Planes de papel

La casa de Julio Cárdenas en el barrio residencial Laureles, en Medellín, tiembla todos los fines de semana por el ruido desde que hace año y medio la Alcaldía autorizó abrir una discoteca en el lote vecino. En Villavicencio, Gloria Rosas espera la época de lluvias armada de un balde y un par de botas para sacar las aguas que vienen de la calle y que deberían correr por el acueducto que estaba proyectado para hace tres años. Como ellos, millones de colombianos viven en ciudades sumidas en el desorden por la falta de planificación.

Para contrarrestar el caos y dado que en menos de 40 años se triplicó la población urbana, en 1998 el Congreso adoptó una revolucionaria ley: la de Ordenamiento Territorial. Esta creó los Planes de Ordenamiento Territorial, POT, para evitar que las políticas de crecimiento de las ciudades cambiaran al vaivén de los alcaldes de turno.

Pero las expectativas de organizar las ciudades con una mentalidad de largo plazo pronto se vieron frustradas. Hoy, cuando se cumplen seis años de aprobada la Ley de Ordenamiento Territorial, todos los municipios del país ya tendrían que haber construido obras de infraestructura de espacio público y servicios proyectadas en sus respectivos POT y haber delimitado las zonas para vivienda, desarrollo industrial y comercial, entre otras.

Nada de lo anterior ha sucedido. El 10 por ciento de los municipios ni siquiera ha elaborado sus planes y en buena parte de los restantes, los POT están en revisión o las obras no han comenzado. Las buenas intenciones quedaron en el papel y el ordenamiento territorial volvió a ser el caballito de batalla de las campañas políticas.

Son varios los factores que han hecho que los POT estén naufragando. En la ley se estableció que los desembolsos de dinero de regalías y los subsidios de vivienda sólo se entregarían a los municipios que tuvieran sus POT aprobados. Para esta tarea se les dio un plazo de 18 meses. Por eso, algunos funcionarios se apresuraron a escribir documentos vacíos de contenido, pero suficientes para cumplir el requisito impuesto. En otros se contrataron por grandes sumas equipos de urbanistas que exprimieron los presupuestos municipales.

Lo anterior creó una feria de consultorías que, en muchos casos, fueron realizadas por profesionales no idóneos que hicieron su agosto cobrando entre 50 y 600 millones de pesos dependiendo del tamaño de la ciudad. En algunos casos, los alcaldes descubrieron que los habían tumbado y que los planes diseñados no se ajustaban a las necesidades sociales y económicas de sus ciudades. Este fue el caso de Pereira. "Fue muy ambicioso y su posibilidad de ejecutarlo era inviable", explica Martha Alzate, secretaria de Planeación de la ciudad.

La viveza de algunos de los consultores fue más evidente en los departamentos más aislados del país. En Amazonas, por ejemplo, un equipo de contratistas privados viajó por todo el departamento vendiendo a los alcaldes un mismo 'formato' de POT. Por esta razón, la mayoría de sus pueblos tienen planes iguales que no corresponden a sus necesidades.

Para subsanar los errores, el Ministerio del Medio Ambiente ha emprendido la tarea de evaluar los POT. "Estamos poniendo en marcha el Expediente Municipal de Control y Evaluación para hacer seguimiento a los planes de ordenamiento, ante el bajo impacto que estos han causado", señala Sandra Forero, jefe de la Dirección de Desarrollo Territorial. Sin embargo, la capacidad de gestión del Ministerio es muy reducida para coordinar y evaluar desde Bogotá los procesos de planeación de más de 1.000 municipios.

Otro factor que tiene tambaleando a los POT, es la mala interpretación hecha de un artículo de la ley que abrió la puerta para que estos puedan ser revisados y modificados antes de 10 años. En la medida en que muchos gobernantes han querido adaptar los planes a sus visiones de ciudad, son varias las capitales en las que deliberadamente se ha ido en contravía de los principios de continuidad que deben regir la planeación urbana. En la actualidad las seis principales ciudades del país están revisando sus POT.

En el caso de Bogotá, el plan de ordenamiento fue aprobado en el año 2000 y a menos de cuatro años de su promulgación ya ha sido cambiado estructuralmente. Así la ciudad corre el riesgo de volver a los tiempos en los que las obras se hacían y deshacían de acuerdo con la voluntad de cada alcalde.

En Cali, la situación también es preocupante. Aun cuando el POT fue aprobado en 2000, las dos últimas administraciones aún no han definido las normas mínimas de planeación de la ciudad. Esto ha generado desconcierto entre sectores específicos como el de la construcción, que al no tener reglas claras sobre los usos del suelo, ni siquiera sabe dónde puede desarrollar sus proyectos y dónde no.

En algunos de los municipios más pequeños la corrupción ha malogrado la ejecución de los POT. Esto pasó en San Andrés, Santander, donde la alcaldía contrató asesores para que realizaran tres planes de ordenamiento diferentes por casi 50 millones de pesos cada uno.

A seis años de haber logrado sacar adelante la Ley de Ordenamiento Territorial, la gran oportunidad de reordenar el caos generalizado de las ciudades está a punto de colapsar. Y lo que está en juego no es poco. Es la calidad de vida de Julio Cárdenas en Medellín, de Gloria Rosas en Villavicencio y de los otros 30 millones de colombianos que viven en las zonas urbanas.