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A la distancia, destellan los cultivos de marihuana en las montañas del Cauca. Fotos: Policía Antinarcóticos. | Foto: Archivo particular

INVESTIGACIÓN

Corinto ya vive sin luz y otras reacciones a propuesta antidrogas del fiscal

SEMANA habló con el alcalde de este municipio en el Cauca, Edgar García, y otros expertos sobre las ideas que tiene el fiscal para frenar los cultivos de drogas. "En racionamiento estamos desde hace cuatro años. Esto no es nuevo, sufrimos de racionamiento obligado", dice el mandatario.

4 de noviembre de 2018

En las montañas del Cauca salta a la vista una verdadera contradicción. En las noches destellan a lo lejos bombillos de neon que parecen caseríos. A pesar de que cualquiera los puede ver, lo que se esconde detrás de estas imágenes es la producción de una de las sustancias de uso ilícito más vendidas en Colombia y que el Estado ha sido incapaz de frenar durante años. 

Los cultivos de marihuana crecen en esta región en plantaciones de tipo invernadero, cuyas matas son alumbradas por luces que repotencian su crecimiento hasta tres veces. Por una libra de esta marihuana cripy o ‘gourmet‘ se pueden pagar hasta 2 millones de pesos en Bogotá. 

"La propuesta del fiscal sería inviable si no se ponen en marcha los programas de sustitución previamente", alcalde de Corinto


Para frenar su incremento, el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, envió esta semana una propuesta al presidente Iván Duque y al Consejo Nacional de Estupefacientes, en donde pide que en estas zonas se hagan cortes del servicio de energía eléctrica y se restrinja la venta de plantas eléctricas. Una estrategia que causó polémica y que viene acompañada de otras medidas de "disrupción" para zonas cocaleras, que apuntan a restringir el acceso a la gasolina y al cemento. 

Aunque cualquier propuesta para luchar contra el narcotráfico llega en un momento propicio por el histórico incremento de los cultivos en Colombia, la del fiscal general levantó ampolla porque apunta a endurecer el control de insumos -que son de libre acceso para la gente- en zonas en donde hay una débil presencia del Estado.  SEMANA consultó las opiniones de diferentes actores involucrados en la problemática, que coinciden en que la estrategia de lucha contra las drogas del país debería ser integral, sin tener que quitarle acceso a bienes y servicios a comunidades ajenas a las actividades ilegales.

Un primer frente espinoso en el proyecto del fiscal tiene relación con los invernaderos de marihuana, los cuales se ubican principalmente en los municipios de Corinto, Caloto y Miranda, en el Cauca. La expansión de estos cultivos se calcula en 36 de los 42 municipios del departamento. La medición de las Naciones Unidas encontró 507 kilómetros cuadrados bajo alerta lumínica por posible presencia de este tipo de invernaderos ilegales.

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"El Estado debería preocuparse por lo contrario: no por quitar sino por llevar electricidad a las zonas donde hay economías ilegales. La mayoría de estas zonas no tienen conexión eléctrica y viven pegados de una planta. Llevar desarrollo a las regiones debe ser el fin, pero es ingenuo pensar que porque les quiten la luz van a dejar de operar, las organizaciones ilegales siempre encuentran una forma de movilizar la planta o la gasolina o trasladar el negocio para otro lado", explica el investigador Daniel Rico. 

Según el alcalde de Corinto, Édgar García, aunque es difícil tener cifras exactas, se calcula que 1.870 familias viven de la siembra ilícita en la zona, de las cuales 1.300 le apuestan a la marihuana. Estos cultivos se caracterizan por estar ubicados en pequeñas plantaciones de máximo 500 metros cuadrados; son tantos cultivos y tan dispersos que su desmantelamiento es todo un desafío, al que se suma el hecho de que están camuflados en zonas de resguardos indígenas y en cultivos de marihuana medicinal. 

Pese al problema, el alcalde de la población se opone a la propuesta del fiscal de quitarles la luz a estas siembras. Y la razón es que precisamente el incremento de estas plantaciones derivó en que desde hace cuatro años la población sufra por los frecuentes cortes de energía ocasionados por la sobrecarga en el sistema eléctrico.

"En racionamiento estamos desde hace cuatro años. Esto no es nuevo, sufrimos de racionamiento obligado. La compañía eléctrica dice que el sistema se sobrecarga por los cultivos de marihuana, y esto ha llevado a que estemos sin luz por más de 10 horas, frecuentemente pasamos dos o tres horas al día sin energía", explicó el mandatario regional.

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Los negocios legales resultan poco rentables en este municipio, por ello, la población fue volcando su producción a los cultivos ilegales. "La propuesta del fiscal sería inviable si no se ponen en marcha los programas de sustitución previamente. La gente siembra marihuana y coca, no porque quieran sino porque no hay otra alternativa; el café no da la rentabilidad que se necesita, las plantaciones frutales, de pancoger no dan para que la gente subsista", explica el alcalde, quien reclama que antes de cualquier intervención se invierta en medidas sociales. 

