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| 9/5/2004 12:00:00 AM

Para - salud

Un operativo terminó el desvío de millonarios recursos de la salud a las arcas de los paramilitares en La Guajira.

A las 5 de la mañana del jueves de la semana pasada un grupo de investigadores de la Dirección Central de Policía Judicial -Dijin- llegó hasta una de las casas del barrio 15 de Mayo en Riohacha, Guajira. Después de golpear insistentemente la puerta, un hombre somnoliento abrió la puerta. Los uniformados le indicaron que había una orden de arresto en su contra y que debía acompañarlos. El detenido era nada más y nada menos que el alcalde de la ciudad, Wilder Antonio Ríos Rojas.

En acciones simultáneas, otros grupos arrestaron en sus residencias al secretario de Hacienda, a la jefe de la oficina de descentralización de salud municipal y a otras 11 personas, entre funcionarios del municipio y particulares. Todos están acusados de desviar recursos de la salud para las arcas de los paramilitares.

La investigación que hoy tiene tras las rejas a la plana mayor de los funcionarios municipales de Riohacha comenzó a finales de abril. Durante un consejo comunitario con el presidente Álvaro Uribe, representantes de los indígenas wayuu denunciaron que en La Guajira estaban ocurriendo irregularidades en la prestación del sistema de salud y que el dinero terminaba en manos de los grupos de autodefensa de la región. Por esos días, el mandatario había recibido denuncias similares en otras zonas del país según las cuales los dineros que el Estado gira a las Administradoras de Régimen Subsidiado -ARS-, encargadas de prestar servicios de salud a los más pobres, terminan en manos de los paramilitares y de los corruptos.

Tras escuchar estas denuncias, un grupo de 20 investigadores de la Dijin, acompañados por fiscales y representantes del Ministerio de Protección Social, entre otros, empezaron a escudriñar para saber qué era lo que estaba pasando en La Guajira. Después de cuatro meses de pesquisas descubrieron que por recomendación de los paramilitares de la zona, la alcaldía de Riohacha había contratado a la Asociación de Indígenas del Cauca -AIC- para que administrara gran parte de los recursos de la salud subsidiada que Riohacha recibe, cerca de 3.000 millones de pesos al año. Paralelamente, la alcaldía ordenó el traslado de 16.000 indígenas a la AIC, afirmando que las siete ARS que los venían atendiendo habían incurrido en supuestas irregularidades a la hora de su afiliación. Las pruebas documentales, testimoniales y decenas de horas de grabaciones telefónicas dejaron en evidencia que ese argumento no sólo era falso sino que los paramilitares del Bloque Norte de las AUC fueron quienes 'ordenaron' que el municipio contratara a la AIC. Por conseguir ese contrato, los paramilitares recibieron una comisión por lado y lado. La AIC les pagó 148 millones de pesos. Y las autodefensas obtuvieron de la alcaldía 7.000 pesos por cada uno de los afiliados trasladados.

El 'negocio' con ésta y con otras ARS de la Costa Atlántica fue coordinado por Rodrigo Tovar Pupo, alias 'Jorge Cuarenta', segundo al mando del Bloque Norte. Para concretar los términos de los acuerdos y los montos por pagar, los paras comisionaron a Luz Dary de Jesús Castrillón. Según las investigaciones, ella, usando el alias de 'La Tía', fue la encargada de concretar el negocio con la alcaldía de Riohacha y efectuó acuerdos similares con otras ARS a las que los paramilitares les exigían un porcentaje de los recursos que recibían del Estado. El desmantelamiento de la red que operaba en Riohacha es el primero de 63 casos en todo el país a los que la Dijin, la Fiscalía, el Ministerio de Protección Social y la Superintendencia de Salud tienen en la mira por participar en desvíos de recursos de la salud que pueden llegar al billón de pesos.

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