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| 2/22/2020 2:14:00 PM

Confrontación entre campesinos y Ejército en parque natural Los Picachos, Meta

En el Parque Nacional Natural Cordillera de Los Picachos del municipio La Macarena, los ánimos están caldeados desde hace dos días por operativos del Ejército para prevenir una supuesta invasión.

Parque Cordillera Los Picachos: campesinos se enfrentan al Ejército Las áreas protegidas están siendo seriamente afectadas por la deforestación.

La situación en el Parque Nacional Natural Cordillera de Los Picachos del municipio La Macarena, frontera entre Meta y Caquetá, pasó de castaño oscuro este sábado tras un nuevo enfrentamiento de campesinos de las veredas Picachos y Tinigua con miembros de la fuerza pública, que aseguran cumplir con órdenes de desalojo.

La Corporación para el Fomento del Ecoturismo Comunitario en el Área de Manejo Especial de La Macarena y la Orinoquia Colombiana (Ecoamen) emitió un comunicado en el cual denuncia que el Ejército utilizó seis helicópteros para "atacar a la población civil" con gases lacrimógenos.

"Es inadmisible que se capturen presidentes de juntas de acción comunal, mujeres y niños utilizando helicópteros artillados y al Ejército Nacional a nombre de la conservación. Las comunidades han mostrado históricamente voluntad de diálogo y concertación para solucionar los conflictos que aquejan a los ecosistemas de esta región del país", dice el comunicado. Además, Ecoamen asegura que estas acciones han dejado varios heridos.

Hasta el momento, no hay pronunciamiento del Ejército sobre estos hechos.

En videos aficionados se evidencia la tensión en la zona, donde militares le piden a la comunidad que se retire del lugar. Los campesinos increpan a los soldados y se presenta un forcejeo. Posteriormente, son lanzados gases lacrimógenos desde los helicópteros. Los habitantes de la zona llevan concentrados dos días en este lugar. 

Este es un nuevo episodio en las confrontaciones que se presentan en el desarrollo de acciones militares que se realizan como parte de la Operación Artemisa.

Según César Jerez, líder de San Vicente del Caguán, desde enero la región se encuentra militarizada y los campesinos afrontan una situación de miedo por el constante acoso al que "son sometidos por miembros de las Fuerzas Armadas".

Según la Asociación Campesina Ambiental del Losada-Guayabero (ASCAL-G), desde el pasado 18 de febrero se registra un inusual incremento en el número de tropas del Ejercito Nacional en las carreteras que comunican a San Vicente del Cagúan con la inspección de San Juan de Losada y las veredas El Rubí y Puerto Losada, entre otras.

A través de un comunicado, los habitantes de la región indicaron que el pasado jueves, 20 de febrero, se presentaron combates en la vereda El Rubí (dentro del caserío), que dejaron como resultado algunos militares muertos y heridos y casas de habitantes de la vereda quedaron en medio del fuego cruzado generando zozobra y arriesgando la integridad de las comunidades campesinas aledañas.

Habitantes víctimas del conflicto

Según Jerez, en esta región habitan personas que incluso estaban en esta zona antes de que se declararan las áreas protegidas. "En la región habita población que históricamente ha sido víctima del conflicto armado y que hoy, además, es victimizada por vivir dentro de áreas que el Estado ha delimitado como protegidas, sin tener en cuenta las razones históricas que llevaron a estas comunidades campesinas a asentarse allí ni tampoco las estrategias de conservación que organizaciones como Ascal-G han emprendido durante años para la conservación autónoma de esos ecosistemas", asegura la Ascal-G.

Para los representantes de los campesinos, la sola presencia del Ejército pone en inminente riesgo a los habitantes de la región, pues como ocurrió con lo acaecido en la vereda El Rubí, la posibilidad de enfrentamientos con otros actores armados en la zona es muy alta.

"Si lo que pretenden las entidades es replicar ejercicios lesivos de los derechos humanos como los que han ocurrido en otros “operativos antideforestación”, esto incrementará el nivel de tensión que ya existe en la región y no tendrá mayores efectos en la conservación de los bosques ni de los Parques Nacionales Naturales". 

De acuerdo con Jerez, en el operativo realizado el pasado jueves, el Ejécito retuvo a cinco personas, entre ellas dos mujeres, dos hombres y un menor de edad, violándoles sus derechos. Dice que desde que el gobierno implementó la Operación Artemisa se han desarrollado unos seis operativos y en todos se han registrado detenciones ilegales de pobladores de la región.

Manifiesta que esta situación está generando nuevos desplazamientos, porque se está tratando a los campesinos por la fuerza en cambio de recurrir al diálogo. Para Jerez, es imperante que se establezcan mesas de concertación que permitan encontrar salidas a la problemática que se presenta en la región. 

Por su parte, ASCAL-G pide que se respeten la vida y los derechos de las comunidades, que cesen las presiones de los militares contra los habitantes de las llamadas áreas protegidas y sus zonas colindantes, dado que esto no soluciona los problemas de fondo que están detrás de la deforestación.

Considera que es urgente que se reactiven las mesas nacional y regional de concertación entre habitantes de las áreas protegidas y las instituciones del sistema nacional ambiental de las áreas protegidas.

A las voces de rechazo también se unió la corporación Reiniciar (corporación para el fomento del ecoturismo comunitario en el área de manejo de la Macarena y la Orinoquía), quienes condenaron la “agresión violenta por parte del Estado contra los campesinos que habitan parques Tinigua y cordillera de Picachos”, dice el comunicado.

Así mismo, la Comisión Colombiana de Juristas se pronunció al respecto. En un comunicado firmado por varias organizaciones, denuncian ante la comunidad nacional e internacional los nuevos hechos de atropellos y hostigamientos por parte de la fuerza pública y de las autoridades judiciales en contra de las comunidades campesinas que han habitado históricamente los parques nacionales y las zonas de interés ecológico.

De la misma manera, Anzorc-Zrc se unió a las voces de denuncia y rechazo frente a la situación que se vive en PNN de Tinigua y Picachos.

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