Petro y el Ejecutivo ante la toma del Acueducto

Este lunes, en la Casa de Nariño, una de las citas en la agenda del presidente Juan Manuel Santos concentrará todas las miradas. Se trata del encuentro que tendrá el primer mandatario con el alcalde mayor de Bogotá, Gustavo Petro. Ambos dirigentes se verán las caras tras varios días de tensiones alrededor del plan de basuras para la capital y del TransMilenio al aeropuerto Eldorado y después de una 'guerra' abierta de declaraciones entre el burgomaestre bogotano y altos funcionarios del gobierno nacional.

Desde hace varios meses existe una polémica sobre el futuro de este servicio entre el Distrito y los entes de regulación y vigilancia del gobierno. La Alcaldía anunció que la Eaab asumiría a partir del 18 de diciembre la operación del manejo de las más de 7.000 toneladas diarias de desechos que genera Bogotá. Para la Comisión Reguladora de Agua Potable (CRA) y la Superintendencia de Servicios Públicos la libre competencia es el esquema que por ley rige en la capital y de la que el monopolio estatal del Acueducto violaría la norma.

El florero de Llorente del rompimiento de relaciones entre los palacios Nariño y Liévano fue una visita de inspección de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) a las instalaciones de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (Eaab) y la Unidad de Servicios Públicos (Uaesp). El ente de vigilancia ordenó esta diligencia como parte de una averiguación preliminar sobre libre competencia, surgida por quejas de varios operadores, a raíz del anuncio del alcalde Petro sobre el manejo monopólico del Acueducto de la recolección de basuras. Este tipo de visitas, unas 15 mensuales a todo tipo de empresas, no solo hace parte de las potestades que la ley le da a esta Superintendencia sino que contemplan competencias de policía judicial. De hecho, el superintendente Pablo Robledo afirma que esta inspección en particular hacía parte de un cronograma preestablecido de visitas para tramitar la averiguación.

Lo que transformó una recopilación sorpresiva pero rutinaria de información y datos en un 'allanamiento', según trinos del alcalde Petro, fueron las declaraciones que Gina Parody había dado en la mañana de la visita. Al ser preguntada por la incertidumbre de la recolección de residuos de la ciudad, la consejera presidencial para la capital respondió que el gobierno intervendría si la calidad del servicio se ve afectada. "Aquí está el gobierno nacional, que se va a meter en el tema de basuras", manifestó Parody.

Estas palabras de la funcionaria de la Casa de Nariño, sumadas a la llegada de la Superindustria a la empresa de Acueducto, despertaron una violenta reacción del alcalde Petro. El burgomaestre, además de calificar ambos hechos como una "amenaza a la autonomía constitucional de Bogotá", desplegó una toma de las instalaciones de la Eaab y desató una andanada de acusaciones contra el gobierno. Para el mandatario capitalino con esta inspección "están defendiendo la mafia paramilitar" y señaló al Ejecutivo de "intentar por segunda vez interceptar y conocer las conversaciones personales del alcalde".

Senadores y concejales afines a la administración distrital así como sindicalistas de empresas públicas y recicladores transformaron la visita en un mitin político en contra de la Casa de Nariño y en defensa del monopolio estatal de las basuras. Con el despacho trasladado a la sede del Acueducto, Petro elaboró con declaraciones y trinos su interpretación de las intenciones de la Superindustria. Para el alcalde de Bogotá, el ministro de Vivienda, Germán Vargas Lleras, quiere descarrilar su modelo de basuras para proteger los intereses económicos de dos contratistas de la ciudad, William Vélez y Alberto Ríos. Este último vinculado financiera y políticamente a Vargas Lleras. El instrumento de ese descarrilamiento sería el superintendente Pablo Robledo, ex vice ministro de Justicia y de la cuerda política del jefe de Cambio Radical. Como lo afirma el concejal Juan Carlos Flórez, "parte de este lío es una pelea entre Gustavo Petro y Germán Vargas y eso les hace daño a los bogotanos".

Al día siguiente, el Instituto de Desarrollo Urbano de Bogotá manifestó reparos a los diseños para la extensión del sistema TransMilenio a la nueva terminal del aeropuerto Eldorado. Esta decisión, que pone en la cuerda floja no solo un necesario proyecto para los bogotanos sino también unos 108.000 millones de pesos de la Nación al Distrito, ha sido interpretada como una retaliación de la alcaldía al gobierno nacional. Esta iniciativa, que venía trabajándose sin inconvenientes, hace parte de la agenda común acordada entre Petro y Santos bajo la coordinación de Parody.

Son varias las lecturas que se derivan de esta crisis, la peor que se recuerde entre una administración distrital y un gobierno nacional. La primera tiene que ver con hasta dónde está dispuesto a llegar el alcalde Petro en la implementación de su modelo. El uso de la desobediencia de las facultades de los entes de vigilancia puede traer beneficios políticos en el corto plazo pero descuaderna las instituciones en el largo. El rechazo frecuente del Distrito a los empresarios lleva a tildarlos de "mafiosos" y de "paramilitares".

El nivel de agresividad de la administración distrital empieza a tomar tintes preocupantes. Si la Alcaldía consideraba la visita de la Superindustria un abuso o extralimitación, existen caminos legales para tramitar esas quejas como la Procuraduría. En vez de usar su poder como mandatario local para persuadir a los capitalinos de su modelo y para generar confianza en la capacidad del Acueducto de prestar el servicio, el gobierno capitalino promueve marchas en contra de otras entidades y ataques personales.

La segunda compete al manejo de la Casa de Nariño del muñequeo con el gobierno bogotano en el tema de basuras. En este pleito los entes regulatorios y de vigilancia nacional cuentan con sólidos argumentos en dos frentes de debate: el jurídico y el técnico. Por un lado, el gobierno central ha manifestado que la libre competencia rige la capital mientras que hoy en día el Distrito no cuenta con siquiera un vehículo tecnificado de recolección de desechos. No obstante, al trasladar la discusión del plano técnico al ideológico y de persecución política, el Distrito despierta el "patriotismo local" de los bogotanos así como aprovecha la rabia contra los grandes contratistas. Con escándalos de corrupción tan cercanos y traumáticos como el del "carrusel de la contratación", estos sentimientos colectivos no se pueden desdeñar.

El torpe coctel de declaraciones de Parody y la inspección de Robledo mina el más fuerte de los argumentos del gobierno nacional: la protección de los bogotanos frente a un posible deterioro del servicio. También golpea el esfuerzo coordinador de la nueva consejería que ha logrado gestiones como la del cable en Soacha, recursos para movilidad, el hospital San Juan de Dios y las zonas libres de pobreza. Aunque las peleas de Petro con el gobierno Santos vienen de antes de que Parody se posesionara, su condición de exaspirante a la Alcaldía le dan un inevitable tinte político a sus actuaciones.

Pero lo más grave de la 'toma' del Acueducto de la semana pasada es que persiste la incertidumbre frente a la recolección de desechos en la capital. Expertos como Eduardo Behrentz vislumbran un escenario de 'informalización' del servicio de basuras donde lo más probable es que sean recogidas por vehículos no tecnificados. Además de definir el pulso ideológico de la estatización y la libre competencia y el político entre Petro y sus opositores, la crisis entre la Alcaldía y la Casa de Nariño no aclaró dudas ni generó tranquilidad.