¿Otro Foncolpuertos en ciernes?

En la gobernación de Chocó no tienen ni para un tinto. Llevan dos meses sin pagar salarios ni la seguridad social a los empleados. Tampoco ha alcanzado para pagarles a los pensionados, aunque varios viven sólo de su mesada. Cuentan monedas para poder cubrir los gastos mínimos de atención al público e incluso, hace un par de semanas, les cortaron la luz por no pago.

Semejante estrechez no se debe a la falta de ingresos. El departamento tiene recursos suficientes para cubrir sus obligaciones. Sin embargo, tiene sus cuentas embargadas por orden judicial, y unos pocos se están quedando con la plata chocoana. Los fallos de los jueces y de los tribunales han sido tan cuestionados, que la gente dice que en el departamento ya no tienen Palacio de Justicia sino Palacio de la Moneda.

Según información de la Secretaría de Hacienda, en Chocó ya hay acumulados 86 procesos que tienen embargados 27.000 millones de pesos. Los demandantes son profesores, ex funcionarios de la Gobernación, diputados y proveedores, entre otros, que aseguran que la Gobernación les debe dinero. No se esperaron a cobrar sus deudas, escalonadamente, como lo ha previsto la reestructuración financiera del departamento, según la Ley 550, sino que han descubierto que la vía judicial es más expedita.

Para el gobernador de Chocó, Julio Ibargüen, "la situación más aberrante es la de varios ex diputados, que armaron un carrusel en el que entre ellos mismos se reconocieron el pago de una sanción moratoria sobre sus cesantías". Por ley, esta es una gravosa sanción, pues obliga al pago de un día de salario por cada día de retraso en el pago de las cesantías.

Lo más preocupante es que la feria de las demandas no sólo afecta al gobierno chocoano. De acuerdo con el Ministerio de Hacienda, ya hay registros de esta modalidad de cobro en al menos seis municipios de este departamento, lo mismo que en el municipio de Tolú, en Sucre, y en los departamentos de Tolima y Bolívar. La suma de los recursos en pleito en estos otros lugares supera los 50.000 millones de pesos.

¿Pueden los jueces embargar estos recursos que, según conceptos del Ministerio de Hacienda y de la Procuraduría, son inembargables? La discusión jurídica es interminable. Pero ya más de uno se está preguntando si lo que hay detrás de esta ola de demandas es un contubernio entre demandantes, abogados, jueces y funcionarios, al mejor estilo del escándalo de Foncolpuertos, cuando un puñado de jueces ordenó pagar de forma ilegal millonarias pensiones e indemnizaciones a empleados de Puertos de Colombia.

Hay quienes consideran que estos recursos no se pueden embargar porque, por ejemplo, en el caso de Chocó, el departamento se encuentra bajo Ley 550. Esta es una situación excepcional que les permite a los gobiernos regionales en graves aprietos económicos, reestructurar sus deudas y establecer unas fechas de pago. Cuando se está en este proceso, se suspenden todos los cobros ejecutivos. La razón es simple. Si se ha llegado a un acuerdo con los acreedores de que mes a mes se les va ir abonando a su deuda y uno de ellos logra un cobro mayor vía judicial, no sólo afecta el flujo de caja de quien está pagando, sino que rompe el principio de igualdad que busca garantizar la ley.

En Chocó han embargado casi todo: sus ingresos corrientes cobijados bajo la Ley 550, y una buena porción de los que transfiere el gobierno central con destino exclusivo para educación, salud y agua. Los expertos coinciden en que es razonable que un juez embargue recursos de educación, para asegurar el pago de los maestros, o de salud para el personal del hospital. Pero son muchos otros en ese departamento los que están logrando congelar esos recursos públicos a su favor. Entre ellos están los ex diputados de los que hablaba el gobernador.

