PRENSA ENGATILLADA

Luis Alberto Rincón, de 33 años, y Alberto Sánchez Tovar, de 41, vivían de cubrir noticias y
realizar producciones de video o fotografía en el departamento de Santander. La semana pasada ellos se
convirtieron en noticia de la manera más macabra posible. Cuando se dirigían al municipio de El Playón, en el
norte del departamento, con el propósito de registrar las elecciones municipales, fueron interceptados por un
grupo desconocido de hombres armados en un sitio conocido como Trincheras. Sus captores los desviaron
de la ruta prevista por una vía veredal y a unos cinco kilómetros de El Playón los asesinaron a quemarropa.
La zona donde ocurrieron los hechos es disputada por miembros de las Autodefensas Unidas de
Colombia (AUC), el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Ejército Popular de Liberación (EPL). Sin
embargo, ninguno de estos grupos reivindicó el crimen. Las autoridades desconocen las razones por las
cuales Rincón y Tovar fueron asesinados. Lo cierto del caso es que sus muertes demuestran lo difícil
que se está volviendo el trabajo periodístico a medida que se intensifica el conflicto armado colombiano y se
deteriora, en general, la situación del país.De mal en peor Argelia y Colombia eran señalados por diferentes
organismos internacionales como los países más peligrosos para ejercer el periodismo. El tercer informe de
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) registraba con preocupación que en los últimos
10 años habían sido asesinados "122 profesionales de la prensa en Colombia. Durante el mismo período, 37
periodistas fueron secuestrados en dicho país, y 162 fueron víctimas de ataques a su integridad física". Tal y
como van las cosas es probable que Colombia encabece sola la lista de naciones más mortíferas para la
prensa en todo el mundo. Este año ha sido negro para los trabajadores de los medios de comunicación.
Tres periodistas más, además de Rincón y Tovar, han sido asesinados durante 1999: Jaime Garzón, de
Radionet y Caracol; Rodolfo Julio Torres, de la emisora Fuentes de Cartagena; y Guzmán Quintero Torres,
de El Pilón. A los crímenes hay que sumar ahora los secuestros de periodistas por parte de los actores en
conflicto y las acciones para impedir que lleven a cabo su trabajo que, en ocasiones, culmina con el exilio
obligado o la autocensura de los involucrados. Noviembre fue un mes particularmente movido. En Santander
cinco periodistas y dos camarógrafos fueron secuestrados una semana por un frente de las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia (Farc). En el Valle del Cauca, el ELN secuestró también a Henry Romero, el
fotógrafo de la agencia Reuters que había conseguido las primeras imágenes de los secuestrados de la iglesia
La María. En Cali una bomba hecha con seis kilogramos de dinamita explotó en cercanías de las
instalaciones del diario El Tiempo en Cali. Del atentado se responsabilizó una organización autodenominada
Resistencia Patriótica Colombiana. En Caquetá un frente de las Farc se llevó las cámaras de los
corresponsales de los noticieros de televisión privados, cuando quisieron grabar imágenes del cadáver de un
fiscal asesinado por ese grupo guerrillero. Sobran ejemplos para demostrar que la situación es crítica, en
particular para los corresponsales en zonas de orden público y los periodistas de provincia. Lo complicado
del asunto es que, en palabras de Ignacio Gómez, de la Fundación para la Libertad de Prensa, "la gente en
Colombia ve el asesinato de un periodista como algo ciento por ciento normal".Organismos internacionales
como Reporteros sin Fronteras, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), el Comité para la
Protección de Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés), los grupos más atentos a este tema en
Latinoamérica, no paran de denunciar ante la comunidad mundial los peligros que acechan a los periodistas
en Colombia.Para todos ellos la causa del problema es clara, como lo reseña un trabajo del CPJ: "Una guerra
civil en escalada y una ola de violencia criminal han creado circunstancias fulminantes para la prensa.
Todas las partes en el conflicto colombiano, desde los escuadrones de la muerte paramilitares hasta las
guerrillas y los políticos locales, tienen en la mira a los periodistas, pero la amenaza principal sigue siendo
la violencia vinculada al narcotráfico". Lo que no está claro para estas organizaciones no gubernamentales y
para los propios periodistas afectados es qué hacer al respecto.Juego limpioAnte las dificultades y peligros
que están teniendo para realizar su trabajo, algunos reporteros han propuesto, de manera informal por ahora,
que se redacte una carta abierta a los actores en conflicto exigiéndoles respeto a su labor. Los promotores de
esta iniciativa piensan que el éxito de un documento de esta naturaleza estaría garantizado por las firmas
de un número considerable de periodistas de todo el país. Lo difícil es conseguirlas cuando en Colombia
no existe una asociación fuerte que aglutine y defienda los intereses de los trabajadores de los medios
de comunicación. Sin embargo, un hecho reciente muestra que esta idea no puede descartarse de buenas
a primeras.El mes pasado cinco periodistas y dos camarógrafos salieron de Barrancabermeja a cubrir el
desplazamiento de campesinos en el sur de Bolívar, como consecuencia de los enfrentamientos entre
autodefensas y guerrilla. En el camino fueron detenidos por un frente de las Farc y posteriormente se hizo
público que habían sido secuestrados. El objetivo de los guerrilleros era retenerlos un mes para que
conocieran, en sus propias palabras, la realidad de lo que estaba ocurriendo en dicha área. Los periodistas
fueron liberados al cabo de cinco días. ¿Qué pasó? Algunos de los secuestrados contaron en un taller de la
Corporación Medios para la Paz, que se volvieron un encarte para los guerrilleros luego de que estos vieron
el rechazo nacional a esta acción y la fuerza que tuvo la marcha cívica liderada en Barrancabermeja por la
Asociación de Periodistas de Barranca (APB). Arturo Guerrero, miembro de Medios para la Paz, resumió
así lo ocurrido: "La reacción cívica y de los colegas tuvo como eje la defensa de un principio, el de la libertad,
y particularmente la libertad de información, que es un derecho del pueblo". Pero, como ha quedado
demostrado este año, es uno de los derechos menos respetado por las minorías violentas.