PIEDRA EN EL ZAPATO

A pesar de todo lo que se ha dicho sobre el conflicto entre la multinacional mexicana ICA y la Alcaldía de Bogotá no existe claridad sobre el problema. Los bogotanos apenas alcanzaron a darse cuenta de que obras de repavimentación _como la de la carrera séptima_ empezaron a deteriorarse pocas semanas después de terminadas. Acostumbrados a que en el pasado los contratos de reparación de vías eran objeto de todo tipo de desfalcos, los capitalinos llegaron a la conclusión de que esta no era más que una vieja historia repetida. Pero esta conclusión podría ser apresurada, pues a pesar de que el contrato con ICA tiene problemas no necesariamente es perjudicial para la ciudad.
Todo comenzó en la alcaldía de Antanas Mockus, cuando se decidió entregar en concesión a una sola empresa la recuperación de la malla vial. Entonces había más de 20 firmas que prestaban sus servicios por separado al Distrito. Al unificar el contrato era posible encontrar una firma que respondiera por todo el trabajo a un precio menor. De hecho, ICA ofreció recuperar cada metro cuadrado en 7.000 pesos, mientras antes los trabajos costaban entre 30.000 y 60.000 pesos por metro cuadrado. Semejante diferencia de precio era posible porque ICA produce el asfalto en una planta propia y no tiene que comprarlo a terceros.
La administración de Mockus planeó hacer un inventario del estado de las vías antes de licitar para su recuperación. Se trataba de saber qué obras eran necesarias para cada calle y que los contratistas supieran a qué atenerse. Pero este inventario nunca se hizo. Como dijo a SEMANA Ernesto Carrasco, actual veedor del Distrito, "eso nunca se cumplió, y de hecho la personería distrital fundamenta uno de los cargos para suspender a la actual directora del IDU, María Elvira Pérez, en no haber hecho ese estudio". Pérez, quien fue secretaria de Obras de la administración Mockus, fue suspendida por 90 días de su cargo la semana pasada. Según Carrasco, "ella no contrató el inventario de las vías y sin embargo dio inicio a la licitación". Aún así, la administración arrancó el proceso, asegurando que un 70 por ciento de la malla vial necesitaba solamente una intervención de nivel 1, que consiste en aplicar tan solo una capa de asfalto. El nivel 2 requiere raspar y luego aplicar asfalto; el nivel 3 implica fortalecer el suelo con grava y cemento, y el nivel 4 hacer excavaciones profundas por la presencia de arcillas expansivas que deben sacarse y rellenar con grava y cemento. La licitación se hizo bajo el supuesto de que sólo un 5 por ciento requería nivel 4.
Así comenzaron las labores de la empresa, hasta que se descubrió la realidad: un 70 por ciento de la malla vial de la ciudad requiere nivel 4. Vías como la Avenida Boyacá deben ser totalmente reconstruidas. Los 110 millones de dólares que se pactaron para recuperar los 10 millones de metros cuadrados de malla vial resultaban insuficientes. Como era de esperarse, las primeras repavimentaciones de nivel 1 se agrietaron rápidamente.
Fue entonces cuando ICA ofreció renegociar el contrato con la administración Peñalosa. La empresa propuso recuperar por el mismo precio pactado sólo 6,5 millones de metros cuadrados. Aunque la administración ha sido receptiva en este sentido se ha encontrado con un obstáculo: el Concejo de Bogotá. Si bien se desconocen las razones por las cuales algunos concejales se oponen a la renegociación, es claro que el contrato con ICA cambió completamente las reglas de juego en los mecanismos de contratación del Distrito. Y que con eso se pisó más de un callo.
Pero, además, en la discusión hay un alto contenido político. Como dijo a SEMANA el veedor distrital "la actitud del Concejo no se compadece con la mejor solución al conflicto para la ciudad El Concejo parece estar más interesado en cobrarle los errores a la administración pasada, que en la misma ciudad".