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| 5/26/2003 12:00:00 AM

Otra red de solidaridad

El fallo de la Corte y la ley Clopatofsky amplían la protección a las familias de secuestrados y de desaparecidos, hasta ahora muy abandonadas a su suerte.

¿Ha sido el pais solidario con sus secuestrados y sus desaparecidos forzosos? En derroche de discursos, tal vez sí. En protección efectiva de sus desoladas familias, bastante menos. Y aunque el fallo de la Corte Constitucional de la semana pasada y el proyecto de ley del senador Jairo Clopatofsky dan un gran paso en este sentido, todavía falta un trecho largo.

El dictamen de la Corte fue producto de la demanda que hicieron unos ciudadanos a un artículo de la Ley 589 de 2000 que tipifica, entre otros delitos, la desaparición forzada. El artículo estipulaba que si un funcionario público era desaparecido forzosamente sus familiares podrían seguir cobrando el salario que percibía hasta por dos años y que si era secuestrado, sus familiares podrían recibir su sueldo hasta que fuera liberado. Los demandantes consideraron que la norma daba un tratamiento desigual a secuestrados y desaparecidos y a trabajadores públicos y privados.

La Corte decidió que, en efecto, se les daría un tratamiento igual a todos, fueran trabajadores privados o del Estado, y, sin importar si eran secuestrados o desaparecidos. Es decir, mientras tengan privada su libertad, sus familias tienen derecho a seguir recibiendo sus salarios. Según explicó a SEMANA el ponente del fallo, el magistrado Jaime Córdoba Triviño, si el secuestrado o desaparecido tenía un contrato a término indefinido, entonces el patrón debe pagar hasta que aparezca o se compruebe su muerte. Si tenía un trabajo a término fijo -en el caso de contrato de asesoría por un año, por ejemplo, o en el de los funcionarios con períodos fijos como los congresistas o los magistrados- se le deben pagar sus salarios por ese término. Dejó también abierta la posibilidad de que tanto los particulares como el Estado -mediante una ley que lo habilite- puedan contemplar sacar seguros colectivos que paguen un auxilio a las familias de los trabajadores en caso de desaparición forzada o secuestro.

La sentencia no cobija a los trabajadores independientes o a ganaderos o a comerciantes. Si su familia se queda sin ingresos porque ellos no pueden estar al frente de sus negocios, nadie protege a esa familia. Así mismo, si alguien es secuestrado el día antes de que se le cumpla su período de congresista o su contrato de trabajo en una empresa privada, la ley sólo obligaría al empleador a pagarle el salario de un día a sus familiares. En otras palabras, la familia quedaría con la tragedia y sin tiempo para reorganizarse y encontrar nuevas formas de ganarse la vida.

La Corte, cuyo fallo fue unánime, no podía ir mucho más allá. Como lo explicó Córdoba, sólo podía pronunciarse sobre la constitucionalidad de una norma pero no crear nuevos mecanismos legales. Eso le corresponde al Congreso.

Antes de que la Corte fallara ya había un grupo de colombianos estudiando la manera de brindarles protección a los familiares de secuestrados. Sólo una persona que haya sufrido el secuestro del jefe del hogar sabe cómo, además de la tragedia que se le viene encima con un secuestro por la pérdida, la presión sicológica de los secuestradores, el miedo, la impotencia, sobrevienen las angustias económicas. Cientos de familias han perdido sus casas porque no pudieron pagar más sus cuotas del crédito; otras tantas tuvieron que dejar a sus hijos sin educación.

Esas historias llegaban a diario a la Fundación País Libre, que se veía impotente tratando de aconsejar a las familias sobre cómo frenar la avalancha de 'culebras' y lidiar con el secuestro a la vez. Con una preocupación parecida, el senador Clopatofsky se acercó en octubre pasado a esta fundación y entre los dos, con la asesoría de abogados, universidades y hasta fiscales, diseñaron un proyecto de ley que ahora estudia la comisión primera del Senado, con tres ponentes: Claudia Blum, Hernando Andrade y José Renán Trujillo. "La idea de la ley salió de ver las miles de familias de secuestrados abandonadas a su suerte, dijo Clopatofsky a SEMANA. Quisimos hacer una ley marco que les brindara una solución completa".

