PAÑOS DE AGUA TIBIA

A las 8:30 de la noche del pasado martes 20 de agosto cerca de 3.000 campesinos esperaban impacientemente en el Parque Santander de Mocoa. Después de 26 días de protestas la multitud aguardaba ansiosa la llegada del gobernador del Putumayo, Jorge Fuerbringer, y del coordinador de la comisión negociadora del paro, Luis Emiro Mosquera, con el fin de escuchar de ellos mismos los términos bajo los cuales se había puesto fin a la movilización más grande en la historia del departamento. Después de oír la breve explicación del mandatario seccional sobre el contenido del acuerdo firmado pocas horas antes en Orito por el gobierno y los cultivadores de coca, tomó la palabra Mosquera. En su intervención el vocero de los campesinos dio emocionado un parte de victoria con las siguientes palabras: "Nos hemos comprometido a un proceso de erradicación de cultivos en forma voluntaria. Esto deja claramente implícito que queda desechado cualquier mecanismo de presión o vía de fuerza para erradicar los cultivos ilícitos". Más o menos a la misma hora, por los distintos medios de comunicación, los funcionarios del gobierno daban su propia versión de los acuerdos. Para ellos lo más importante de todo era que, tal y como lo habían planteado desde el comienzo de las conversaciones, no se había negociado la erradicación. Es decir que, contrariamente a lo que estaban proclamando los campesinos, en ningún momento se habían comprometido a suspender los planes de fumigación en el Putumayo.
Las dos caras de la moneda
¿Cómo es posible que las dos partes en conflicto dieran una interpretación tan opuesta a los acuerdos pactados apenas unas horas antes? El documento, firmado por los representantes del gobierno y de los campesinos, lejos de despejar las dudas sobre el verdadero alcance de los compromisos deja abierta la posibilidad de las dos interpretaciones. Curiosamente, en las 39 páginas del acuerdo se habla de todo menos del tema de la erradicación forzosa de los cultivos ilícitos, que fue precisamente el que originó la movilización.Es decir que si bien, tal y como lo plantea el gobierno, no se afirma que se suspenderán los proyectos de fumigación, tampoco se dice que se mantendrán. En la introducción del documento lo único que aparece sobre los sistemas de erradicación es que "la sustitución y erradicación voluntaria de los pequeños cultivos ilícitos es viable a partir de un esfuerzo conjunto de campesinos, colonos, indígenas, el gobierno y la cooperación internacional". Esta redacción, que para los campesinos implica un compromiso tácito de que no habrá fumigación y que su departamento tendrá por fin la redención que tanto habían esperado, para las autoridades tiene un significado muy distinto. Según opinión del director nacional de estupefacientes, Joaquín Polo, y del director de la Policía Antinarcóticos, coronel Leonardo Gallego, "la fumigación no se negoció y mientras haya cultivos ilícitos habrá fumigación". En opinión de varios expertos en el problema de los cultivadores de coca el acuerdo de Orito hay que interpretarlo no tanto por lo que dice sino por lo que deja de decir, y lo que refleja el documento es la gran incoherencia que hay en el interior del gobierno sobre la forma como se debe manejar el problema. Para el investigador del Cinep Ricardo Vargas, "lo que hizo cada una de las partes fue comprar un cuarto de hora: el gobierno para detener el avance de las movilizaciones y los campesinos para recoger sus cosechas". Las diferentes posiciones que hay en el interior del gobierno se hicieron evidentes la semana pasada cuando, en una entrevista concedida al periódico El Tiempo, el comandante del Ejército, general Harold Bedoya, se quejó de que sobre los acuerdos "ni nos preguntaron ni nos consultaron". Uno de los funcionarios que participó en las negociaciones reconoció a SEMANA que efectivamente hay dos vertientes y que la diferencia principal radica en que, mientras para las Fuerzas Armadas y algunos funcionarios el problema es de orden público y la única solución posible es la erradicación intensiva, para otros la prioridad es buscarle una salida a los campesinos involucrados en los cultivos. Los distintos enfoques que existen dentro de las esferas gubernamentales no sólo quedaron plasmados en el documento sino que han debilitado efectivamente la posición negociadora de las autoridades.
En opinión de Darío Fajardo, director del Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas, "los campesinos han percibido las diferencias que hay en el gobierno y están sacandopartido de esa división".

La polemica
Aun si se dejara de lado el problema de la interpretación sobre lo pactado en materia de fumigación, para algunos el acuerdo de Orito dista mucho de ser una solución para los cultivadores. Según el documento firmado, los campesinos se comprometen a erradicar voluntariamente los cultivos si el gobierno cumple con un plan detallado de inversiones y programas en la zona, el cual abarca prácticamente todas las aspiraciones que los 140.000 habitantes de Putumayo han reclamado durante los últimos 20 años. Estos compromisos incluyen planes de desarrollo agropecuario, financiación, empleo, electrificación, construcción de vías y aeropuertos, programas de salud, saneamiento ambiental, educación y vivienda. En materia de educación, por ejemplo, se convino por parte del Ministerio de Educación Nacional asumir el pago de 20 maestros por cada uno de los nueve municipios que hacen parte del conflicto. Esto significa que para cumplir con lo pactado el Ministerio deberá incorporar a su nómina 180 maestros adicionales antes de que empiece el nuevo año escolar el próximo 9 de septiembre.
