La batalla judicial de los pescadores por la Ciénaga Grande

La catastrófica escena se ha repetido por lo menos diez veces durante el último año: miles de peces muertos flotan en las aguas de la Ciénaga Grande de Santa Marta, mientras los pescadores denuncian que el desastre ambiental en la laguna costera más grande y productiva del país propagó el hambre, las enfermedades y la pobreza en sus pueblos. Investigadores calculan que en el caso más grave, ocurrido el pasado 5 de agosto, murieron unas 200 toneladas de peces.

Este ecosistema, declarado reserva de la biosfera y primer humedal Ramsar de Colombia (es decir, de importancia internacional), representa la fuente de trabajo y alimentación para 15.000 familias. Por eso un grupo de pescadores, cansados de escuchar promesas y de esperar a que el Gobierno atienda sus llamados desesperados, emprendieron una batalla jurídica –en compañía de Dejusticia y de la Universidad del Norte– para que sus derechos al medio ambiente sano, a la vida digna, al mínimo vital, al trabajo y libertad de oficio, a la alimentación y al agua, sean respetados.

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Para empezar, el 10 de noviembre presentaron una acción de tutela ante el Tribunal Superior de Santa Marta. Los demandantes eran pescadores de los pueblos palafíticos Nueva Venecia y Buenavista, ubicados en Sitionuevo, Magdalena. Sitionuevo es uno de los cinco municipios (junto a Puebloviejo, El Retén, Remolino y Salamina) que se encuentran en su totalidad dentro de los 4.900 kilómetros cuadrados que conforman la Ciénaga Grande de Santa Marta.

“Nuestra dieta depende de la pesca del día, y los ingresos familiares también. Nuestros ancestros fueron pescadores, la mayoría de hombres que vivimos en la zona somos pescadores, o dependemos en alguna medida de la actividad pesquera” argumentaban los pescadores.

Además, sostenían que los ministerios de Ambiente y Agricultura, Parques Nacionales Naturales, la Contraloría, la Procuraduría, la Fiscalía, la Gobernación del Magdalena, CORPAMAG, las alcaldías de los municipios afectados y tres contratistas privados, habían incumplido “las funciones que les corresponden para la protección del ecosistema de la Ciénaga Grande de Santa Marta”.

Desde hace por lo menos cuatro años este ecosistema atraviesa una profunda crisis. Está perdiendo su equilibrio que depende de la cantidad del agua dulce y salada que ingresa a él. Las presiones de los palmicultores, arroceros, bananeros y ganaderos; y el pésimo estado de los caños que lo conectan con el río Magdalena, le están quitando el agua dulce. La Ciénaga Grande se está salinizando y se está quedando sin oxígeno. Esto ha provocado la muerte masiva y progresiva de peces y manglares; y ha puesto en grave peligro a este ecosistema considerado el riñón del país, porque se encarga de depurar las aguas del río Magdalena en su desembocadura.

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Todo eso argumentaron los pescadores. También explicaron que las causas de la “disminución sustancial” de la cantidad de agua dulce que ingresa a la ciénaga, es clara. Por un lado están algunos propietarios de predios de la zona, que hacen un “aprovechamiento excesivo” del agua de los ríos que alimentan a la ciénaga; y están construyendo diques y secando partes del humedal para sembrar o tener ganado.

También son una amenaza los planes la construcción de dos grandes proyectos viales (la doble calzada Ciénaga-Barranquilla y la Vía de la Prosperidad), que afectarían el ciclo hidrológico de la ciénaga. Y otra causa importante, es el precario mantenimiento y dragado de los caños y canales que conectan a este ecosistema con el río Magdalena.

En este último punto aparece como protagonista una empresa llamada Servicio de Dragados y Construcciones S.A. En diez años esta compañía ha recibido contratos por lo menos por 115.000 millones de pesos para el mantenimiento de los caños, muchos de los cuales –según los pescadores, Invemar y los planes de desarrollo de los municipios de Sitionuevo y Puebloviejo– se encuentran taponados y con sedimentación, bloqueando el paso del agua dulce. En la tutela, se lee que en los últimos diez años “se han adjudicado contratos para el dragado y mantenimiento de caños” por unos 120.000 mil millones, “la gran mayoría a una misma empresa”.

