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“Para lograr empresas competitivas se necesita una carga tributaria menor, y esto lo promueve el proyecto, que incluye también deducción de IVA a bienes de capital, del IVA y del 4 x 1.000” | Foto: León Darío Peláez

DEBATE

“Cada gremio tiene su propuesta en la tributaria”: presidente de Fasecolda

La Ley de Financiamiento tiene un fuerte escudero en el sector privado: el presidente de Fasecolda, Jorge Humberto Botero, quien defiende la propuesta al considerar que corregirá los principales problemas fiscales y dará respuesta a necesidades sociales. Pero reconoce que hay profundas diferencias y cada uno tiene su propia ‘lista de mercado’, que ya presentó al gobierno.

17 de noviembre de 2018

SEMANA: El Consejo Gremial siempre busca consensos antes de pronunciarse sobre temas públicos, pero con la Ley de Financiamiento hay grandes divisiones. ¿Qué ocurre?

JORGE HUMBERTO BOTERO: Parte de un supuesto incorrecto. En la tributaria de 2016 no hubo un documento con una posición unificada, y la verdad es que nunca ha habido un documento conjunto del Consejo Gremial, en buena parte, porque los intereses son distintos en cada uno de los gremios que lo integran.

SEMANA: ¿Cuáles temas no han permitido un acuerdo sobre la reforma fiscal?

J.H.B.: En términos generales, hay pluralidad de posiciones y de intereses y, por eso, es difícil que haya consensos. En el sector agropecuario, que en la práctica participa poco en la tributación nacional y tiene alta informalidad, no se perciben los beneficios de tener una menor carga tributaria y les afecta el aumento del IVA. Los sectores industriales que son intensivos en capital ven en la reforma una gran oportunidad de reducir tarifas, descontar el ICA y el 4 por 1.000 y recuperar el IVA en la compra de bienes de capital. Los financieros, que no tienen beneficios tributarios y su carga efectiva es alta, tienen expectativas frente a las reducciones tarifarias en renta, lo cual les conviene significativamente, mientras que el comercio, que también tiene mucha informalidad, puede resultar muy beneficiado del régimen simple de impuestos.

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SEMANA: Sin embargo, para el sector empresarial hay más ventajas que desventajas. ¿Por qué no hay un respaldo tan contundente?

J.H.B.: Yo creo que la defensa de la reforma va a ser muy notable en los próximos días y eso puede jalonar a otros sectores sin duda. Para el sector financiero en todos sus componentes la reforma es ampliamente positiva, y hablo por el sector asegurador, que fue informado de los efectos, y aunque hay algunos puntos que requieren una discusión, estamos muy satisfechos.

SEMANA: ¿Cómo se pronunciarán entonces los gremios sobre la Ley de Financiamiento?

J.H.B.: Hicimos un ejercicio de consolidación de las propuestas de cada uno de los 22 gremios que hacen parte del Consejo Gremial, quienes enviaron el miércoles pasado todas sus observaciones. Habíamos fijado como plazo de recibirlas el miércoles antes de las diez de la mañana, pero solo a las cinco de la tarde pudimos cerrar ese documento. Son más de 100 páginas que servirán de base para programar una reunión, que no será una réplica de la que ya tuvimos con el gobierno para socializar la reforma porque ahora partimos de propuestas concretas. La disciplina que adoptamos es que cada gremio tiene observaciones y hace las propuestas de cambio al texto redactando la proposición alternativa sugerida. El gobierno definirá si se limita a oír, si rebate o replica o si hace concesiones. No sé qué ocurrirá en la reunión, soy respetuoso del fuero del gobierno, pero será útil. Aquí hay un valor agregado, y este documento global es la sumatoria de un conjunto de documentos.

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SEMANA: Usted defiende la Ley de Financiamiento. ¿Cuáles temas lo han convencido?

J.H.B.: La cuenta que hace el gobierno y que conoce el país es que el presupuesto de 2019 está desfinanciado en 14 billones de pesos. Si esa suma o una semejante no se consigue, los programas sociales del gobierno podrían tener serias dificultades de financiamiento en temas como educación, salud, proceso de paz y los gastos que nos demanda la absorción de la población venezolana que sigue llegando masivamente a Colombia. La reforma persigue también incrementar el recaudo total como proporción del PIB que se encuentra desde hace muchos años por debajo del promedio de América Latina, que según cifras de 2016 era del 22,75 de recaudo sobre el PIB, mientras que en Colombia es 19,76 según datos de la Ocde. Por eso, hay dos objetivos clave: cerrar el déficit y financiar la agenda social que en cifras del presupuesto del año entrante es de 11,1 billones y ahí están los recursos de los que antes hablamos.

