Ventana Modal

Este contenido se reemplaza via ajax por el del html externo.

×

Ventana Modal

Este contenido se reemplaza via ajax por el del html externo.

×

Ventana Modal

Este contenido se reemplaza via ajax por el del html externo.

×

×

Ventana Modal

Este contenido se reemplaza via ajax por el del html externo.

×

| 11/11/2017 10:15:00 PM

El round que ganó Gustavo Petro

La posición de la CIDH en favor del exalcalde de Bogotá no lo salva del todo, pero le despeja el camino, y reabre el debate sobre si la Procuraduría puede destituir a funcionarios elegidos por voto popular.

posición de la CIDH en favor de Gustavo Petro no lo salva del todo Petro tuvo una buena semana. Además del informe de la CIDH, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca suspendió la multa de 200.000 millones de pesos que le impuso la Contraloría Distrital por reducir las tarifas de TransMilenio. El proceso queda quieto por lo pronto.

El informe reciente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en favor del exalcalde de Bogotá Gustavo Petro ha pasado casi inadvertido, pero tiene múltiples repercusiones. Por una parte, alivia la situación política de Petro. Por otra, podría obligar a revisar –o al menos a reflexionar– las potestades de los organismos de control en los casos de funcionarios nombrados por voto popular. ¿Puede un procurador destituir a un funcionario elegido por los ciudadanos?

A grandes rasgos, la CIDH le recomendó al Estado colombiano: 1. Tumbar las sanciones que inhabilitaban a Petro para que pueda ejercer sus derechos políticos. 2. Adecuar la legislación interna, particularmente las normas constitucionales y del Código Disciplinario Único, que potestan a la Procuraduría General para destituir e inhabilitar a funcionarios elegidos popularmente. 3. Adecuar la normativa penal para que quienes hayan sido sancionados disciplinaria o fiscalmente no sean inhabilitados, pues para este efecto debería mediar una condena penal. 4. Adoptar las medidas necesarias para asegurar la imparcialidad de la autoridad disciplinaria, la revisión de los fallos sancionatorios, y que la nulidad y restablecimiento del derecho sean resueltas en un plazo razonable. Todo un jalón de orejas al Estado colombiano.

Puede leer: La CIDH le da dos meses a Colombia para que tumbe sanción que inhabilitó a Petro

El texto es contundente y abre preguntas sobre su alcance, y sobre las futuras acciones de la justicia o de los órganos de control. Para el procurador general, Fernando Carrillo, estas recomendaciones no son vinculantes, pues la CIDH no es un órgano jurisdiccional. Le dijo a SEMANA que “parecen invadir la esfera de la soberanía nacional, usurpando la iniciativa legislativa y constitucional. No fijan plazos realizables en el ‘timing’ de legislación para la paz y año preelectoral, y no son oportunas ni convenientes para el país ni para la lucha contra la corrupción”.

Por su lado, Gustavo Petro le comentó a SEMANA que “es falso que esto va a desencadenar la corrupción. Antes al entregarles a los órganos de control la facultad de quitar derechos políticos se convirtieron en un aparato de chantaje y extorsión”. Afirmó que no está inhabilitado para ser candidato presidencial y que el gobierno tiene un plazo de dos meses para seguir las recomendaciones de la CIDH, y que si la respuesta no es satisfactoria, el caso llegará a la Corte Interamericana.

Le recomendamos: "Santos le ha cerrado las puertas a Vargas Lleras": Uribe

Colombia, al fin y al cabo, firmó la Convención Americana de Derechos Humanos en 1973, y en 1985 ratificó la competencia de la comisión y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el país. Sus decisiones, en consecuencia, serían obligatorias.

El abogado constitucionalista Juan Manuel Charry asegura que “en principio la CIDH tiene razón: solo los jueces pueden imponer sanciones a los derechos políticos; la Procuraduría y la Contraloría no tienen competencias judiciales”. Pero las normas constitucionales que le dan funciones disciplinarias al procurador “pueden interpretarse en armonía con el convenio interamericano, ya que las decisiones expedidas por los órganos de control están sujetas a control judicial”. Así, el esquema se mantendría como está y “no le quitaría dientes a los órganos de control”.

Le sugerimos: Godo o progresista, ¿qué presidente prefieren los colombianos?

El asunto de Petro no es el único. En los casos de la exsenadora Piedad Córdoba y del exalcalde de Medellín Alonso Salazar –también inhabilitados por el entonces procurador Alejandro Ordóñez–, los jueces les dieron la razón y les restituyeron sus derechos políticos, pues no tenían ningún proceso penal que llevara a destituirlos. Lo más seguro es que el de Petro quede en manos del Consejo de Estado, para que determine qué hacer con las recomendaciones de la CIDH y evitar un fallo de la Corte Interamericana.

Por ahora no se puede decir que el exalcalde se quitó de encima todos sus problemas pues todavía quedan decisiones pendientes por una multimillonaria multa relacionada con la reducción de las tarifas de TransMilenio. Sin embargo, no hay duda de que Petro adquirió nuevos argumentos para los debates de la próxima campaña electoral.

TEMAS RELACIONADOS

EDICIÓN 1969

PORTADA

La caravana de la muerte: los misteriosos asesinos en moto que azotan Putumayo

Hombres en moto se mueven como fantasmas por las carreteras de Puerto Guzmán, Putumayo. Tocan a las puertas, llaman a las personas por su nombre y las asesinan. En tres semanas van al menos 6 muertos, otros han podido escapar. ¿Por qué nadie detiene a los matones?

Queremos conocerlo un poco,
cuéntenos acerca de usted:

Maria,

Gracias por registrarse en SEMANA Para finalizar el proceso, por favor valide su correo a través del enlace que enviamos a:

correo@123.com

Maria,

su cuenta aun no ha sido activada para poder leer el contenido de la edición impresa. Por favor valide su correo a través del enlace que enviamos a:

correo@123.com

Para verificar su suscripción, por favor ingrese la siguiente información:

O
Ed. 1969

¿No tiene suscripción? ¡Adquiérala ya!

Su código de suscripción no se encuentra activo.