Testigos contra Plazas generaban duda

Después de un año de discusiones, la Corte Suprema de Justicia le puso punto final a la novela judicial Plazas Vega. Declaró inocente al coronel (r) por la desaparición de civiles en el holocausto del Palacio de Justicia. Así lo dio a conocer el magistrado José Luis Barceló, presidente de la Sala Penal.

Según él, la Sala concluyó que los testimonios contra el oficial (r) eran dudosos y no permitían establecer con certeza que fuera responsable de la comisión de delitos. Además, aclaró que no se examinó la supuesta responsabilidad que, por cadena de mando, se le endilgaba a Plazas.

En su declaración el magistrado manifestó que los testimonios de los militares (r) Tirso Sáenz y Édgar  Villamizar Espinel no demostraban con absoluta claridad que el oficial (r) fuera partícipe de hechos punibles. Igual opinó en torno al testimonio de Yolanda Santodomingo.

Según el testimonio de Villamizar, Plazas había ordenado 'colgar' a personas que fueron interrogadas y torturadas en distintas guarniciones militares. Lo dijo ante la Fiscalía, pero años más tarde aseguró, sin poder probarlo, que había sido suplantado. Al final, se llevó el secreto a la tumba.

Sáenz, cabo (r) del Ejército, aseguró haber oído el testimonio de un compañero que dijo ser testigo de actos de tortura y ejecuciones extrajudiciales. En primera instancia, la misma juez que condenó a Plazas lo calificó como un testimonio de oídas, que no ofrecía ninguna certeza sobre lo acaecido.

Yolanda Santodomingo, joven estudiante que fue conducida a una unidad militar, en la que fue interrogada y torturada, también señaló a Plazas. Dijo haberlo visto en la casa del florero, donde supuestamente impartió directrices sobre los rehenes que eran liberados. Para la Corte, lo dicho por ella no prueba que el militar (r) sea culpable.

Y pese a que la Fiscalía, la juez Stella Jara y el Tribunal Superior de Bogotá establecieron que el lugar que ocupaba Plazas en la línea de mando lo hacía responsable, la Corte Suprema se apartó de ese análisis y se basó únicamente en pruebas directas, no las de contexto.

La respuesta de las víctimas

Jorge Molano y Germán Romero, abogados de las familias de los desaparecidos, dicen que preparan la presentación de una acción de revisión ante la propia Corte Suprema. No obstante, aseguran que se abstendrán de hacerlo ante los actuales magistrados, por considerar que responden a fines políticos y que no serán capaces de ofrecer garantías en derecho.

Para los juristas, es evidente que en este caso el órgano jurisdiccional estuvo más preocupado por facilitarle al Gobierno la aceptación de los acuerdos de La Habana (Cuba). Para ellos, es claro que el fallo está alineado con los intereses de los militares que puedan estar dudando en aceptar lo negociado en los diálogos de paz.

Igual opinión Alejandra Rodríguez, hija del administrador de la cafetería del Palacio, Carlos Augusto Rodríguez. Señaló que es evidente el grado de politización del tribunal, que desconoció lo dicho por la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre estos acontecimientos.

René Guarín, hermano de Cristina -cuyos restos fueron hallados recientemente-, dijo que los familiares sí darán ejemplo de respeto a las decisiones judiciales. Añadió que harán todo lo contrario a lo que, según él, hicieron los militares condenados y sus abogados a lo largo de todas estas actuaciones.

Sin embargo, queda también en él una sensación de desesperanza, de ver cómo la institucionalidad sigue vedándoles sus derechos a la Justicia y a la verdad.