El proyecto que no le dejan construir a Pedro Gómez

La defensa de un viejo colegio que operó hasta hace poco y que es patrimonio histórico enfrentan a una comunidad y a la constructora del empresario Pedro Gómez ante los estrados judiciales. El proyecto en cuestión es denominado Serranía de los Nogales y se debería desarrollar en uno de los puntos con el metro cuadrado más costoso de Bogotá, en los alrededores del exclusivo sector de Los Rosales.

Mientras los vecinos celebran el fallo a su favor emitido en segunda instancia por la Corte Constitucional, que les fue notificado el pasado viernes 31 de enero, Gómez encendió las alarmas por lo que consideró falta de garantías pues "se creó el reino de la inseguridad jurídica para los inversionistas en materia de construcción"

La historia comenzó hace más de tres años, cuando Pedro Gómez & Cía. y la caja de compensación familiar Colsubsidio iniciaron el proyecto inmobiliario 'Serranías de los Nogales', en el nororiente de la capital, en la calle 79B 4-26. Si bien todo parecía estar en orden, el proyecto se ha convertido en un dolor de cabeza tanto para los vecinos colindantes como para la constructora y los inversionistas. 

La pelea comenzó cuando Leonardo Bernal Morales, uno de los vecinos del sector, entuteló al Distrito por las aparentes irregularidades administrativas que se dieron en el 2007 para reglamentar el uso del lote, durante la administración del alcalde Luis Eduardo Garzón. 

La principal razón a la que ha apelado la comunidad es que dentro de los usos permitidos en el área que se buscaba construir se incluyen únicamente las de tipo educativo, recreacional cultural, deportivas y de salud. Según afirman, hubo un aparente abuso por parte de la constructora al acordonar un parque público y, además, arguyen la protección patrimonial que cobija la casona que conforma el predio, construida en los años 50 como sede del Colegio Gimnasio Femenino, después colegio de Colsubsidio. 

Fue así como la semana pasada se les ordenó a Pedro Gómez & Cía. y a Colsubsidio la suspensión temporal del proyecto, tras la decisión del tribunal constitucional en segunda instancia de la tutela interpuesta por los vecinos del barrio los Rosales en contra de la Secretaría de Planeación y la Curaduría de Bogotá.

Pedro Gómez se defiende

Tras conocer el fallo, la constructora y la caja de compensación -en una rueda de prensa que dieron este martes- manifestaron que el proyecto cumple a cabalidad todas las normas necesarias y requeridas para la construcción de la obra urbanística y calificaron de “injusta” la determinación de la Corte, aunque la acatarán.

Pedro Gómez manifestó que, a su parecer, "la Corte no sólo fue injusta, sino que cometió un error gravísimo. Un error pernicioso. Porque creó la forma de inseguridad jurídica en materia de construcción. Para ningún inversionista hay seguridad. En adelante, cómo iniciará un proyecto, aunque cuente con licencia su puede ser suspendido por la vía de la tutela?"

Por su parte, Luís Carlos Arango Vélez, director de Colsubsidio, aseguró que la empresa adquirió el predio en 1967, pero por los largos trayectos a los que estaban sometidas las alumnas del colegio y las permanentes quejas de los vecinos por las incomodidades propias de la actividad escolar, la caja se vio obligada a reubicar a las estudiantes.

“No hubo día que yo no recibiera una carta de la comunidad quejándose porque las niñas hacían bulla. Decían que ese no era un lote para colegio. Sino uno para vivienda. Entonces optamos por desarrollar el lote”, agregó el director de la institución. Pese a las críticas de que por qué no se desarrolló allí un proyecto de Vivienda de Interés Social, algo del resorte de la caja, el directivo respondió que los costos de la tierra en ese sector no dan para realizar tal construcción. 

Así mismo, Pedro Gómez aclaró que la constructora cuenta con el visto bueno del Instituto de Patrimonio, quien consideró que la edificación de esta unidad habitacional era respetuosa con los valores patrimoniales del antiguo colegio. Afirmó que, contrario a lo que manifiestan vecinos, la constructora trabaja en el mantenimiento y la recuperación de las características originales del lugar. 

De ahí que la constructora y Colsubsidio anunciaron que interpondrán un recurso de nulidad ante la sala plena de la Corte Constitucional para que revalúe el fallo. Gómez señaló que la tutela interpuesta por la comunidad era improcedente debido a tres razones: las acciones contenciosas contra la licencia ya habían caducado, la tutela no es procedente como mecanismo de control de actos administrativos de caracter general, y porque no existía ningún perjuicio irremediable que afectara derechos fundamentales de los demandantes.

La sala plena de la Corte constitucional deberá pronunciarse sobre el recurso que interponga Pedro Gómez & Cía. y Colsubsidio. Este alto tribunal determinará si, finalmente, la obra será construida o no. Por el momento, no habrá más obreros trabajando en el predio y las máquinas deberán apagarse.