Gustavo Petro vs. Alejandro Ordóñez: la batalla final

Este lunes, si se cumple el cronograma previsto, Bogotá sabrá si el alcalde Gustavo Petro es finalmente destituido o si por el contrario gana la batalla judicial. Ese día, a primera hora, el Consejo de Estado se reunirá en pleno para resolver la tutela que interpuso el propio Petro contra el fallo de la Procuraduría que lo destituyó e inhabilitó por 15 años para ejercer cargos públicos. “La idea es que tengamos tiempo para debatir y tener una decisión ese mismo día, así sea en la noche”, le dijo una fuente del Consejo de Estado a SEMANA.

Lo que diga este alto tribunal es definitivo pues si llega a darle la razón a la Procuraduría, el alcalde tendría que dejar su cargo. Y si, por el contrario, le da la razón a Petro, este saldrá fortalecido para dar la otra batalla, la del voto popular, en la revocatoria convocada para el 6 de abril.

Esta es tal vez una de las decisiones más taquilleras que ha tenido en sus manos el Consejo de Estado en los últimos años. Algo parecido a lo que ocurrió hace poco más de un año, cuando decidió que la entonces fiscal Vivian Morales debía dejar definitivamente el cargo porque la manera como la había elegido la Corte Suprema no se apegaba al reglamento.

¿Cómo están las apuestas? Hasta la semana pasada, existía en sectores del Palacio de Justicia la idea de que el fallo le iba a dar la razón a la Procuraduría. “Eso puede quedar 19-6”, decía un magistrado. En primer lugar, por la jurisprudencia del alto tribunal, que ya había avalado a la Procuraduría en el caso de la senadora Piedad Córdoba. En segundo, porque el Tribunal Contencioso de Bogotá ya falló esta tutela y le dio la razón a la Procuraduría. Y en tercero, por un argumento más político que jurídico, y es que el procurador Ordóñez tiene más amigos que enemigos en el Consejo de Estado.

Sin embargo, la ponencia del magistrado Guillermo Vargas Ayala en favor del alcalde Petro movió el tablero de ajedrez. El texto, de 250 páginas, es apenas el borrador que debatirá el Consejo de Estado en pleno. Aunque los consejeros pueden avalar la ponencia, una mayoría de ellos podría también pedir que se cambie el sentido de la misma. Pero por ahora, la ponencia favorable parece poner en ventaja al burgomaestre.

De la ponencia vale la pena destacar dos cosas. En primer lugar, responde a temas que han sido muy polémicos. Por ejemplo, dice que el procurador sí puede imponer sanciones como destituir e inhabilitar a un funcionario público y que eso no va en contravía de lo consignado en la Convención Interamericana de Derechos Humanos. De hecho, menciona el caso de Leopoldo López, que algunos han sacado a relucir como antecedente de que en el marco de la CIDH solo se permite inhabilitar a un gobernante si lo hace un juez penal. El ponente explica que el caso de López es muy distinto al de Gustavo Petro, porque en ese caso la decisión no la tomó una autoridad competente en el ordenamiento interno de ese país y la Procuraduría sí lo es en Colombia.

También, por dar otro ejemplo, responde a la pregunta de si el procurador es el competente para disciplinar al alcalde de Bogotá o el presidente, como algunos lo han querido interpretar de un artículo de la Constitución. El ponente afirma que la decisión disciplinaria es potestad del procurador y que la mención que la Constitución hace del presidente sería para casos excepcionales que la ley debe definir y no lo ha hecho.

Y el segundo punto clave, que viene siendo la columna vertebral de la ponencia, es el análisis del debido proceso. El ponente no solo le da la razón al alcalde Petro sino que plantea que hay una “clara vulneración al debido proceso” y prácticamente despedaza el fallo de la Procuraduría. El texto afirma que la Procuraduría se “equivocó” a la hora de valorar las pruebas pues, dice, no tenía que probar que Petro fue el artífice del cambio de modelo de basuras, sino que el alcalde lo estaba haciendo a sabiendas de que estaba yendo contra las normas de contratación. “Las pruebas –dice el Consejero de Estado– se encuentran dirigidas a demostrar que el Alcalde decidió que el Distrito prestaría el servicio público de aseo, y no que éste determinó la celebración de unos contratos con violación de los precitados principios”.

Esa conclusión del ponente será uno de los temas de gran debate en la sala plena del Consejo de Estado de este lunes, pues en su fallo la Procuraduría se basa en el artículo 48 (inciso 31) del Código Disciplinario que castiga como falta gravísima no solo cuando hay intención de hacer mal un contrato sino también cuando hay ‘desconocimiento’ de las reglas de contratación estatal y de la función administrativa. Ese artículo es el coco de muchos funcionarios públicos a los que no han sancionado por corrupción, sino por ignorancia de las normas.

También es probable que los consejeros discutan hasta dónde puede ir un fallo de tutela. Pues en el caso de la ponencia, según dijeron constitucionalistas a SEMANA, se están valorando las pruebas y el análisis que hizo de ellas la Procuraduría, lo que sería objeto de una demanda de nulidad y no de un fallo de tutela.

En total hay 25 magistrados y se necesitan 15 votos para que el fallo sea, en uno u otro sentido, definitivo. Si la votación queda 13-12 o 14-11 no habrá fallo y el caso tendrá que ser estudiado por conjueces.

Si se da el primer escenario, es decir, si el fallo es definitivo, según fuentes del Consejo de Estado, se debe aplicar. Porque si bien hay otras tutelas pendientes, estas se resolverán en el mismo sentido que la ya fallada. Incluso, muchas que pueden llegar del Consejo Superior de la Judicatura.

Si por el contrario se da el segundo escenario, es decir que no se llegue a los 15 votos , la incertidumbre continuará. Y no se sabe si entonces podrá cumplirse la meta del Consejo de Estado de fallar el caso del alcalde Gustavo Petro antes del 6 de abril.