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| 10/31/2004 12:00:00 AM

Pasado imperfecto

Algunos jefes de las autodefensas son ex militares que cometieron crímenes estando activos y están condenados por la justicia. ¿Serán indultados?

Esta semana el alto comisionado de Paz, Luis Carlos Restrepo, anunciará el cronograma de desmovilización de las autodefensas del margen del río Sinú, que no será el 3 de noviembre, como dijeron los medios, sino en las semanas posteriores.

"Yo no sé por qué los medios y, de pronto, algunas personas imaginativas creen que el 3 de noviembre se va a desmovilizar una cantidad de gente. No, lo que se inicia es un proceso, aclaró Restrepo en una rueda de prensa el jueves pasado. Esperemos hasta el 3 porque todavía estamos ajustando detalles".

Uno de los 'detalles' más difíciles de ajustar es el tratamiento penal para los ex militares que hoy están en las filas de las autodefensas. Hace tres años, Carlos Castaño dijo a SEMANA que había más de 1.000 ex soldados y ex policías, incluidos 35 ex oficiales y 100 ex suboficiales.

Según fuentes de las autodefensas, además de los cientos de ex soldados, hoy 20 ex oficiales del Ejército, entre mayores, capitanes y tenientes, hacen parte del Bloque Norte en Córdoba, Sucre y Cesar, bajo el mando de Salvatore Mancuso. Y 25 ex oficiales de la Policía, incluyendo un teniente coronel, están con las autodefensas de Martín Llanos en el Meta y con el Bloque Centauros en Casanare. La mayoría de estos ex oficialesincurrieron en el delito de abandono del servicio, ya que huyeron de las Fuerzas Armadas con sus fusiles, incurriendo en un delito con fuero militar.

Otros ex militares, hoy en las AUC, como el ex mayor David Hernández Rojas y el ex capitán Diego Fernando Fino Rodríguez, fueron condenados por la justicia ordinaria por crímenes cometidos mientras servían en las Fuerzas Militares. Ambos fueron condenados por el asesinato del comisionado de Paz de Antioquia y ex viceministro de la Juventud, Álex Lopera, y de otras dos personas en 1999. Un tribunal de Rionegro, Antioquia, los condenó en ausencia por homicidio agravado y los sentenció a 50 años de prisión. Ambos huyeron de la guarnición militar donde estaban detenidos y se incorporaron a las autodefensas.

El ex mayor Hernández se convirtió en el temido 'Comandante 39', jefe del frente Mártires del Valle de Upar. Bajo el mando de 'Jorge 40', uno de los negociadores de Ralito, '39' tenía gran influencia sobre la vida cotidiana y política de Valledupar. Cobraba una 'vacuna' a cada puesto de la plaza de mercado, a los vendedores de la Galería Popular, un centro comercial popular en la calle del Cesar, a cada bus que entra o sale de la terminal de transportes, a los expendedores de gasolina y a los ganaderos, quienes tenían que pagarle una suma por cada res.

Además, Hernández citaba en 'La Mesa', una estación de El Mamón, a pocos kilómetros de la cárcel de máxima seguridad de Valledupar y de la guarnición militar, a políticos del Cesar para concertar con ellos la asignación de recursos públicos. Su poder, sin embargo, llegó a su fin la semana pasada, cuando fue muerto en un enfrentamiento con tropas del Ejército, en la zona rural de Valledupar.

El otro ex oficial que había sido condenado con Hernández, Diego Fernando Fino, ahora comanda las Autodefensas del Catatumbo con el alias de 'Camilo'. Su desmovilización, que sería la primera en anunciarse la próxima semana, plantea un grave dilema acerca de si podrá o no ser indultado.

¿Cómo será juzgado Fino?

El caso de Fino, así como el de los otros oficiales y suboficiales que ingresaron a las autodefensas para evadir la justicia, es complicado porque sus crímenes no son indultables. Según la ley, los homicidios fuera de combate son considerados delitos atroces y por lo tanto no son perdonables. Pero si lo fueran, la jurisprudencia colombiana ha sido clara en definir que un indulto o una amnistía sólo cobija aquellos delitos cometidos en conexión con la negociación. Es decir que si un guerrillero, por ejemplo, está condenado por el delito de inasistencia alimentaria, tendrá que responder por eso, así se le indulte la rebelión. Igualmente, a un paramilitar que se desmovilice en el contexto de una negociación con las AUC se le podrá perdonar el concierto para delinquir, cometido mientras pertenecía a las autodefensas, pero no por los crímenes que cometió cuando era policía o militar, como serían los casos de Fino y de los otros 45 ex oficiales.

Esta pregunta por los delitos de los ex oficiales se suma entonces a las otras que tendrá que resolver el gobierno antes de la desmovilización masiva: ¿con qué marco jurídico serán juzgados los negociadores de Ralito, Mancuso y Báez, que supuestamente también se desmovilizarán en las próximas semanas? ¿Qué harán los combatientes rasos una vez dejen las armas? ¿Qué se perdonará, a quién y a cambio de qué?

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