PREDICA PERO NO PRACTICA

RESULTA IRONICO, PERO la guerrilla es incapaz de cumplir una de las grandes exigencias históricas que ha hecho al gobierno para sentarse a dialogar. La ratificación del Protocolo II adicional a los Convenios de Ginebra -que estipula cuáles deben ser las normas de conducta de las partes en el conflicto armado y que pretende establecer las normas para la humanización de la guerra- había sido desde hacía varios años uno de los caballitos de batalla de la subversión colombiana. Y, ahora que Colombia hace parte de los 119 países firmantes del documento, a la guerrilla se le devolvió el asunto.
Cuando tras largos años de debates el Congreso colombiano ratificó el Protocolo en diciembre pasado, lo que hubiera podido ser interpretado en otro contexto como un triunfo de los alzados en armas, no lo fue. El temor de otorgarle el estatus de fuerza beligerante a la subversión -que era parte de lo que ésta perseguía- quedó disipado tras un análisis que demostró que la sola adhesión al documento de Ginebra no bastaba para reconocerle ese estatus a la guerrilla y que sus artículos no necesariamente se aplicaban a una fuerza que no está organizada bajo un mando único ni controla de forma permanente parte del territorio. Por otro lado, si la guerrilla había exigido insistentemente en que se adoptara, es porque creía que iría en desmedro de la capacidad operativa de las fuerzas militares. Pero eso tampoco sucedió pues, a pesar de las denuncias y los excesos, es difícil pensar que las prácticas prohibidas por el documento -como lo son las masacres, la tortura o la toma de rehenes- sean una política deliberada y generalizada del Estado.
Por el contrario, el Protocolo se convirtió en un arma de doble filo para la subversión. Su ratificación implicó que, por fin, alguien podía comenzar a pasarle la cuenta de cobro a la guerrilla en el campo de los derechos humanos. La gran mayoría de sus acciones, como los ataques a la población civil, el secuestro y la tortura, van en contravía de lo que ellos mismos duraron años exigiendo. Y este es un punto especialmente importante en la actualidad, cuando han comenzado a arreciar las denuncias por violación a los derechos humanos en Colombia.
Eso fue precisamente lo que sucedió en Bruselas (Bélgica) en días pasados, cuando tras una lluvia de acusaciones de la comunidad internacional en la conferencia europea sobre derechos humanos, el ministro de Defensa Fernando Botero intervino ante el auditorio. Aunque en muchas ocasiones el Estado colombiano ha justificado sus propios excesos tras los abusos de la contraparte, esta vez por fin el gobierno tenía bases jurídicas -la ratificación del Protocolo- para que los ojos de las organizaciones encargadas de vigilar el respeto por los derechos del hombre se fijaran también en la contraparte.
Las cifras son aterradoras: en menos de dos meses la guerrilla ha violado por lo menos 107 veces el articulado del documento de Ginebra. Desde el 16 de diciembre de 1994 hasta principios de enero del presente año, 46 civiles habían sido asesinados por la subversión y 20 habían sido secuestrados. Todo esto sin hablar de prácticas aún más atroces, como lo son la tortura o el empleo de las minas antipersonales, comúnmente llamadas minas quiebrapatas. Estos artefactos, que la guerrilla coloca bajo tierra, han cobrado 515 víctimas en tres años, de las cuales 116 han muerto y 399 han quedado mutiladas. Aún peor, buena parte de las víctimas de estos explosivos terminan siendo los campesinos, y especialmente los niños.
Pero ahí no para la cosa. Hay muchas áreas de preocupación en el campo de las violaciones de derechos humanos por parte de la guerrilla. La sevicia subversiva no ha hecho distinción de edades. Prueba de ello son los asesinatos de niños- como el ocurrido en el ataque de Puracé a finales del año pasado, en el cual el ELN atacó un camión de la Policía y un bus escolar. En el incidente murieron dos niños, de 9 y 11 años, tres resultaron heridos y dos más quedaron paralizados. Tampoco ha olvidado a los ancianos: para citar un solo caso, las Farc asesinaron a Gabriela White, una señora de 78 años.
La guerrilla también ha empleado métodos terroristas, como sucedió en el hotel Orquídea Real, de Bogotá,en 1992, cuando hizo estallar una bomba que dejó paralizado al mejor bachiller del país ese año, Julián Sosa.
Por otra parte, el secuestro, una de las prohibiciones explícitas del Protocolo ll de Ginebra, es una de las principales fuentes de financiación de la subversión. Las autoridades estiman que en los últimos cinco años se han producido más de 7.500, de los cuales cerca de 4.000 han sido cometidos por los diferentes grupos guerrilleros. De este total, 430 retenidos han sido asesinados. La guerrilla ha llegado al extremo de cobrar por devolver el cuerpo sin vida de un secuestrado.
Si algo se desprende de todo lo anterior es que la guerrilla es uno de los principales violadores de los derechos humanos en Colombia. Y a pesar de los esfuerzos que parece estar haciendo el estamento militar para respetar el derecho humanitario y los acuerdos que el país ha suscrito, lo cierto es que las fuerzas armadas están lejos de dar el ejemplo en este sentido. La ventaja para el Estado es que, al menos, ha reconocido que existe un problema y está trabajando para solucionarlo. A diferencia del pasado, ya ninguno de los bandos puede escudarse tras los excesos de la contraparte, ni puede ignorar que, hoy más que nunca, el tema está sobre el tapete y el país en la mira.-