La respuesta del Tribunal Superior de Santa Marta llegó el pasado 25 de noviembre. La Sala Quinta de Decisión Civil Familia negó la acción de tutela “por improcedente”. El juez de primera instancia sostuvo que a pesar de que “se evidencia un gran deterioro en la Ciénaga Grande de Santa Marta”, lo que podría “considerarse como factor de riesgo en la salud de los promotores (de la tutela) y en los demás habitantes de la ecorregión”, esta problemática ya había sido atendida en una acción popular interpuesta por otro ciudadano. Además, señala que aquí se está invocando el derecho al medio ambiente sano, que es un derecho colectivo y cuya protección debe reclamarse a través de una acción popular.

Ante esta respuesta los pescadores no se quedaron quietos. Ya presentaron una impugnación a ese fallo. Sus argumentos: aseguran que la jurisprudencia constitucional ha reconocido que la acción de tutela puede ser oportuna cuando se busca proteger derechos colectivos, cuya afectación también lesiona un derecho fundamental.

“La disminución significativa y notoria de la pesca como consecuencia de la degradación ambiental en la que se encuentra el ecosistema, genera un impacto negativo directo en nuestros derechos fundamentales al trabajo, al mínimo vital, a la vida digna y a la alimentación”, argumentaron. Insistieron, además, en que la garantía de estos derechos fundamentales “depende de manera íntima de la protección del derecho al medio ambiente sano”. Y concluyeron afirmando que la acción popular relacionada con esta problemática, que utilizó el juez como argumento para rechazar su tutela, “ha probado ser ineficaz para superar la problemática”.

Ahora es un juez de segunda instancia quien tiene en sus manos la decisión. Los pescadores están resueltos a no bajar la guardia. No quieren que esta vez sus denuncias, sus reclamos y su voz se apaguen como ha sucedido siempre.

A pesar del clamor de la comunidad y de algunas organizaciones ambientales, en todo el 2016 no se ha tomado una sola decisión contundente y efectiva para frenar este desastre. Ni siquiera la intervención del ministro de Ambiente, Luis Gilberto Murillo, logró movilizar a las autoridades y a las administraciones locales.

En agosto pasado Murillo visitó la zona y le pidió a la Gobernación del Magdalena hacer una declaratoria de calamidad pública y establecer un plan a corto, mediano y largo plazo para atender la emergencia. Sin embargo, la comunidad asegura que ese “plan” se quedó en ayudas inmediatas, como la entrega de mercados y agua potable.

La posición del Ministerio de Ambiente en esta problemática, también quedó clara en la respuesta que dio frente a la tutela de los pescadores. Aseguró que “en este caso no se demuestra la amenaza de los derechos fundamentales” y, además señaló que  “no hay necesidad de desgastar el aparato judicial mediante el uso de la acción de tutela, cuando tiene la posibilidad de acudir a autoridades responsables.”

Las peticiones de los pescadores son contundentes: que a corto plazo las autoridades correspondientes realicen un plan para superar la situación de deterioro ambiental de la ciénaga. Que se realice el mantenimiento y dragado de los caños y de los ríos que alimentan a la ciénaga. Que se estudien los usos de las tierras que la rodean.

Que se desarrolle un “ordenamiento pesquero”. Y que la Contraloría, la Procuraduría y la Fiscalía realicen las investigaciones necesarias para determinar la responsabilidad “de funcionarios públicos y particulares por la comisión de delitos asociados a la problemática ambiental”.

Esta tragedia ambiental lleva cuatro años acentuándose y no hay decisiones contundentes. La sensación es que la Ciénaga Grande de Santa Marta se quedó sin doliente entre las autoridades ambientales y las entidades del Gobierno. Por eso los pescadores asumieron la vocería. “Si no hay una intervención pronta e inmediata –señalan–, nuestra situación tan solo empeorará, forzándonos a desplazarnos de un lugar que hace parte de nuestra identidad cultural y sobre el cual hemos desarrollado la única actividad productiva que conocemos”.

*Artículo escrito por la periodista de Dejusticia Carolina Gutiérrez.