Actualmente, el tráfico y consumo de marihuana va en aumento en Colombia; según el último estudio nacional de consumo entre estudiantes, los jóvenes consumidores de esta sustancia pasaron de un 6,9 por ciento a un 7,8 por ciento. Además, la Fiscalía revela que este tipo de marihuana cripy se ha vuelto el motor para el mercado ilegal de armas en favor de organizaciones ilegales: tres libras se pueden cambiar por una pistola y por 8 libras se recibe un fusil. 

Para algunos, el debate de fondo debería ser el salto que están dando países como Canadá o Uruguay que se la jugaron por la legalización de la marihuana. Pero en materia de política de drogas, la apuesta de Colombia es en otro sentido: recientemente se implementó el decreto que prohíbe el porte de sustancias en las calles, incluso, si su cantidad no supera la dosis mínima. "Es un debate de coherencia, mientras en Canadá venden marihuana regulada, con impuestos, acá estamos pensando en quitarle la luz a la población. Necesitamos la luz para que nos demos cuenta que la marihuana puede ser un bien de consumo regulado que genere ingresos. Deberíamos mirar lo que están haciendo los demás", dijo Rico. 

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El Cauca está en medio del doble fuego: por un lado golpea la marihuana y por el otro la cocaína. Por ello, el gobernador Óscar Rodrigo Campo, respaldó la medida propuesta por el fiscal siempre que no afecte a la población que está por fuera de la ilegalidad. "No puedo decir que dejen sin energía la cabecera municipal de Toribío, pero sí puedo decir que la fuerza pública haga protección a la infraestructura del fluido eléctrico para que la empresa pueda desconectar todo lo que ilegalmente está prendido al circuito. La disrupción que propone el fiscal se centra en quitarle la energía a los cultivos hidropónicos", precisó el mandatario. 

Cemento y gasolina

El otro frente de la propuesta de Martínez es el que busca frenar la venta de insumos como la gasolina y el cemento en zonas cocaleras. Esta iniciativa lleva por lo menos 20 años dando vueltas en las normas colombianas, sin que hasta ahora se hayan podido tomar decisiones que lleven a su efectiva implementación. El Ministerio de Justicia cuenta con una s
ubdirección de Control y Fiscalización de Sustancias Químicas y Estupefacientes, que mediante resolución ha empujado iniciativas alrededor del tema, aunque en algunos momentos se han terminado echado para atrás. 

Por ejemplo, en 2010 decidió posponer 
la obligación de fijar cupos de distribución de gasolina y ACPM a las estaciones de servicio, automotrices y fluviales ubicadas en los municipios de mayor afectación por presencia de cultivos ilícito. En 2011, incluyó en sus planes la elaboración de un análisis de la situación de demanda real de combustibles en los municipios considerados como zonas de mayor afectación por presencia de cultivos ilícitos.

Producto de ello, la Fiscalía recoge una de sus alertas que revela que en los últimos tiempos el incremento del tráfico de sustancias químicas sometidas a control se ha elevado en un 800 por ciento al mes. Uno de los focos más alarmantes está en Nariño. Municipios como 
Barbacoas pasaron de consumir 1,9 millones de galones de combustible en 2015 a 3,3 millones en 2017; es decir, Barbacoas consume más gasolina que Medellín. El incremento además guarda proporción directa con el aumento de narcocultivos: de 1.330 en 2015 pasaron a 3.359 en 2017.

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"Si ya está tipificado como delito el contrabando de insumos y precursores químicos uno lo que quisiera conocer es a cuántas estaciones de servicio les han aplicado la norma, cuántas han sido objeto de procesos de extinción", reclama Rico. Para el investigador estas medidas, podrían llamar a reflexiones desde la ética de un Estado que no debería restringir el acceso a sustancias de uso común a las comunidades. "Se deberían aplicar restricciones al ácido sulfúrico o al permanganato de potasio, que no son sustancias que la gente comúnmente necesita y son claves en la producción de cocaína", dijo.

"Hay uso exagerado de cemento y de gasolina en algunas zonas, a veces sin que haya parque automotor que haga ese requerimiento. Puede ser efectivo un trabajo de disrupción, pero debe acompañarse con estrategias para afrontar los dramas sociales que hay en territorios como el nuestro", gobernador del Cauca.

En el mismo sentido se pronunció el investigador de Ideas para la Paz, Juan Carlos Garzón, quien explicó que ha habido intentos en el pasado de cortar el flujo de insumos necesarios para los eslabones de narcotráfico, pero estas medidas resultan "problemáticas" porque esas decisiones "aunque están enfocadas en atacar la criminalidad terminan afectando a la comunidad". "Esto podría ser un golpe fuerte para las zonas, pero transitorio en términos de mercado ya que las actividades ilícitas se desplazan fácilmente", puntualizó Garzón.

En medio de la controversia poco se habla de lucha contra la corrupción. En muchas poblaciones golpeadas por el narcotráfico las vías de acceso son escasas, y aún así siguen saliendo toneladas de droga al resto del país, sin que se conozca quiénes son los responsables de dejar pasar los cargamentos. Una razón más para creer que la primera asignatura pendiente que tiene Colombia en materia de lucha contra las drogas está en el control territorial efectivo.