POR QUE PIDE E.U. A LOS RODRIGUEZ?

Cuando los senadores Luis Guillermo Giraldo, Germán Vargas Lleras y Claudia Blum presentaron un acto legislativo para revivir la extradición nadie apostaba cinco centavos por esa iniciativa. Aunque finalmente fue aprobado un artículo que contiene grandes limitaciones y un texto que muy pocos entienden, el hecho es que la decisión de la comisión primera del Senado abrió una puerta que antes estaba cerrada.
La votación de 11 contra ocho, favorable a la extradición, fue adoptada pese a que durante los debates y en declaraciones a los medios de comunicación tres ministros y el propio presidente Ernesto Samper expresaron opiniones muy confusas.
Así, antes de viajar al Lejano Oriente, el jefe de Estado dijo que el debate sobre la extradición era inoportuno. El ministro del Interior, Horacio Serpa, dio dos opiniones diferentes sobre ese tema en menos de 30 días: el 17 de septiembre dijo en el Senado que a lo largo de su vida había estado en desacuerdo con la extradición de nacionales colombianos. Pero a mediados de octubre dijo que "la extradición puede ser un instrumento útil para la lucha contra el narcotráfico dentro de un acuerdo multilateral (...)". Por su parte la canciller, María Emma Mejía, sostuvo que más que la extradición "se requiere de otras herramientas judiciales, de otras armas manejadas en el concierto internacional, como la cooperación judicial". Luego agregó que la prioridad del gobierno era la aprobación de los proyectos de fortalecimiento de la justicia y el sistema carcelario y sugirió que el debate sobre la extradición podía esperar hasta el año entrante. En la otra orilla, prácticamente solo, se quedó el ministro de Justicia, Carlos Medellín, quien asumió una posición radical en favor de reimplantar la extradición.
Si la modificación del artículo 35 de la Constitución, que prohíbe en forma expresa la extradición de nacionales, hubiera sido negada, el tema habría quedado enterrado en forma definitiva. Por eso ahora, tras la apretada votación y pese a que todavía faltan siete etapas para que la extradición reviva en el país, es evidente la preocupación de los abogados de muchos narcotraficantes, que empiezan a sentir pasos de animal grande en los recintos del Congreso. El documento secretoTodo esto ocurre en momentos en que el gobierno colombiano se ve a gatas para responder a una solicitud oficial de extradición, presentada hace cerca de cuatro meses por la fiscal de Estados Unidos, Janet Reno, contra los hermanos Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela, Helmer Herrera Buitrago y Juan Carlos Ramírez Abadía, alias 'Chupeta'. La extradición de los cuatro principales jefes del cartel de Cali, pedida el pasado 2 de julio por medio de una nota verbal, pareció ser una más de las tantas exigencias que las autoridades de ese país le han formulado al gobierno de Colombia en los últimos dos años. Por eso pasó relativamente inadvertido el hecho de que, por primera vez, la justicia estadounidense reveló el voluminoso expediente que contiene las pruebas recopiladas durante los últimos 10 años contra los Rodríguez y compañía. Se trata de un documento secreto, de 535 páginas, entregado al Ministerio de Relaciones Exteriores y conocido en forma exclusiva por SEMANA.
El tema de la solicitud de extradición pareció quedar cancelado cuando el presidente Samper y el ministro de Justicia, Carlos Medellín, emplearon dos argumentos para desestimar la petición norteamericana: que el tratado de extradición no está vigente y que la extradición fue prohibida en forma expresa por la Constitución de 1991.
Sin embargo ahora, más de 100 días después de presentada oficialmente la solicitud de extradición de los jefes del cartel de Cali, las respuestas verbales del jefe de Estado y de su Ministro de Justicia parecen haberse quedado cortas porque la petición de la fiscal Reno requiere un pronunciamiento formal del gobierno colombiano, el que hasta ahora no se ha producido.
Y es que un asunto relativamente fácil de manejar, en virtud de que no existen instrumentos legales para extraditar ciudadanos colombianos a Estados Unidos, parece haberse enredado más de la cuenta. SEMANA conoció el cruce de cartas entre los ministerios de Justicia y Relaciones Exteriores y la Fiscalía General de la Nación, en el que queda claramente en evidencia que la Cancillería se ha abstenido de fijar la posición oficial del gobierno respecto de la solicitud de extradición de Estados Unidos.
Así, el 19 de julio, dos semanas después de que el embajador Myles Frechette entregara las notas verbales 459, 460, 461 y 462 y cinco enormes fólderes que contienen la pruebas que justifican las solicitudes de extradición, la oficina jurídica de la Cancillería envió la petición al Ministerio de Justicia para que éste se pronunciara.
En su carta, de escasos cuatro párrafos, el Ministerio de Relaciones Exteriores citó los antecedentes del tratado de extradición suscrito en 1979 entre Colombia y Estados Unidos y que la Corte Suprema de Justicia declaró inexequible en 1986. Sin embargo, en su comunicación al Ministerio de Justicia la Cancillería no fijó posición alguna sobre la petición estadounidense.
