La contienda jurídica más caldeada de los últimos días, que ya mereció incluso un primer debate en televisión y varios artículos en la prensa, de comentaristas muy reconocidos, se relaciona con el Tratado -recientemente dado a conocer a la opinión pública- de "Asistencia Legal Mutua" (TALM), una pieza legal complementaria del también polémico Tratado de Extradición, suscrito entre Colombia y Estados Unidos durante la pasada administración. A diferencia de este último, el TALM no ha sido aprobado todavía por el Congreso Nacional, ni ratificado por el gobierno, encontrándose actualmente a consideración de la Comsión II -de Relaciones Exteriores y Defensa Nacional- de la Cámara de Representantes.
Lo interesante de este Tratado, es que con él comienza a perder terreno el prejuicio según el cual quienes lo critican benefician "en últimas" a los narcotraficantes colombianos, supuestos blancos de los dos Tratados.
A las voces de destacados columnistas, como el Premio Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez, y Enrique Santos Calderón, quienes se pronunciaron el 25 y 18 de septiembre pasado respectivamente en contra del TALM, se unió una nota editorial en "Guión" del ex presidente Misael Pastrana Borrero, denunciando los atropellos de que son objeto los ciudadanos colombianos, por razón de su nacionalidad, en las aduanas norteamericanas, nota que fue vista como una aproximación del ex presidente conservador al tema de la extradición de colombianos a Estados Unidos, y obviamente en contra de la misma.
Además de esos escritos, el Foro sobre el TALM -promovido por la mencionada Comisión II, la cual tendrá que pronunciarse sobre dicho instrumento internacional el 19 de octubre próximo- constituyó otro revés para el mismo pues la mayoría de los oradores invitados denunciaron serios vicios constitucionales en el TALM, recomendando, muchos de ellos, la no aprobación del mismo.
Tras esa lluvia de críticas, la correlación de fuerzas en la Comisión II se modificó. SEMANA pudo enterarse que ésta actualmente es así: siete miembros de la Comisión estarían dispuestos a votar en contra del Tratado de Asistencia Legal; 5 estarían en favor del mismo (tres conservadores y dos del Nuevo Liberalismo), y habría una franja de "indecisos" compuesta por los restantes 6 comisionados. Sin embargo, otra fuente parlamentaria insiste en que se está dando una polarización entre un bloque de 9 que está a favor del Tratado (5 conservadores, 2 galanistas y 2 independientes) y otro bloque, de iguales proporciones, dispuesto a rechazar el TALM.
La encuesta que, además, efectuó SEMANA entre los juristas que intervinieron en el Foro mencionado, tampoco deja dudas. Esteban Bendeck Olivella, ex parlamentario liberal y Profesor Emérito de la Universidad Libre, nos dijo que en los 22 artículos del TALM "Colombia renuncia a la soberanía en materia de procedimiento penal, civil e, inclusive, administrativo", ya que el ministro de Justicia norteamericano "puede pedir la práctica en nuestro país, por intermedio del Procurador General, de las diligencias judiciales que quiera, como una indagatoria, y esa gran potencia se reserva el derecho de señalar el procedimiento que deben seguir nuestras autoridades". "Hasta las pruebas que se practiquen aquí tienen el valor que les asigne la tarifa de allá", agrega.
Manuel N. Rodríguez, conservador, Decano de la facultad de Derecho de la Universidad La Gran Colombia, declaró que el proyecto de ley sobre el TALM, tal como está estructurado, "debe rechazarse, para que se haga una revisión a fondo de todo su contenido y se impida la violación del "debido proceso y se respete el orden juridico de Colombia". El Doctor Rodriguez insiste en que el Tratado "puede ser, además, violatorio de la reserva sumarial y de la privacidad, como también de la soberanía en una forma de 'espionaje consentido', lo mismo en cuanto a declaraciones de renta, escrituras públicas o documentos auténticos que son 'legales' según nuestro Derecho Procesal y cuya posesión por autoridades extranjeras podría ser perjudicial para los intereses legítimos de los residente en Colombia".
