Esta es la tutela que le cuesta un 'carcelazo' al gobernador de Chocó

Por orden del Tribunal Administrativo de Chocó, el gobernador de Chocó tendrá que cumplir una orden de arresto por cinco días. La razón: haber incumplido una orden judicial para pagar unas acreencias laborales a un celador que hacía parte de la nómina de la administración departamental.
 
La víctima, que había cumplido labores de vigilancia durante 33 años en el Instituto Agrícola de Bojayá (Chocó), llevaba esperando casi una década para que el ente territorial cumpliera la condena que le impuso el Tribunal Administrativo de ese departamento. La decisión iba encaminada a que la entidad le restableciera derechos sobre el pago de vacaciones, primas, horas extras, bonificaciones y otros conceptos que dejó de cancelarle durante años.
 
El protagonista secundario de esta historia trabajó como celador para este ente territorial entre el 5 de junio de 1982 y el 1º de abril del 2005. Sin embargo, sólo en el 2002 fue vinculado laboralmente y afiliado al sistema de seguridad social.
 
Ya desde 1999 el empleado empezó a reclamar lo suyo. Ese mismo año, el Fondo Educativo Regional de Chocó le negó el pago de la acreencias. Por eso, interpuso una acción de nulidad y restablecimiento del derecho ante el Tribunal Administrativo del Departamento.
 
En el 2003, esa corporación anuló el acto administrativo y ordenó el pago de acreencias laborales que le adeudaba el ente territorial al accionante. En esa oportunidad, condenó a la Gobernación a pagarle al celador primas de Navidad, de servicios, bonificación por servicios prestados, horas extras, recargos nocturnos, intereses de cesantía, dotaciones y vacaciones.
 
Tres años más tarde, se vio obligado a interponer una demanda ejecutiva para que se hiciera efectivo el pago. Se cumplió otro trienio y la orden de indemnizarlo seguía sin ser atendida. Por eso presentó una acción de tutela ante un juez administrativo de Quibdó (Chocó), exigiendo el cumplimiento de la sentencia.
 
Esa decisión le permitió al excelador recibir parte del pago. En el 2011, la Gobernación ordenó que se le cancelaran cerca de 21 millones de pesos. Dado que todavía estaba pendiente la cancelación de otros 30 millones de pesos a su favor, el ciudadano nuevamente acudió a la tutela ante el Tribunal Administrativo de Chocó, pero esta vez en vano.
 
La Corte Constitucional, al revisar ese proceso, ordenó que se hiciera efectivo el cumplimiento de la sentencia. La Gobernación, sin embargo, se repitió en los incumplimientos; el tutelante no tuvo otro remedio que iniciar el incidente de desacato.
 
Finalmente, esa corporación jurisdiccional concluyó que, en efecto, el ente territorial había desatendido una orden judicial. De ahí la orden de arrestar durante cinco días al gobernador Efrén Palacios. Veremos si esta determinación es los suficientemente ejemplarizante para que, en el futuro, los funcionarios en mora de cumplir fallos judiciales se ocupan de esos asuntos con mayor detenimiento.

La orden de arresto apareció un día antes de que el mandatario se presentara a una audiencia de imputación de cargos por parte de un fiscal delegado ante la Corte que lo requirió por varios delitos asociados a presuntas irregularidades en contratación en salud. Semana.com se comunicó con el gobernador, quien dijo estar ya cumpliendo la orden de arresto, pero aseguró no saber por qué está en esa situación.