El 19 de julio, cinco días más tarde y después de que el Ministerio de Justicia se abstuviera de hacer un pronunciamiento por carecer de competencia, el Ministerio de Relaciones Exteriores le dirigió una carta al fiscal general, Alfonso Valdivieso, en la que le pidió que tramitara las pretensiones de su homóloga, la fiscal Reno.
Valdivieso respondió negativamente en una comunicación que envió a la Cancillería el 6 de agosto pasado. En su mensaje el jefe del ente acusador dijo que su despacho no podía dar vía libre a la solicitud de Estados Unidos, porque la oficina jurídica de ese Ministerio no aplicó las normas contenidas en el Código de Procedimiento Penal y por ello no dijo cuál era el instrumento jurídico aplicable en estos casos.

En la encrucijadaFuentes diplomáticas consultadas por SEMANA aseguraron que en este tema de la solicitud de extradición de Estados Unidos el gobierno colombiano se encuentra en una encrucijada, porque si responde que el derecho interno tiene prevalencia sobre los tratados internacionales estaría sentando un precedente jurídico muy difícil de manejar. "Una posición oficial en este sentido sometería al país a un interminable debate que, incluso, pondría en serio peligro otros tratados suscritos con otras naciones, como Nicaragua", dijo un experto internacionalista.
Lo cierto es que la gran cantidad de pruebas aportadas parecen indicar que la Fiscalía de Estados Unidos está armada hasta los dientes para procesar a quienes integran la cúpula del cartel y que hoy están tras las rejas en Colombia. De acuerdo con el dossier secreto conocido por SEMANA, a los hermanos Rodríguez Orejuela y a Herrera la Fiscalía norteamericana los acusa de introducir cerca de 230 toneladas de cocaína entre 1983 y 1995. Además la fiscal Reno les formuló ocho cargos a cada uno, entre los que están narcotráfico y lavado de dólares (ver gráfico). Los tres capos del cartel de Cali fueron llamados a juicio el 2 de junio de 1995 por un Gran Jurado Federal reunido en Miami, condado de Dade, en el distrito sur de la Florida. "Mientras que Gilberto Rodríguez Orejuela _dice el documento de la Fiscalía norteamericana_ supervisa todas las operaciones de la organización y ejerce una profunda influencia sobre las labores del consorcio, Miguel Rodríguez Orejuela es el jefe de operaciones (...). La facción Rodríguez Orejuela opera y controla varias células o componentes en Estados Unidos, en Centroamérica y Suramérica.
Tales células tienen como principal responsabilidad el trasbordo, la importación a Estados Unidos, la distribución de cocaína en Estados Unidos y el lavado de las ganancias recibidas por concepto de la distribución de la cocaína".Con respecto a Helmer Herrera, la Fiscalía estadounidense dice que "la facción del consorcio dirigido por Herrera Buitrago distribuye su cocaína principalmente en el noreste de Est
ados Unidos. Desde aproximadamente el año de 1983 hasta por lo menos el 2 de junio de 1995, los operativos del consorcio en Estados Unidos, Centroamérica y Suramérica han utilizado sofisticados métodos para ocultar toneladas de cocaína en carga que va a ser importada y distribuida legalmente en Estados Unidos".
A Ramírez, alias 'Chupeta', Estados Unidos lo sindica de introducir 46 toneladas de cocaína a su territorio entre 1987 y 1992. Al mismo tiempo Ramírez está acusado de lavar más de 1.000 millones de dólares provenientes del tráfico de narcóticos. El confeso narcotraficante fue llamado a juicio en dos procesos diferentes: el 19 de agosto de 1994 por la Corte Distrital de Estados Unidos para el distrito de Colorado, que lo acusó de narcotráfico; y el 17 de agosto de 1995 por la Corte Distrital de Estados Unidos para el distrito este de Nueva York, que lo acusó de tráfico de narcóticos y lavado de dólares.
En el congelador
Tras fracasar en su intento de que el Ministerio de Justicia y la Fiscalía tramitaran los documentos enviados por Janet Reno, desde hace dos meses el Ministerio de Relaciones Exteriores tiene congeladas las solicitudes de extradición de los Rodríguez, Herrera y Ramírez. Una petición en igual sentido, que iba a ser enviada a la Corte Suprema, fue suspendida después de que hace dos semanas el presidente de ese tribunal, José Roberto Herrera, se pronunció abiertamente en favor de la extradición. El tema está candente y mientras pasa el tiempo y el Congreso define si revive la extradición, la Cancillería parece tener una verdadera papa caliente entre las manos, pues debe cuidar que un pronunciamiento jurídico, no político, sobre la petición norteamericana, no afecte intereses territoriales de la Nación.