Piedad para Piedad

Seis años después de haber sido inhabilitada políticamente por 18 años, el Consejo de Estado acaba de rehabilitar a Piedad Córdoba. Contra ella regían dos sanciones impuestas por la Procuraduría de Alejandro Ordóñez: una, de 2010, tenía como principal fundamento el computador de Raúl Reyes, incautado en el mismo operativo que lo dio de baja en Ecuador. Y otra, de 2012, en la que se le acusaba de haber donado 25 millones de pesos a Ricardo Montenegro, uno de sus asesores que se había postulado a la Cámara de Representantes dos años atrás.

El pasado martes, el Consejo de Estado tumbó la inhabilidad por el supuesto aporte a la campaña de su asesor, argumentando que no había elementos probatorios para asegurar que así había sucedido. Dos meses antes, la sala plena de la misma entidad había tumbado la sanción de 18 años argumentando que la cadena de custodia del computador de Reyes se había roto y que, por tanto, no había garantía de que los archivos encontrados eran verídicos. Aunque la decisión que le devolvió a Córdoba la posibilidad de hacer política fue la relacionada con la campaña de su asesor, la que el país recuerda y que más afectó la imagen de la excongresista liberal fue la que la acusaba de participar en la Farcpolítica.

Según la acusación que hizo Ordóñez en su momento, que tuvo un gran bombo mediático, en escritos encontrados en la máquina de Reyes se hacía referencia a una visitante con el seudónimo de Teodora, que en algunas ocasiones mencionaban como la “mujer del turbante”. Dada la cercanía de Piedad Córdoba con Hugo Chávez y su militancia en la izquierda, eso fue considerado inicialmente una prueba reina. En teoría ese personaje estaba haciendo gestiones humanitarias para lograr la liberación de los secuestrados, pero los

e-mails del computador de Reyes mostraban más que esto. En varios de ellos Teodora le aconsejaba a las Farc fortalecer acciones de diplomacia internacional y actuar de manera “hostil” contra integrantes de algunos partidos políticos.

 El fallo que emitió el Consejo de Estado para desvincular a Piedad de la Farcpolítica, que implicó archivar una acusación en el mismo sentido contra el excongresista Wilson Borja, fue políticamente correcto aunque debatible en lo jurídico. No tanto porque los indicios en contra de la exsenadora no constituyan pruebas definitivas, sino porque por indicios menores que esos han acabado en la cárcel varios de la parapolítica. Es el caso del excongresista Luis Alfredo Ramos, preso desde 2013 por cuenta de las declaraciones de un paramilitar que señaló haber aportado a su campaña.

De otra parte, no es la primera vez que el Consejo de Estado se va lanza en ristre contra el exprocurador Ordóñez a echar para atrás algunas de sus decisiones más sonadas. Lo hizo cuando tumbó por ilegal la sanción que este le impuso al exalcalde de Medellín Alonso Salazar por supuesta participación en política mientras desempeñaba ese cargo, y cuando –a mediados de este año– echó para atrás la destitución e inhabilidad que la Procuraduría le impuso al exministro del Interior Sabas Pretelt por la denominada Yidispolítica . A eso se suma que recientemente el magistrado Gustavo Arenas pidió tumbar el fallo del exprocurador que destituyó e inhabilitó por 15 años a Gustavo Petro por las irregularidades en la puesta en marcha del modelo de aseo cuando era alcalde de Bogotá. Por todas las razones anteriores, en los círculos de poder se dice que el Consejo de Estado es el contrapoder de la Procuraduría.

En cuanto a Piedad, las decisiones del Consejo de Estado sobre los cargos que le había hecho Ordóñez implican que ella puede recuperar la carrera parlamentaria que comenzó en 1991 o que, incluso, puede ser candidata presidencial. Lo más probable es que, independientemente de a qué se lance al ruedo, lo haga en el Partido Liberal del cual nunca ha salido.

Por cuenta del escándalo que implicó su destitución en 2010, muchos siguen creyendo que Piedad Córdoba es Teodora. Al fin y al cabo, amigas de las Farc con turbantes no hay muchas. Pero en momentos en que los comandantes de esa guerrilla están a punto de pagar penas leves por incorporarse a la vida civil suena desproporcionado seguir cayéndole a una de las representantes más insignies de la izquierda colombiana. Si van a poder hacer política los que han echado plomo en el monte durante décadas, no tiene sentido que Piedad Córdoba no pueda hacerlo.