El doctor Juan Montes Hernández, socialista, catedrático de Derecho Constitucional, explicó que el TALM "crea un sistema de extradición sui generis: un colombiano, por ejemplo, detenido en Estados Unidos puede ser requerido en Colombia para practicar unas pruebas. Una vez finalizadas estas diligencias, Colombia se obliga a devolverlo a USA, haciendo que estemos en presencia de una extradición. En el caso contrario: USA requiere a un colombiano detenido en este país para el mismo efecto. Estados Unidos está obligado a devolver la persona pero el Tratado tiene una trampa cuando dice: 'a menos que se haya acordado otra cosa'''. Aquí la libertad de la persona "queda al arbitrio de las Altas Partes contratantes", añade.
Otro inconveniente del TALM es que, según los expertos, otorga muy amplias, quizás excesivas facultades al Procurador General. Rafael Nieto Navia, javeriano, juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y columnista de "El Siglo", señaló: "En países como el nuestro, en los que el respeto a la ley, a la democracia y a los derechos ajenos no está completamente desarrollado, la facultad al Procurador de recibir toda la clase de informes prácticamente sin limitación -la única excepción la configuran los delitos políticos y militares- puede ser peligrosa". Dicho temor fue compartido por los doctores Montes y Bendeck. Este último lo planteó así: "El presidente es suplantado por una 'Autoridad Central' (en Colombia el Procurador General) con poderes omnimodos y hasta con 'hilo rojo' entre Bogotá y Washington ".
Fue el profesor Montes quien sacó la conclusión más alarmante al decir que, de aprobarse el TALM, "los colombianos tendremos que acatar entonces no sólo lo que nos impone la ley colombiana sino lo que tenga a bien imponernos la ley norteamericana", en violación de los artículos 10, 20, 23, 28 y 38 de la Constitución Nacional. Esto se debe, explica el abogado, a que las conductas susceptibles de ser investigadas por jueces norteamericanos podrían no estar señaladas como delito en la ley colombiana en materia penal o reguladas por las leyes, en materia civil o administrativa.
Uno de los más ardientes defensores del TALM es el ex ministro conservador Felio Manrique. Consultado por SEMANA declaró lo siguiente: En frente al creciente imperio de los delincuentes, lo menos que pueden los Estados es pactar instrumentos de colaboración sobre todo en aquellos hechos punibles que, por ejemplo, se preparan en un país para cometerlos en otro sin que en definitiva el Estado pueda cumplir su función de proteger los bienes y vidas de los conciudadanos. Es de la mejor oportunidad, y francamente avanzado, haber dado a las pruebas practicadas en el exterior igual valor probatorio que las practicadas por autoridades nacionales, lo cual repercutirá en una pronta y más rápida administración de justicia en aquellos casos en que buena parte del material probatorio debe recabarse en país extranjero"
SEMANA también pidió su opinión al ex canciller Carlos Lemos Simmonds, quien hiciera la exposición de motivos del mismo, en su momento. Lamentablemente el ex ministro se excusó de formularla alegando estar muy ocupado en otros menesteres.
En la Corte Suprema de Justicia hay un "debate" sobre el Tratado de Extradición. Pese al hermetismo que caracteriza las discusiones entre los magistrados -cuyas opiniones sólo llegan a conocerse por los salvamentos de voto- se ha filtrado que, al menos, no existe entre ellos unanimidad para aprobar o improbar dicho instrumento internacional. La Corte, desde luego, no está estudiando la inconstitucionalidad del mismo, pero si está conociendo dos casos de extradición de nacionales colombianos. Respecto de esto último, se supo en días pasados que el magistrado Alvaro Luna Gómez -opuesto a la extradición de nacionales- pidió aplazar la decisión sobre la extradición de Lucas Gómez van Grieken, propuesta por el magistrado Fabio Calderón Botero.
Un último factor que estaría militando contra la aprobación del TALM sería de orden psicológico. Según el representante Alfonso Rentería Mantilla -quien, a pesar de su estimativo, asegura que el Tratado será aprobado- el hecho de que figuras acusadas de narcotráfico estén siendo arrinconadas por la ley, debilita la presión moral para la aprobación del Tratado, al hacer que la ciudadanía vuelva a creer en la justicia colombiana y tienda a rechazar la idea de que para contrarrestar el avance de la mafia el país debe hipotecarse a la justicia de un país extranjero. Una observación en ese mismo sentido hizo a finales de septiembre Alvaro Gómez Hurtado, actual embajador colombiano en Estados Unidos, al decir: "El país no puede depender, para defenderse de la mafia, de la posibilidad de que tribunales extranjeros sean los únicos que castiguen a los mafiosos".