Consejo Superior pide declarar ilegal el paro judicial

Hasta el copete están los magistrados del Consejo Superior de la Judicatura con el cese de actividades que durante casi dos meses han protagonizado servidores de los juzgados civiles y de familia. Por eso interpusieron una demanda que busca que sea la justicia la que obligue a los huelgistas a reestablecer el servicio.

La corporación judicial interpuso una demanda ante la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá, que busca que se declare ilegal el paro de ese sector de la justicia, que tiene detenidos unos 65.000 procesos, por cuenta de la protesta que se mantiene en Bogotá.

El conflicto se explica por la resistencia que generó un cambio en el modelo de atención para los usuarios en procesos civiles y de familia. Los servidores de esa especialidad no estaban de acuerdo con la intención de la Sala Administrativa de concentrar las labores de notificadores, sustanciadores y demás colaboradores administrativos en centros de servicio.

Eran partidarios de mantener el esquema actual, donde cada juzgado se ocupa del personal que cumple todas estas actividades en el despacho, no en un una oficina ajena al juez, como la que se pretende instaurar ahora.

La Rama Judicial, asistida por el Gobierno, y la Defensoría del Pueblo han ensayado diferentes fórmulas. La verdad es que en su intento por procurar el retorno a sus puestos de trabajo de los servidores de esa especialidad que persisten en la protesta, el Consejo Superior de la Judicatura lo ha probado casi todo.

Primero, propusieron el aplazamiento de la entrada en vigencia del nuevo modelo. Aunque Asonal Judicial y Asojudiciales lo aceptaron y lograron convencer a sus asociados de reincorporarse, los juzgados de Bogotá se opusieron y siguieron en paro.

A través del sindicato El Vocero Judicial, liderado por Orlando Chinchilla, mantuvieron el cese de actividades aduciendo que no volverían a restablecer la atención mientras no se derogaran los acuerdos que modificaban el esquema de atención.

Recientemente, el Consejo Superior entregó una nueva concesión. Decidió cambiar el aplazamiento por la suspensión, dejando sin efecto jurídico alguno ese nuevo modelo durante dos meses. Sus integrantes estaban convencidos de que harían cambiar de opinión a los huelguistas.

Los magistrados de la Sala Administrativa del Consejo Superior imaginaron que conseguirían levantar el paro. Pero este viernes los despachos judiciales amanecieron como casi todos los días en el 2016: cerrados.

Por eso, acudieron al Tribunal Superior de Bogotá, anhelando que se declare ilegal la protesta, lo que, de concretarse, no solo generaría la reapertura inmediata de los juzgados sino que podría afectar la continuidad de quienes se sumaron al cese de actividades.

La cosa no para ahí. Para tratar de frenar el impacto negativo de la suspensión de los procesos, se habilitaron los supercades de Suba, Bosa y las Américas, para que los usuarios tramiten requerimientos en casos de familia.

Además, se mantuvo la determinación de no pagar sueldos a quienes no han asistido a sus puestos de trabajo. Los magistrados del Consejo Superior de la Judicatura esperan que los huelguistas, esta vez, sí se sientan persuadidos.