SEMANA: ¿No le preocupa que la reforma se basa en el IVA, considerado uno de los impuestos más regresivos?

J.H.B.: El argumento de regresividad es rigurosamente incorrecto. La proporción del ingreso que se destina al consumo de los bienes que integran la canasta familiar es función inversa del ingreso total, eso implica que las personas de ingreso más alto tienen una tasa efectiva de IVA más baja y para las de ingresos bajos es más alta. La reforma busca corregir esto para que los más pudientes de la sociedad paguen más y para los colombianos de menores ingresos crea un mecanismo eficiente de compensación, lo que comporta un elemento sustancial de progresividad.

SEMANA: ¿No cree que esta reforma afectará en exceso a las personas naturales con mayores gravámenes?

J.H.B.: Este es otro elemento de progresividad: el mayor esfuerzo que nos piden a las personas naturales. Aunque algunos puntos de la reforma han recibido fuertes críticas, como los dos tramos nuevos en la tarifa marginal de renta para personas naturales, el impuesto al patrimonio y el gravamen a las pensiones, estos elementos son progresivos, independientemente de las críticas, porque los pagarán las personas de mayores recursos. Otro elemento de progresividad es, sin duda, el fortalecimiento del gasto social y eso es importante anotarlo.

SEMANA: ¿Cómo defender el tema de bajarles los impuestos a las empresas y subírselos a las personas, si eso no es políticamente correcto?

J.H.B.: Empresas más competitivas tienen mayor capacidad de generar empleo, de generar mayor crecimiento económico y de pagar mejores salarios, aunque esto último depende también de que la demanda agregada crezca y la productividad mejore. Para lograr empresas competitivas se necesita una carga tributaria menor, que por distintas vías promueve el proyecto del gobierno en temas como deducción de IVA en bienes de capital, del ICA y del 4 por 1.000, así como reducción de la renta.

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SEMANA: Usted apoya la Ley de Financiamiento, pero también ha dicho que tiene algunos temas por revisar. ¿Cuáles?

J.H.B.: Nos preocupa el tema del consumo, básicamente por el impacto del IVA en la inflación. Fedesarrollo señala en un documento que mientras la reforma tributaria del 2016 tuvo un impacto del 0,9 por ciento en el nivel general de precios, esta podría tener un impacto global del 4,4 por ciento, con una inflación del 2,1. Esto significa subir radicalmente el nivel general de precios, que es un factor legítimo de preocupación.

También nos preocupa si se cumplen las metas de recaudo y, de hecho, en la última página de la exposición de motivos el gobierno dice que en 2019 recaudará los 14 billones de pesos y eso es el 1,3 del PIB. ¿Es cumplible o no? Es una muy buena pregunta sobre la cual el gobierno no aporta suficientes elementos de juicio para llegar a esa cifra.

SEMANA: ¿Qué propuestas le haría al gobierno frente al proyecto de Ley de Financiamiento?

J.H.B.: Yo plantearía tres cosas: mantener la tarifa actual del IVA del 19 por ciento y establecer una tarifa intermedia para los nuevos bienes gravados; en segundo lugar, crear el Fondo Colombia de Inversiones, nutrido con los recursos producto de la enajenación de activos no estratégicos; en tercer lugar, justificar, cuantificar y modular los beneficios sectoriales en casos como las megainversiones, beneficios a hoteles, agro o economía naranja.

SEMANA: ¿Por qué no combatir de manera más efectiva la evasión antes de aumentar los gravámenes?

J.H.B.: El tema también está contemplado. La evasión fiscal , según cifras oficiales, es de 38,4 por ciento en renta y del 22,4 en IVA, y uno de los componentes más importantes de la Ley de Financiamiento es promover la formalización a través de dos dimensiones: la eliminación del régimen excluido del IVA, que mejora el acopio de información de la entidad tributaria y da mayor capacidad de focalización y fiscalización; y, en segundo lugar, hay grandes esperanzas en el régimen simple, el que busca que las micro y pequeñas empresas empiecen a formalizarse. El gobierno plantea sacrificar recaudo al adoptar tasas bajas para un grupo significativo de pequeños empresarios que están ajenos a la tributación y, si esa experiencia sale bien, será una gran noticia para el país.