Otro de los puntos neurálgicos del acuerdo es el reconocimiento que se hace del "pequeño cultivador involucrado en procesos de sustitución y erradicación voluntaria" como interlocutor válido del gobierno. Mientras para el Ejecutivo este reconocimiento es un logro que permite diferenciar al campesino de las demás personas involucradas en la cadena del narcotráfico, para el Ejército elevar a los organizadores del paro a la categoría de negociadores es un exabrupto. Según palabras del propio general Bedoya, "en el documento son igualados los líderes del paro con el gobierno. Hablan de negociaciones cuando es algo muy difícil de hacer con esa gente porque estamos hablando de narcotraficantes".
La situación jurídica de las personas que promovieron la movilización es otro de los aspectos polémicos del pacto. En el acuerdo el gobierno se comprometió a que no se iniciaría ningún tipo de acción judicial contra los participantes en el paro. Para el general Bedoya esto también es claramente inconveniente: "Allí había presencia de personajes muy raros con vínculos con los grupos subversivos", afirmó. Un claro ejemplo de esta divergencia de opiniones sobre el estatus que deberían tener los negociadores se presentó cuando la XII Brigada del Ejército señaló a Luis Emiro Mosquera, coordinador departamental del paro, como presunto miembro del Frente 32 de las Farc y lo acusó de promover la movilización de acuerdo con los intereses de esa agrupación subversiva. A algunos de los negociadores del gobierno les preocupa también la escasa efectividad que representa ejercer la presión exclusivamente sobre los cultivadores. En opinión de uno de estos funcionarios, "la cacería hay que intensificarla ante todo sobre los intermediarios. Son ellos los que se llevan la mayor parte de la ganancia y además son quienes manejan los contactos con los grandes capos. La mayoría de los campesinos les deben los anticipos que les han hecho sobre el valor de sus cosechas y por tanto son esclavos de ellos".
Ni fú, ni fá
Todos estos aspectos llevan a concluir que el acuerdo del Putumayo, más que desmontar una bomba de tiempo lo que hizo fue aplazar la explosión. Como un alto funcionario del gobierno que participó en las negociaciones dijo a SEMANA: "Es cierto que el acuerdo es frágil y los compromisos que quedan por delante son mucho más importantes que lo que se firmó. Pero ese es el reto que tenemos. El gobierno tiene que demostrar que es capaz de cumplir lo que prometió". Los mayores obstáculos que enfrentan las autoridades para ejecutar el pacto son las diferentes interpretaciones que hay del mismo. Según una fuente de la Policía Antinarcóticos, "no hemos recibido ninguna orden de no fumigar en el Putumayo y cuando sea necesario lo haremos". Sin embargo una fumigación en esta zona, según lo expresaron los mismos voceros del paro, prendería de nuevo la mecha. Uno de ellos comenta que"aunque el documento no lo dice, nosotros entendemos que hay un acuerdo tácito para que no haya fumigación. Si la hacen esto vuelve a estallar". Tal como lo está demostrando la intensificación del conflicto en las otras zonas de movilización, el acuerdo de Orito sólo fue un baldado de agua en medio de un gran incendio. Aunque los negociadores lograron su objetivo inmediato de desmontar la manifestación, el gobierno quedó prácticamente amarrado para firmar acuerdos similares con los cultivadores de Caquetá, Guaviare y Meta. Las condiciones en que se resolvió la crisis del Putumayo fueron tan favorables para los coqueros que, según un funcionario de la gobernación, "ahora es muy posible que terminemos invadidos por cultivadores de otros departamentos que ven aquí la posibilidad de una minibonanza por cuenta de que ya se acabó la presión sobre la zona y además no se va a fumigar". Independientemente de las interpretaciones que se hagan de los acuerdos, lo que es claro es que las fumigaciones tienen que intensificarse.
Colombia se comprometió con Estados Unidos a cumplir la meta de erradicación de 28.000 hectáreas de cultivos ilícitos este año para evitar que las consecuencias de la descertificación lleguen al terreno económico, y hasta ahora han sido erradicadas 12.000. Aunque el gobierno norteamericano reconoce que han surgido obstáculos insalvables para el cumplimiento de esos compromisos, como el mal tiempo, según comentó un funcionario del Departamento de Estado a SEMANA, "lo que nos molesta es que la meta no la impusimos nosotros. Fue el gobierno colombiano el que se comprometió con ese objetivo y una vez más nos va a incumplir". Aunque para muchos esta actitud de los estadounidenses resulte antipática, sobre todo teniendo en cuenta el elevado incremento del consumo en Estados Unidos (ver artículo siguiente), lo cierto es que Colombia depende del concepto de Washington sobre la efectividad de su política antinarcóticos para evitar la aplicación de sanciones económicas. Es por esto que creer que con un acuerdo firmado para detener una movilización campesina se puede lograr la suspensión del programa de fumigación es ilusorio.
En el acuerdo se habla de todo menos de la fumigación de los cultivos, que fue el origen de la movilización.