El proyecto estipula que el secuestro es una causal de "fuerza mayor", la base legal que permite que alguien pueda dejar de cumplir con sus obligaciones. De ahí, el proyecto estipula que se le congelen los pagos por deudas civiles o comerciales al secuestrado, mientras dure su cautiverio o se determine muerto, sin que los acreedores puedan cobrar intereses moratorios o a seguir cobros ejecutivos. Esto siempre y cuando la persona se hubiera encontrado al día en sus pagos al momento del secuestro. "Se trata de proteger al buen ciudadano que paga sus deudas a tiempo", dijo Juan Francisco Meza, de País Libre.

Si por alguna razón un acreedor siente que ha sido perjudicado por esta ley puede pedir compensación al Fondo de Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado, creado por ley en diciembre pasado.

Así mismo, el proyecto contempla que se le congelen al secuestrado los pagos de todos sus impuestos -predial, de renta, seguridad democrática u otros-. La Dian sólo reasumiría el cobro de los impuestos que se hayan generado durante el cautiverio cuando la víctima salga en libertad. Pero este beneficio sólo se puede extender por máximo dos años.

Otra novedad del proyecto es que si el secuestrado estaba afiliado, como lo exige la ley, a una Administradora de Riesgos Profesionales (ARP), ésta deberá pagar un auxilio equivalente al sueldo del secuestrado hasta por dos años. Si el patrón no lo había afiliado debe él mismo asumir el pago.

La propuesta de ley tiene otro punto importante: le abre la posibilidad a un secuestrado de que si durante su cautiverio fue forzado a traspasar bienes o acciones a terceros pueda anular estas transacciones una vez quede en libertad. Esta norma busca poner fin a una práctica que se ha vuelto común en este tipo de delito, que es la de obligar al secuestrado a entregar bienes o partes de sociedades como pago a la guerrilla.

Para ser beneficiario de esta ley un fiscal o juez penal tiene que determinar que, en efecto, la persona de la familia que proveía el sustento del hogar ha sido secuestrada y no se trata de un autosecuestro para evadir obligaciones. Así mismo, quien abuse fraudulentamente de la ley tendría cárcel y multas muy altas.

Con todo y eso, siempre queda la posibilidad de que la ley se use para hacer trampa. Quienes la defienden sostienen que vale la pena el riesgo porque el posible perjuicio será siempre menor que el beneficio de proteger a las familias de las víctimas del horrendo delito.

De todos modos el secuestro es un tema especialmente difícil de regular. Para los críticos, darles beneficios a las familias puede ser una herramienta bien intencionada pero puede ser un cuchillo de doble filo que termine, perversamente, estimulando el secuestro. Si el secuestrador sabe que las familias de los secuestrados no están pasando penurias económicas puede llegar a chantajearlas con mayor saña, quitándoles incluso los auxilios que reciban por la ley. Los defensores de la ley argumentan que los secuestradores no pueden ser más crueles de lo que ya son y que las familias necesitan desesperadamente la solidaridad de la sociedad.

Son éstos últimos quienes creen que aun si pasa el proyecto de ley Clopatofksy, y aun con la última sentencia de la Corte, todavía hay muchos colombianos cuyas familias quedarían desprotegidas. El proyecto sólo incluye a los secuestrados y debería contemplar también a los desaparecidos forzosos. Tampoco cubre a los independientes. Además, aquellos que tienen contratos de trabajo de término fijo corren el riesgo de recibir auxilios por muy corto plazo antes de que la familia pueda conseguir nuevas fuentes de ingresos para sostenerse. Otros, como la Fundación Nueva Esperanza, proponen que la ley contemple créditos blandos para secuestrados que han quedado en la ruina después de pagar su rescate.

Puede que el proyecto en estudio necesite ampliar sus coberturas o blindarse mejor contra el fraude. Pero lo que sí es un avance definitivo es que se haya puesto el tema sobre el tapete al llevarlo en un proyecto al Congreso y por fin los colombianos empiecen a demostrar una solidaridad con los secuestrados que va más allá de la mera retórica.

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