PEOR QUE LA ENFERMEDAD

HACE UN AÑO TODO EL país alabó un fallo de la Corte Constitucional que ordenaba suspender las licencias de construcción en el sector turístico de Cartagena. La ciudad afrontaba una grave crisis ambiental -las aguas negras corrían por las calles de Bocagrande, El Laguito y Castillogrande- y no había más remedio que impedir la construcción indiscriminada de edificios hasta garantizar una prestación adecuada de los servicios públicos.

Ahora el turno le corresponde a San Andrés. Una tutela interpuesta por el defensor del Pueblo, Jaime Córdoba Triviño -en representación de un grupo de isleños-, y aceptada por el Tribunal Superior de Cartagena y por la Corte Suprema de Justicia, obligó a las autoridades del archipiélago a suspender la expedición de licencias de construcción. La razón es la misma: la deficiencia en los servicios públicos vulnera los derechos a la vida y la salud, y por tanto es indispensable congelar los permisos para nuevas obras. Pero si en el caso de Cartagena nadie se opuso, en el de San Andrés la situación es distinta: la mayoría de los habitantes se ha quejado por la decisión, pues consideran que no se realizaron los estudios adecuados para poder concluir si se necesitaba o no llegar a la fórmula extrema de detener todo tipo de construcción.

Y es que, para muchos, al fallo se le fue la mano. Aunque el Defensor del Pueblo se limitó a pedir que se paralizaran los proyectos turísticos, industriales y comerciales, los magistrados resolvieron congelar la expedición de licencias en toda la isla y para todo tipo de proyectos, incluidos los institucionales y la vivienda de interés social. "La medicina va a causar más enfermedades que las que pretende sanar", dijo Fernando Villa, de la Sociedad Colombiana de Arquitectos, seccional de San Andrés.

La semana pasada 5.000 isleños enviaron sus firmas a la Corte Constitucional para pedir que se pronuncie y modifique los términos del fallo. "La decisión nos tiene sumidos en la impotencia -dice Richard Navarro, secretario de Gobierno de la isla. Se sobredimensionó el problema. A diferencia del resto del país, en San Andrés se puede respirar". Para Córdoba Triviño, por su parte, las críticas a la tutela son infundadas: "San Andrés está ante una bomba de tiempo. El ritmo con que se venía construyendo estaba generando una sobreexplotación de los recursos. ¿Acaso es mejor esperar a que el problema estalle?".

Pese a que para todos es mejor prevenir que curar, la isla no vive una situación tan grave como la de Cartagena que obligue a prohibir incluso la construcción de obras de interés social."Además no han tenido en cuenta los avances tecnológicos que permiten usar sistemas autosuficientes de servicios públicos, no contaminantes e independientes de las redes del alcantarillado. ¿Si el Estado no garantiza los servicios públicos y la empresa privada sí, por qué no la dejan actuar?", sostuvo Oscar Suescún, abogado de la sociedad Turinco Ltda.

Lo cierto es que si se llega a aplicar para el resto del país el mismo razonamiento de que, donde hay insuficiencia de servicios se exige una congelación de licencias de construcción, en casi todos los municipios habría que implantar esa medida. En Valledupar y en Neiva, por ejemplo, están haciendo trámite acciones de tutela que solicitan la prohibición de los permisos para nuevas obras. Si los argumentos del fallo sobre San Andrés hacen camino por el territorio nacional, la industria de la construcción en el país podría verse totalmente paralizada.

Los isleños, por ahora, esperan que la Corte Constitucional revise el fallo proferido por sus colegas de la Corte Suprema. Mientras tanto el gobernador de San Andrés, Simón González, prepara su discurso de protesta -titulado, muy a su manera, Una queja amorosa- en el que va a decir que con esa decisión "le quitaron su poder de gobernar". Y es que así como están las cosas, hasta 1997 no se podrá volver a levantar ni un simple muro en el archipiélago.-