

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