Finalmente, Saludcoop no pasó al tablero de la justicia

Este miércoles iba a ser el día en que por fin Carlos Gustavo Palacino y el exrepresentante Holguer Díaz, dos de los señalados protagonistas del desangre a la EPS más grande del país, tenían un capítulo concluyente en la justicia. Sin embargo, después de un lustro de destaparse el escándalo, ambos casos tendrán que esperar.

Por una nulidad del proceso penal, que ya fue rechazada por la Fiscalía, la indagatoria del expresidente de Saludcoop se tuvo que posponer. Esta citación es clave porque en ella, el ente acusador busca cerrar el cerco de la investigación y definir la situación jurídica de Palacino frente a la supuesta desviación de recursos de la salud entre e2002 y 2003. Aún no hay nueva fecha.

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Mientras tanto, en el centro de la ciudad, el Consejo de Estado comenzará la discusión de una polémica ponencia que pide salvar la investidura al excongresista Holguer Díaz, señalado de haber sido parlamentario a sueldo de la EPS para beneficiarla en el trámite de la reforma a la salud. Así se desprende de la hasta ahora considerada “prueba reina” en la que el exrepresentante de Santander le envía a Palacino una cuenta de cobro; sin embargo, para el magistrado ponente Carmelo Perdomo Cuéter, esta no es suficiente.

En el documento, entregado a la sala plena del Alto Tribunal, el magistrado considera que no hay evidencia para demostrar que el dinero realmente se pagó a las cuentas de Salud con Calidad Ltda, a la que estuvo vinculado Díaz antes de ser congresista. En consecuencia, le pide a sus compañeros que no se decrete la muerte política del exparlamentario y excandidato a la Gobernación de Santander.

El mencionado mensaje es enviado en noviembre del año 2010 del correo electrónico holgerdíaz@hotmail.com a Carlos Gustavo Palacino. Dice: “Buenas noches, te envío el texto definitivo del proyecto aprobado en las comisiones séptimas, te quiero molestar porque hace dos meses, no han vuelto a consignar, NIT 804010319-3. Muchas gracias. Holger”.

"Tenemos al frente una prueba clave, ya que proviene de la cuenta personal del exrepresentante que es un funcionario público en ejercicio. Allí le recuerda los pagos pendientes a Palacino lo que constituye a una prueba de confesión", indicó el demandante Pablo Bustos, representante de la Red de Veedurías Ciudadanas.

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El análisis de este punto será el que más debate promete despertar en la Sala Plena del alto tribunal. De entrada se prevé que el expediente sea pedido en rotación para verificar si de oficio se adelantó el trámite para verificar que en efecto estos dineros no hayan entrado a las cuentas del parlamentario. 

En este caso fue citado a declarar a Carlos Gustavo Palacino, cuya declaración fue cuestionada por la Procuraduría quien señaló al expresidente de Saludcoop de padecer amnesia. Ante el Consejo de Estado, Palacino asegura que “no se podría decir que el excongresista fuera su amigo" y precisó que no tuvo tratos fuera de los tres o cuatro encuentros sucedidos durante el trámite de la ley. Sin embargo, otra cosa fue lo que dijo ante la Procuraduría, organismo en donde reconoció tener una amistad con Díaz de varios años.

Además de tráfico de influencias, Bustos pide la muerte política de Díaz por conflicto de intereses ya que la esposa de Díaz trabajaba para Saludcoop y por esta inhabilidad el entonces representante tenía que apartarse de los debates de reforma a la salud. Sin embargo, en este cargo, el magistrado Perdomo indica que tampoco se configuró, teniendo en cuenta que la esposa del excongresista renunció días antes de que comenzaran las discusiones en el Congreso.

La postura del magistrado es contraria a lo solicitado por la Procuraduría, que pidió que por ambos cargos se declarara la “muerte política” del exrepresentante del PIN. Para el Ministerio Público, es claro que se configuró un conflicto de intereses porque su esposa Claudia Lucía Quiroz tenía un vínculo laboral como gerente regional de Saludcoop y tuvo un incremento de sueldo de 9 a 17 millones de pesos. Aunque posteriormente aseguró que renunció por cuenta del proyecto de ley en cuestión, durante el trámite se probó que recibió una bonificación en enero de 2011 por 17 millones de pesos.

Para el denunciante, este vínculo laboral no desapareció en 2011, y asegura tener soporte de esta relación laboral entre los años 2004 al 2014.

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La ponencia también cuestiona a Bustos por no formular interrogatorio a Carlos Palacino, persona que él mismo pidió citar y quien asistió al Consejo de Estado. Bustos al respecto responde esto no era obligatorio. “El proceso debe seguir adelante. La función del magistrado no es contemplar solo lo que aporten las partes sino la búsqueda de la verdad ordenada por el propio ponente".

Díaz, durante este largo proceso en el Consejo de Estado, que comenzó a mediados de 2014, viene insistiendo en que siempre actuó dentro del marco de la ley y que hay insuficiencia de evidencias para sancionarlo. Incluso, señaló que su correo electrónico fue clonado.

Por lo pronto, la ponencia de Perdomo genera tantas dudas de sus compañeros, que esta recta final apenas comienza. No se descarta, incluso, que en caso de hacer falta se ordenen otras evidencias de oficio, so pena de que se tenga que reabrir el debate probatorio.