Los cinco de la justicia transicional

La justicia transicional despierta odios y amores y por eso tiene adeptos y detractores. Pero unos y otros coinciden en que lo bueno o malo que pase en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) pactada en La Habana, y actualmente discutida en el Congreso, dependerá en buena medida de los jueces que la ejecuten. Tienen que ser solventes, transparentes y dar confianza a las partes y la sociedad. Por eso en el acuerdo de paz se decidió, para escoger esos magistrados, crear un comité independiente de las partes, con miembros postulados por cinco entidades nacionales e internacionales de alta credibilidad.

La responsabilidad de estas cinco personas es de marca mayor. Tendrán que elegir a 42 magistrados del Tribunal para la Paz y todas sus secciones, así como a los diez abogados extranjeros que actuarán como expertos consultores. Así mismo, definir los integrantes de la Unidad de Investigación del tribunal, que hace las veces de fiscalía, y la Secretaría Ejecutiva del mismo. Como si fuera poco, elegirá a los 11 miembros de la Comisión de la Verdad y a su presidente. También a quien dirija la unidad de búsqueda de personas desaparecidas. En resumen, este comité tiene que escoger a más de 100 personas cuya tarea será cerrar con el hilo de la verdad y la reparación la sangrante herida que ha dejado una guerra de medio siglo en Colombia. Vale la pena recordar que para elegir cualquiera de estos funcionarios se necesitan cuatro de los cinco votos del comité.

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Las personas de ese comité ya fueron seleccionadas. Tres son juristas extranjeros, veteranos y de gran prestigio. Todos ellos han trasegado por el mundo de los derechos humanos, pero han derivado así mismo en la justicia transicional por diferentes caminos.

La ONU nominó al peruano Diego García-Sayán. Jurista y político, de 66 años, fue ministro de Justicia y de Relaciones Exteriores de su país. Desde esa posición logró que Perú adhiriera a la Corte Penal Internacional. Durante más de una década fue juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la que presidió entre 2010 y 2014. Allí fue autor del famoso voto concurrente en la sentencia del caso Mozote, de El Salvador, por el que por primera vez dicho tribunal ponderó la necesidad de encontrar un equilibrio entre justicia y reconciliación cuando los países viven transiciones hacia la paz o la democracia. García-Sayán también fue verificador de los acuerdos de paz de El Salvador. Ha tenido mucho contacto con Colombia y conoce el conflicto al detalle.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos candidatizó a Álvaro Gil-Robles, de 72 años. Aunque es portugués de nacimiento, en realidad ha vivido siempre en España. Fue defensor del pueblo de ese país en 1988, nominado por el Partido Socialista (PSOE). Entre 1999 y 2006 ejerció como comisario del Consejo de Europa de Derechos Humanos. Considerado un humanista, es profesor y escritor. Firmó, junto a Shlomo Ben Ami, Ricardo Lagos, Pepe Mujica y Felipe González, entre otros, una de las postulaciones al Premio Nobel que tuvo el presidente Juan Manuel Santos. De todos los miembros del comité de escogencia posiblemente es quien menos relación tiene con Colombia.

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El argentino Juan E. Méndez, de 72 años, fue nominado por el Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ). Se trata de una eminencia reconocida mundialmente en materia de derechos humanos. Ha sido relator contra la tortura de la ONU y asesor del secretario general para temas de genocidio. Él mismo fue torturado durante la dictadura argentina, lo que lo convirtió en un defensor de presos políticos. Méndez dirigió el ICTJ y actualmente es su presidente emérito. Esta institución, con sede en Nueva York, es posiblemente la más solvente en el mundo en esta materia.
El magistrado colombiano seleccionado por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia es Francisco Acuña, hoy presidente encargado de la misma. Acuña es un gran experto en derecho penal colombiano, fue decano de Derecho de la Universidad Nacional y actualmente es presidente encargado de la corte. Sin duda será la persona que más puede conocer la hoja de vida de los miles que se postularán para hacer parte de la JEP.

Finalmente, el Sistema Universitario Estatal ha nombrado a una persona relativamente ajena al mundo del derecho, pues es una científica de la química farmacéutica. Se trata de Claudia Vaca González, siempre ponderada en la Universidad Nacional por su rigor y seriedad. Dirige un centro de pensamiento sobre acceso y uso a medicamentos. Estuvo a punto de asumir el cargo de directora del Invima, pero el lobby de la industria farmacéutica en su contra habría frustrado su llegada al cargo.

Los cinco escogidos tienen trayectorias de independencia y conocimiento de los temas que atañen a la JEP. Sin embargo, desde ya se sabe que la lista causará controversia. El presidente de la agremiación de los militares retirados (Acore), el general en retiro Jaime Ruiz Barrera, se fue lanza en ristre al señalar que uno tenía vínculos con Sendero Luminoso y el otro con los Montoneros, refiriéndose a García-Sayán y a Méndez. De hecho, Ruiz dice que se quejará ante el presidente por esta selección que según su asociación va contra los militares. Esa acusación, por supuesto, no corresponde a la realidad.

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Esta primera reacción demuestra que muchos de los escogidos, especialmente los extranjeros, pueden ser vistos con desconfianza por quienes se consideran perseguidos por las organizaciones de derechos humanos, dado que la mayoría de estas hacen parte de las corrientes de izquierda. Además de los militares, seguramente sectores de la derecha sentirán que no hay equilibrio en este naciente comité. Ello le pone el reto mayor de mostrar ponderación en sus decisiones.

En medio de la polarización política que vive Colombia, y de la sensibilidad que genera la justicia para la paz, conformar un grupo de juristas que satisfaga a todo el mundo es una misión imposible. De hecho, la decisión sobre a quién le correspondía hacer estos nombramientos no se pudo tomar en La Habana y por eso –para destrabar los diálogos– se delegó a este comité. La idea es que ni el gobierno ni la guerrilla pudieran tener un tribunal de bolsillo, ni incidir en el nombramiento de los magistrados por cuotas de conveniencia para cada parte.

Lo más importante es que este comité deje claras las reglas del juego al escoger los magistrados del tribunal y los comisionados de la verdad. Deben ser personas éticamente incuestionables y profesionalmente capaces de entender el contexto de una transición, donde se ponderarán diversas fuentes del derecho nacional e internacional. Solo eso le dará tranquilidad a la sociedad. Y solo eso arropará de legitimidad a una nueva jurisdicción cuya génesis ha sido tortuosa y rodeada de suspicacias y críticas.