Paraíso sitiado

En la Sierra Nevada de Santa Marta existe un cerro donde los indios hacen pagamentos al dios de la guerra para tratar de aplacarlo. Pero pese a que cada vez le ofrendan más pensamientos de frutas y conchas de mar la sangre sigue corriendo por su territorio. Es un dios insaciable.

La disputa entre la guerrilla y los paramilitares por el control del macizo costero más alto del mundo tiene sitiados a los habitantes de la Sierra. Su situación es tan dramática que el defensor del Pueblo, Eduardo Cifuentes, ha dicho que las masacres, los retenes ilegales, los bloqueos y el desplazamiento forzado están provocando un verdadero genocidio.

Los indígenas de la Sierra Nevada y de la Serranía de Perijá hace rato que dejaron de llevar una vida normal. Caminar libremente, rezar, comer una dieta corriente, visitar a los familiares, vender los productos, ir al médico, actividades normales todavía para la mayoría de los colombianos, se han convertido en un recuerdo del pasado para koguis, arhuacos, wiwas, kankuamos y yukpas de ese paraíso perdido.

Desde hace más de dos años las autodefensas, en un esfuerzo por derrotar a las Farc y al ELN, asentados allí desde hace casi dos décadas, han ido cercando el territorio hasta tal punto que hoy la población de la Sierra Nevada de Santa Marta está totalmente acorralada.

Por el norte, las autodefensas de Hernán Giraldo controlan la vía de acceso por la Troncal del Caribe. Y por Valledupar están los retenes ilegales de las AUC de Carlos Castaño. Según pudo confirmar SEMANA con habitantes de la zona y autoridades, el primer retén de las últimas está a tres kilómetros de la cárcel de máxima seguridad de Valledupar y a cinco kilómetros del Batallón de la Popa, del Ejército, sobre la carretera que conduce a la Mesa.

Dos o tres paramilitares vestidos de civil, pero armados y con radio, ejercen el primer control: interceptan todo carro que sube por allí. A medida que se adentra la carretera en la Sierra hay otros ocho retenes con hombres uniformados de las AUC en un tramo de 15 kilómetros.

La presencia de los paramilitares en este sector es abierta y conocida por todos. El 'comandante 39', jefe de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu) en esa zona, cita con frecuencia a las autoridades civiles del Cesar a que suban a El Mamón o a la Mesa a entrevistarse con él. Y hace poco acudieron a regañadientes los comerciantes de Valledupar para notificarse de la extorsión que decidió imponerles este grupo.

Todo el que pase por estos retenes tiene que identificarse frente al paramilitar de turno y rogar a Dios para que su nombre no aparezca listado. Si aparece por alguna razón, que nunca es obvia, la persona es capturada en el instante.

A los que tienen suerte los amarran a un árbol y les disparan cerca del oído para que informen dónde está la guerrilla o delaten a sus auxiliares. A otros simplemente los desaparecen o los matan. Se calcula que en los últimos cuatro años en las carreteras de la Sierra más de 300 personas han sido asesinadas. Sólo en 2000 hubo 1.012 homicidios en toda la Sierra.

Desde estos retenes se controla la circulación de la gente pero su verdadero objetivo es bloquear la entrada de víveres para que no lleguen a la guerrilla. Por ejemplo, actualmente no dejan entrar alimentos a Sabana Crespo y Atanquez. Marocaso, Peña de los Indios y Pueblo Bello, entre otras poblaciones, los tienen severamente restringidos. En la zona oriental, donde viven unos 5.000 indígenas, la tienda comunitaria de Nabusimaque, que abastecía a todos los caseríos del sector, está totalmente vacía.

La indiferencia del Ejército frente a estos retenes, que se realizan a plena luz del día y a menos de 10 minutos del batallón, es vista por la gente de la zona como una muestra más de una alianza tácita entre la Fuerza Pública y los hombres de Castaño.

SEMANA pudo establecer por varias fuentes independientes que el comandante militar de la zona pidió los listados censales de los cabildos y calculó el monto máximo de alimentos que puede comprar cada familia en la tienda comunitaria. Todas las semanas el Ejército permite subir dos camiones con alimentos a la tienda de Pueblo Bello, que abastece a los campesinos e indígenas de esta región. En promedio, una familia puede hacer un mercado de máximo 40.000 pesos. Las denuncias señalan que los paras sólo dejan pasar los mercados cuya factura cuenta con el visto bueno del Ejército.

Los paramilitares creen que dejándolos sin raciones estrangularán a las Farc y al ELN. Pero los guerrilleros, en respuesta, llevan meses robando el ganado y las cosechas de plátano y yuca con las que los indígenas completaban su dieta. O sea que éstos están sitiados por punta y punta. "Nos vamos a morir de hambre", dice un kogui, con esa actitud de tranquilidad que caracteriza a su etnia.

La salida de las escasas cosechas que todavía producen también está bloqueada. Los paramilitares designaron unos comerciantes, que son los únicos que pueden comprar el producto y que, aprovechando el monopolio con el que cuentan, fijan un precio irrisorio. Encima de esto les cobran una extorsión de 50 a 100 pesos por kilo de café que sale de la Sierra.