Las deudas que hoy les reconocen los tribunales por las cesantías nunca se incluyeron en los acuerdos de pago de la Ley 550, y, en cambio, sí figuraban otras de salarios. Ahora, siete años después, vienen a aparecer estas deudas que, acumuladas, se tornaron gigantescas. Por ejemplo, hubo suplentes a la Asamblea que por menos de un mes de trabajo tuvieron derecho a una cesantía de cerca de un millón de pesos. Como inexplicablemente no se pagaron, ahora los jueces les han reconocido pagos superiores a 500 millones de pesos. Hay casos en que por una deuda original de tres millones de pesos se han embargado recursos por 1.000 millones. Estos montos son desproporcionados, más para Chocó, que al mes tiene gastos de funcionamiento por 934 millones de pesos. Por cuenta de una deuda de un solo ex diputado, se va la plata de todo el mes de la subsistencia de decenas de personas.

SEMANA habló con uno de estos demandantes, Antún Mosquera, hoy subgerente administrativo del hospital departamental y a quien por cesantías se le deben cerca de cinco millones de pesos desde el año 2000 y por sanción moratoria tiene un proceso en contra del departamento por 537 millones de pesos. "No soy un delincuente, ni el opresor del departamento, al contrario", dice. Según él, es una compensación al pago que en su momento se le negó por razones políticas. "Yo me atengo a lo que dice la ley", concluye.

Aunque no especifica en qué caso, el gobernador Ibargüen asegura que tiene indicios de que se han utilizado documentos falsos y cobros dobles y aun así, los jueces ordenan su pago y hasta son ratificados en segunda instancia. Por las posibles faltas disciplinarias de los jueces puso varias quejas ante el Consejo Superior de la Judicatura. En este tribunal le dijeron a SEMANA que ya se tienen entre 60 y 70 quejas similares, no sólo del departamento, sino de varios municipios, pero que aún no hay decisiones. "Es un tema muy complejo y sensible, que se presta para muchas interpretaciones. La decisión que se tome va a tener muchas implicaciones, por eso lo estamos estudiando con calma", dijo a SEMANA el magistrado Rubén Sánchez, presidente del tribunal seccional en Quibdó.

Pero, además de los procesos disciplinarios, el gobernador demandó penalmente al juez primero laboral de esta ciudad, Francisco Antonio Mena, a quien señala de ser "socio criminal" de un ex diputado, para defraudar al departamento. Este proceso fue trasladado a Bogotá y fue asignado a un fiscal ante la Corte Suprema de Justicia, quien no se ha pronunciado.

SEMANA no logró contactar al juez Mena. En declaraciones a la prensa local ha dicho que "creemos que estamos obrando de acuerdo a la ley" y que los embargos se dan porque el departamento ha incumplido con los pagos.

Con el paso de los días, la situación se complica más, pues al no poder cumplir con los pagos por los embargos, el departamento queda expuesto a nuevas demandas que se acumulan. Es un círculo vicioso que en pocos meses puede llevarlo al colapso total. Para el gobernador Ibargüen, eso ya está sucediendo. "En Chocó los jueces son los ordenadores del gasto", dice. Por eso anuncia que va a cerrar la Gobernación. No es claro cuáles serían los alcances prácticos de una decisión tan insólita y desesperada.

"Mi convicción es que ha habido corrupción de parte de los jueces y espero que las autoridades aclaren lo que está pasando", afirma el gobernador Ibargüen. Acepta que de ser esto así, funcionarios de su despacho estarían involucrados. "No le saco disculpa a la responsabilidad que me caiga", dice, y no esconde las dudas que tiene sobre algunas actuaciones de su despacho jurídico.

Desgreño, mal manejo y robo de los recursos en lugares como Chocó son una constante histórica, que tiene unos efectos desastrosos sobre la población más pobre del país. Pero si además de lo de siempre, se demuestra que lo que está sucediendo es un 'negocio' turbio, con la complicidad de jueces, y que además se está poniendo de moda en muchos otros lugares del país, la cuestión merece una especial y rápida reacción de los entes de control. Es necesario separar lo que son legítimas demandas laborales, de lo que es fraudulento. El posible cierre de Chocó podría ser apenas el comienzo de la crisis…