¿Por qué se compara a Elsa Noguera con Claudia López tras anuncios de Fiscalía?

Este lunes, la Fiscalía General de la Nación anunció la indagación contra la alcaldesa de Bogotá, Claudia Nayibe López Hernández, por presunta violación de las medidas de protección dispuestas por el Gobierno nacional para prevenir la propagación de la covid-19. Un fiscal seccional, con el apoyo de un equipo de investigadores del CTI, recopilará y analizará el material probatorio que permita verificar la posible responsabilidad de la funcionaria, quien aceptó su error y, paradójicamente, ha sido una de las mandatarias que más ha instando a cumplir las normas contempladas en el marco de la cuarentena. 

"Es deber de todos los servidores acoger y cumplir las disposiciones que buscan proteger a la población de los efectos de la pandemia covid-19 y, en el ejercicio de sus labores, ser ejemplo ante la comunidad del estricto acatamiento de las medidas sanitarias”, señaló la Fiscalía en su pronunciamiento anunciando las pesquisas contra Claudia López. 

Tras el pronunciamiento, el nombre de Elsa Noguera se volvió tendencia en redes sociales. Muchos señalamientos de personas aseguran que la Fiscalía de Francisco Barbosa carga contra la mandataria de la capital, pero no contra la gobernadora del Atlántico. ¿A qué pesquisas se refieren quienes hacen tal comparación? 

El 8 de abril pasado, la Procuraduría, en primer lugar, anunció pesquisas por sobrecostos o irregularidades en la contratación para atender la emergencia por covid-19. El jefe del Ministerio Público, Fernando Carrillo Flórez, anunció la apertura de 10 procesos disciplinarios contra funcionarios de 8 departamentos por presuntas irregularidades en la suscripción de contratos relacionados con la denominada Emergencia Social, Económica y Ecológica. “Es inaudito, y esto es una infamia, que además de que estamos escasos de recursos, los pocos que tenemos los están utilizando para convertirlos en botín de la corrupción”, señaló. 

Según dijo Carrillo, la Procuraduría, la Contraloría General de la República y la Fiscalía General de la Nación pusieron en el programa Transparencia por la emergencia para vigilar con herramientas analíticas avanzadas la ejecución de contratos por la emergencia de covid-19, que para el caso de la vigilancia del Ministerio Público son 2.017, los cuales fueron firmados desde el 20 de marzo y superan los $800 mil millones. 

“Hoy estamos abriendo 10 procesos en 8 departamentos frente a los presuntos abusos que se estarían cometiendo a nivel de sobrecostos y eso hay que pararlo y habrá sanciones”. Cuando se refirió a Atlántico, el procurador indicó: "En Atlántico está el contrato con Trading Group International S.A.S., por $19.319.479.750, departamento donde también se investigan las compras de mercados en los municipios de Soledad, $2.100 millones, y Malambo por $4.000 millones” .

Los acuerdos en cuestión fueron suscritos por las alcaldías de Malambo y Soledad, pertenecientes al área metropolitana de Barranquilla, con la fundación El Lirio de los Valles, entidad sin ánimo de lucro, por 4 mil millones de pesos y 2.100 millones de pesos, respectivamente. Su objeto es el suministro de mercados para las familias más vulnerables, como ayuda en medio del aislamiento preventivo obligatorio para evitar la propagación de la covid-19 en Colombia.

En primera instancia, los convenios generaron polémica porque, aunque fueron firmados bajo la causal de urgencia manifiesta, al parecer no habrían cumplido con los requisitos de transparencia exigidos por la ley. La gobernadora del Atlántico, Elsa Noguera, se refirió a presunta desinformación al respecto. “Con relación a la falsa cadena de WhatsApp que anda circulando en el sentido que la gobernación del Atlántico se gastó $21.000 millones de pesos para financiar 4.200 mercados, yo quiero precisar que omitieron dos ceros, no son 4.200, sino 420.000 ayudas alimentarias para 210.000 familias”.

“Estamos tranquilos porque se contrató a la mejor firma con una gran trayectoria en el mercado, que era la única capaz, un operador logístico capaz de garantizarnos que nos suministraran en tan corto tiempo, la cantidad de alimentos que han sido distribuidos en los 22 municipios. En esta época hay una gran demanda por productos perecederos y gracias esta firma hemos venido cumpliendo”, agregó la mandataria departamental, quien manifestó su apoyo a las pesquisas. 

En cuanto a la Fiscalía se refiere, el 24 de abril pasado el ente acusador anunció que "dispuso de 9 fiscales especializados y locales que, con apoyo de 16 asistentes de fiscal y 80 investigadores del CTI, han recopilado material probatorio y solicitado información a 1.005 municipios del país, 5 distritos especiales y 6 entidades de orden nacional, con el propósito de verificar 31.938 contratos suscritos durante la emergencia sanitaria”.

“Gracias a este trabajo conjunto, en 13 contratos, las entidades cuestionadas han reformulado unilateral o bilateralmente el valor de los mismos o han dado por terminados los contratos. Con esta acción inmediata, celebro también las nuevas facultades constitucionales preventivas de la Contraloría General de la Nación, en cabeza del doctor Carlos Felipe Córdoba, que han incidido para que los ordenadores del gasto echen para atrás sus decisiones. De esta forma hemos evitado que se pierdan 17 mil millones de pesos”, precisó el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa Delgado.

El ente acusador confirmó que hay 38 casos en indagación preliminar, con apertura de noticia criminal, contra 41 funcionarios municipales en Atlántico, Valle del Cauca, Cundinamarca, Cesar, Sucre, Bolívar, La Guajira, Nariño, Antioquia, Quindío y Santander, y reiteró que próximamente se conocerán resultados de las pesquisas. “No toleraremos que nos quiten un solo peso y que arremetan contra los recursos públicos de la salud, la alimentación o cualquier otro elemento que implique corrupción en este territorio nacional. Lo nuestro son discursos con acciones”, precisó Barbosa.