La misma restricción pesa sobre los medicamentos. No dejan subir a los equipos médicos a las veredas porque sospechan que podrían auxiliar a guerrilleros. Por ello, para vacunar a los niños ahora las familias tienen que desplazarse a Pueblo Bello, San Juan del César o Valledupar, a veces a más de siete horas a pie.

Por miedo a que caigan en manos guerrilleras el Ejército no deja pasar los cilindros de gas que enfrían las neveras donde se conservan las vacunas. Esta situación es muy grave en la Sierra, donde son endémicas enfermedades como malaria, fiebre amarilla, sarampión y tuberculosis.

Lo peor es que las Farc también atentan contra la misión médica. Debido a que un enfermero adelantó recientemente una brigada de salud en San Pedro de la Sierra y Mamarongo sin consultar previamente con la guerrilla, ésta le impuso una multa de 300.000 pesos, que la comunidad pagó con una de las pocas vacas que todavía no les habían robado.

La estrategia

La Sierra Nevada de Santa Marta, junto con los Montes de María, son las dos zonas que por sus características geográficas y su ubicación estratégica son clave para los actores armados y aún están en disputa en el norte del país. La Sierra abastece de agua los 13 municipios y las industrias agroexportadoras de las zonas planas de la Costa Atlántica. Su proximidad al mar facilita el contrabando, el aprovisionamiento de armas y de munición y el narcotráfico. Además es un corredor estratégico que se extiende desde la frontera con Venezuela hasta la región de Urabá y que incluye regiones del Cesar y la Ciénaga Grande de Santa Marta como corredor hacia la región de Córdoba. Varios macroproyectos también están programados en esa región. Uno de los más importantes es la construcción de una represa en la región de Besotes, en San Juan del Cesar, dentro del territorio sagrado de los indígenas.

Por todo lo anterior la lucha por esta zona es a sangre y fuego y la comunidad ha apelado a las autoridades por protección. Entre el 28 de septiembre y el 4 de octubre una comisión humanitaria, integrada por la Vicepresidencia de la República, el Ministerio del Interior, la Defensoría, la Procuraduría, la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y ONG acudieron a la zona a escuchar las quejas de la población. Su informe final es escalofriante.

Los indígenas wiwa denunciaron, por ejemplo, que el 31 de agosto un destacamento del Ejército, haciéndose pasar como grupo paramilitar, asesinó y descuartizó en la comunidad de El Limón a 12 personas, a quienes también les quemaron sus viviendas. Dijeron también que posteriormente los agresores bajaron por La Laguna y quemaron cuatro viviendas más; indicaron que al llegar al Puente de Marocaso asesinaron a dos wiwa y un campesino. Además que les destruyeron el colegio, una tienda comunitaria y el comedor infantil. En San Juan del Cesar, en La Guajira, a cuatro horas de Valledupar, en Sabana de Manuela y Caracolí, según el informe, los militares ordenaron el desalojo de la zona bajo amenaza de asesinar a los que se quedaran, con lo que desplazaron a más de 1.000 personas.

La población denunció también que en el sitio de El Limón aterrizaron en dos ocasiones helicópteros del Ejército, cuyos ocupantes pintaron consignas alusivas a las AUC en las paredes del colegio y les robaron, para consumo de la tropa, su ganado, animales domésticos y alimentos.

Los indígenas fueron igualmente críticos de las Farc. Denunciaron que la guerrilla tiene sitiado el resguardo arhuaco al controlar un corredor que va desde la cuenca del río Fundación hasta la del río Guatapurí. Dijeron que la guerrilla les impide sus reuniones colectivas, recluta a los jóvenes, adoctrina a las comunidades en lengua arhuaca a través de su emisora radial la Voz del Caribe, esconde secuestrados y amenaza a los mamos, que son las máximas autoridades espirituales indígenas.

Algunos comandantes de las Farc han sembrado el rumor de que a ellos les va bien porque están respaldadas por los mamos de la Sierra. Los arhuacos atribuyen a estas afirmaciones que soldados del Ejército, hace unas semanas, hayan desnudado y colgado de los pies a un mamo, a quien trataron de obligar a planazos de machete a que identificara a los guerrilleros que andan por la zona wiwa. Allí y en la zona arhuaca con frecuencia la Fuerza Pública les decomisa el bunqueca, que los mamos usan para adivinar y hacer sus pagamentos.

Estas agresiones, que son sobre todo simbólicas, son las que más preocupan a la comunidad indígena de la Sierra, cuya fuerza reside en su trabajo espiritual. Es que cuando un arhuaco o un kogui es desplazado no sólo se ve obligado a romper con todos sus afectos y sus bienes sino a romper con la razón de ser de su vida. Cuando un niño nace el mamo adivina qué va a hacer en la tierra y como forma de asegurar su pertenencia a la Sierra siembra la placenta en un lugar específico. Para ellos desplazarse significa traicionar su misión original.

Por eso los efectos de la guerra en este lugar, declarado por la Unesco como Patrimonio de la Humanidad, son mucho más profundos de lo que puede percibir el ojo del blanco. En su cosmogonía los indígenas conciben a la Sierra como el corazón del mundo. Su responsabilidad es mantener su equilibrio y, desde allí, el del resto del planeta. Para ellos derramar sangre en la tierra es una tragedia. Porque saben que la mancha que queda no se puede borrar.