“Hablé con vocero de los gaitanistas, quieren someterse a la justicia”: Piedad Córdoba

Piedad Córdoba, la líder de Marcha Patriótica que acaba de recuperar su investidura política después de una larga pausa institucional, está en medio de fuego cruzado.

Hace apenas unas semanas, la Oficina de Envigado le pidió pista al presidente de la República para iniciar un proceso de sometimiento a la justicia, en una carta en la que invitaron a unirse a las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, y en donde pidieron la mediación de la exsenadora Córdoba. 

En diálogo con Semana.com, la líder de Marcha Patriótica confirmó que hay acercamientos en este sentido: “En los últimos días estuve hablando con un vocero de los gaitanistas que me buscó para decirle al Gobierno que quiere someterse a la justicia”.

Por esto, precisamente, la exsenadora manifestó su asombro frente al panfleto que circula en las regiones y que está en poder de las autoridades, en donde las Autodefensas Gaitanistas de Colombia le ponen precio a su vida.

“El día sábado 26 de noviembre del 2016, (…) cuando Miguel Cifuentes Ardila llegó a su hogar encontró debajo de la puerta un panfleto suscrito por el grupo paramilitar Autodefensas Gaitanistas de Colombia por medio del cual se realizan graves señalamientos, amenazas de muerte y ofrece recompensa económica a quien atente contra las vidas de los compañeros Piedad Córdoba Ruiz, Miguel Cifuentes Ardila, Melkin Hernán Castrillón, Iván Madero Vergel, Eladio Antonio Morales Polo, Lilia Peña y Himat Abdalá”, dice la denuncia.

La comunicación señala de “guerrilleras” a estas personas y ofrece una “recompensa de 2 millones de pesos al que logre darlos de baja”.

Esta denuncia coincide con una oleada de amenazas y crímenes en contra de líderes sociales en todo el país. Apenas el viernes, fue asesinada Marcelino Canacue, integrante de Marcha Patriótica en Huila.

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Córdoba manifestó su “extrañeza” por el remitente del panfleto, ya que las amenazas que dice haber recibido –la última fue este domingo- vinieron de parte de las Águilas Negras. “Difícilmente van a hacer que por unas amenazas, personas como yo se paralicen”, indicó.

La exsenadora atribuye las intimidaciones a toda su labor, y la de Marcha Patriótica, en relación con los acuerdos de paz. Manifestó que en los últimos días fueron asesinados varios líderes sociales y que han rechazado y denunciado los hechos.

“Me da miedo que me pase algo a mí o a mi familia. Inclusive han estado diciendo que podrían secuestrar a mi hija o a mi nieta, pero lo fundamental en eso es que no sea un miedo paralizante”, dijo.

Y agregó: “Hace rato me siento amenazada. Es un estado normal. Por eso digo que es muy importante que la gente del No desarme la palabra porque el país está muy polarizado, lleno de odio y cualquier persona se siente con el derecho de hacernos daño”.

A la exsenadora Piedad Córdoba ser facilitadora de la liberación secuestrados por las FARC le costó su curul en el Congreso. En una controvertida decisión, el 27 de septiembre del 2010, la Procuraduría decidió destituirla de su cargo por, supuestamente, tener vínculos con las FARC. La sanción fue anulada por el Consejo de Estado en octubre seis años después.

Ahora, y en el marco de un proceso de paz con las FARC, parece que la excongresista no quiere abandonar su papel como mediadora, sólo que esta vez lo sería con las bandas criminales.

Por no ser consideradas parte del conflicto armado, el desmonte de bandas criminales sólo se puede hacer a través del sometimiento a la justicia y están excluidas de beneficios adicionales concedidos en el marco de un acuerdo de paz. Sin embargo, en los nuevos acuerdos de La Habana se incluyó una cláusula que establece que en el marco de la justicia ordinaria se facilitarán las herramientas judiciales para el desmonte de las bandas de crimen organizado, esto con el fin de evitar el rearme y crecimiento estructuras de crimen organizado.  

“En el marco de la justicia ordinaria y con el fin de contribuir a la lucha contra las organizaciones criminales de que trata este punto, fortalecer las garantías de seguridad en los territorios, y facilitar la creación de condiciones favorables para la construcción de la paz, el Gobierno Nacional en coordinación con la rama judicial, presentará un proyecto de ley para promover el sometimiento o acogimiento a la justicia de las organizaciones antes señaladas, mediante el procedimiento legislativo especial para la paz”, dice el documento.

No obstante -según Córdoba-, hasta el momento no hay nada definido pues “es una decisión que tiene que tomar el Gobierno”. 

Pese al altísimo costo político que pagó en el pasado, Córdoba confirmó que quiere ser la mediadora entre esas estructuras criminales y el Gobierno: “Si mis oficios son útiles para lograr eso, lo haré con muchísimo gusto”, aseguró.