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| 9/29/2003 12:00:00 AM

A penas duras

La condena, sin precedentes, a 12 años de cárcel para el ex presidente de la Cámara de Representantes, refuerza el argumento a favor del punto 5 del referendo.

La decision tomada la semana pasada por la Corte Suprema de Justicia de condenar al ex presidente de la Cámara Armando Pomárico a 12 años de cárcel por hacer contratos irregulares es una sorpresa. Una de las mayores críticas que se le hacen a la justicia colombiana es que las condenas para los delitos más graves son muy bajas.

El caso contra Pomárico comenzó en marzo de 2000. Los investigadores descubrieron que durante el receso parlamentario de diciembre del año inmediatamente anterior el representante había firmado en menos de un mes contratos por más de 5.000 millones de pesos. Pomárico se defendió con el argumento de que, como la plata que no se gasta hasta el 31 de diciembre no se puede usar después, tuvo que hacer los contratos en ese tiempo tan corto. Y que como la ley prohíbe que se contrate por más de 92 millones de pesos sin licitación y ya no había tiempo para hacer una, tuvo que dividir los 5.000 millones en varios contratos y asignarlos a dedo.

Pero esa argumentación no evitó que los compañeros de Pomárico comenzaran a acusarse y a delatarse unos a otros. El entonces director administrativo de la Cámara, Saúd Castro, dijo que los miembros de la mesa directiva se repartieron buena parte de la plata y que el propio Pomárico le ofreció 200 millones de pesos para que no contara nada. La Corte Suprema de Justicia siguió averiguando y descubrió que varios contratos se asignaron para pagar favores políticos y por recomendación de Pomárico y de otros miembros de la mesa directiva. Por eso durante el juicio la procuradora delegada para el caso, Nancy Muñoz, pidió que todos fueran condenados. Y la Corte le hizo caso. Con una ponencia del magistrado Edgar Lombana sentenció a Pomárico y a otros tres ex parlamentarios de manera ejemplar: a Octavio Carmona Salazar le puso siete años y dos meses de cárcel, a Darío Saravia seis años y medio y a Miguel Angel Flórez siete años y ocho meses. Sólo el parlamentario Luis Norberto Guerra fue encontrado inocente.

La condena de Pomárico no significa que sus problemas legales hayan terminado. Aún tiene ante la Contraloría General dos procesos. Uno por contratos irregulares de prestación de servicios, que pueden sumar 697 millones de pesos, y otro por 112 millones de pesos por uso indebido de celulares.

Esta decisión ejemplarizante y sin precedentes de la Corte Suprema sale en un momento clave para el país. El punto 5 del referendo busca que los congresistas se dediquen sólo a su trabajo y que las responsabilidades administrativas se le entreguen a una entidad privada. Si en este punto gana el SI los presidentes del Senado y de la Cámara ya no podrán hacer contratos para cambiar los tapetes de las comisiones, para comprar esferos o para pintar los baños del Capitolio. De eso se encargará una empresa especializada que será la 'gerente administrativa' del Congreso. Ningún parlamentario podrá hacer política con estos contratos. Aunque muchas personas dicen que no hay que cambiar la Constitución para lograr esta reforma, la verdad es que con el nuevo esquema el desfalco no habría ocurrido. Ni Pomárico habría podido decir con quién contratar ni la plata la habría manejado él. Por eso algunos ven en la decisión de la Corte una lección para que nadie más vuelva a meter la mano en la contratación y una señal de humo para quienes todavía están pensando si votan el referendo.

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