El edificio de la discordia para Pedro Gómez

Una sentencia de la Corte Constitucional, que frena las obras de un edificio en una de las zonas más exclusivas de Bogotá, se convirtió en una pesadilla para el constructor Pedro Gómez y la caja de compensación familiar Colsubsidio, y está causado un gran revuelo en el sector de la construcción. 

La decisión, que data de agosto de 2013 pero solo le fue notificada a los involucrados hace unos días, pone en suspenso la ejecución de un proyecto que lleva más de tres años en disputas jurídicas. 

Un grupo de vecinos asegura que el conjunto Serranía de los Nogales no cumplía con el debido proceso. Para ellos, que tenían enfrente a sus apartamentos un colegio que no les bloqueaba la vista, el conjunto de torres de Colsubsidio y Pedro Gómez fue un baldado de agua fría. 

El meollo del problema era que la Secretaría Distrital de Planeación había cambiado el uso del suelo dotacional (para actividades culturales o educativas) a residencial, a través de una resolución expedida tres días antes de que terminara la alcaldía de Lucho Garzón. Por esto, argumentaron que se estaban incumpliendo normas urbanísticas y que en un inmueble de interés cultural se pueden hacer mejoras, pero no ampliaciones ni obras nuevas. 

Y es que en esta polémica hay muchas cosas en juego. De una parte está la suerte del proyecto ‘Serranía de los Nogales’, un desarrollo urbanístico de tres torres de apartamentos de ocho pisos, que incluye la restauración de un edificio de interés cultural. Las inversiones son millonarias si se tiene en cuenta que un apartamento vale entre 2.600 y 3.100 millones de pesos, lo que significa por metro cuadrado precios superiores a los 10 millones. Y como si fuera poco ya están vendidos todos los apartamentos. 

Por lo anterior, las implicaciones para Colsubsidio y Pedro Gómez de la sentencia de la Corte que ordena parar la construcción son enormes. Por esto Gómez anunció que presentará un recurso de nulidad ante la sala plena de la Corte, y advirtió lo que según él podrían ser las posibles consecuencias de esta sentencia. “La Corte no solo fue injusta sino que cometió un error gravísimo porque creó una inseguridad jurídica total en materia de construcción”, aseguró.

Luis Carlos Arango, director de Colsubsidio, dueño del terreno, dice que recibía quejas a diario de vecinos porque el lugar no era apto para un colegio sino para vivienda. Ante las quejas por el ruido que hacían las niñas y por la congestión en la entrada y salida de buses, trasladó el colegio a otro sector de la ciudad y decidió desarrollar un proyecto de vivienda de estrato alto. Como no tenía experiencia directa en el desarrollo de esta clase de proyectos, se asoció con la constructora de Pedro Gómez.

Para sacarlo adelante se tramitó la licencia de construcción, que fue expedida por la Curaduría Urbana Número 4 en agosto de 2011. En diciembre de ese año arrancaron las obras. Al ver el despegue del proyecto los vecinos, varios de los cuales viven en el edificio Belmonte III, contrataron prestigiosos abogados para oponerse al mismo a través de recursos legales. Uno de ellos fue el de reposición ante la Curaduría 4. Esta lo negó con el argumento de que el trámite de cambio del uso del suelo era válido, así como la licencia de construcción. Posteriormente apelaron ante la Secretaría Distrital de Planeación, que lo rechazó y confirmó la licencia. 

Hasta ese momento Colsubsidio y Pedro Gómez iban ganando dos a cero. Pero los vecinos no se quedaron cruzados de brazos y decidieron acudir a otra instancia: la tutela. La interpusieron ante el juez 11 civil municipal de Bogotá, que ordenó suspender por cuatro meses la ejecución de las obras, con el argumento de que “no existía claridad sobre la aplicación de la normatividad urbanística”.

Gómez detuvo la obra y el proyecto duró paralizado ocho meses, lo que según él le ocasionó graves perjuicios económicos. Sin embargo, en junio del año pasado el mismo Juzgado le permitió seguir adelante con la construcción, al declarar que cesaban los efectos de la tutela porque las demandas interpuestas contra la licencia habían sido rechazadas.

Pero a los vecinos les quedaba todavía una esperanza. Que la Corte Constitucional la seleccionara entre las miles de tutelas que le llegan. Para Pedro Gómez esa selección significaba la oportunidad de que quedara sellada de una esta disputa jurídica y la transparencia de toda la operación. Solamente se requería ese último espaldarazo de la Corte. 

Por eso la sorpresa fue mayúscula cuando la Corte falló en sentido contrario con el argumento de que “las actuaciones urbanísticas tales como el otorgamiento de licencias de construcción, pueden constituir amenazas graves, inminentes e irreparables a derechos fundamentales como el derecho al debido proceso administrativo y a la participación de los ciudadanos”.

Eduardo Zuleta, un prestigioso abogado que se considera damnificado porque habita en la zona, asegura que la decisión de la Corte es impecable pues se trata de la defensa de la ciudad, de la comunidad y del urbanismo. 

Sin embargo un destacado constitucionalista no comparte esta opinión. Sostiene que con ese fallo se está abriendo un boquete para el sector de la construcción. Afirma que se trata de un cambio de jurisprudencia de la Corte Constitucional que deja la puerta abierta para que en el futuro, a través de una tutela, se pueda reversar una licencia de construcción porque a un vecino le incomodó el edificio. 

A esto Pedro Gómez agrega: “La tutela es para proteger los derechos fundamentales de las personas. No sé si el derecho al paisaje sea un derecho fundamental”. El constructor sostiene que la molestia de los vecinos es porque consideran que el proyecto les va a tapar la vista de la ciudad. Sin embargo, señala que acatará la tutela y que pararán las obras, consciente de los enormes perjuicios económicos que les va a acarrear. “Nosotros no cometemos delitos en la administración de los bienes ni hacemos trampas”, dice el constructor, quien afirma que está dispuesto a buscar una “fórmula razonable con los vecinos”. 

Insiste en que el cambio en el uso del suelo no fue una decisión arbitraria ya que se ciñó a lo que dice el Plan Maestro de Equipamientos Educativos, que clasifica los inmuebles dotacionales en varias escalas. Una de ellas es la de inmuebles vecinales, que no tienen la obligación de permanecer con el uso dotacional de manera indefinida. 

En todo caso este enredo no tiene una solución sencilla para la Secretaría Distrital de Planeación que cambió el uso del suelo, a pesar de que las condiciones ahora son muy distintas a las de hace 50 años. En otras palabras, puede haber sido lógico que hubiera un colegio en esa ubicación en los años sesenta o setenta. Pero ante el crecimiento de la ciudad y la nueva configuración urbanística, la escogencia entre un uso educacional y un uso residencial es el menor de dos males. Porque en ambos casos tendrá un impacto en la comunidad adyacente. 

Como señaló Pedro Gómez en una rueda de prensa: si creen que una universidad para 8.000 alumnos es más tolerable que un conjunto residencial, esa es una decisión que tendrían que asumir los vecinos. 

Lo cierto es que este caso es muy complejo y que lo único que está claro es que hay alguien que va a perder mucha plata. Lo que no se sabe es si serán Pedro Gómez y Colsubsidio por no poder terminar el proyecto original, o la nación por las multimillonarias demandas que seguramente se vendrían por las contradicciones internas jurídicas de todo el proceso.