Presidente Duque: ¿en dónde quedó la separación de poderes?

Cuando los miembros del hoy partido Farc decidieron confesar su presunta autoría del asesinato de Álvaro Gómez Hurtado, buena parte del país no les creyó. Era previsible, pues en los últimos 25 años las hipótesis de la justicia nunca apuntaron hacia allá. Los familiares del líder asesinado fueron los primeros en salir a desestimar la versión de los exguerrilleros, pero se les sumó una inesperada voz de mucho peso: la del presidente de la república.

Que el primer mandatario se haya manifestado públicamente sobre un proceso judicial en curso puede pasar desapercibido para algunos; pero en realidad configura una vulneración indebida del principio de la separación de las ramas del poder público. Tan pronto el país supo de la carta enviada sobre esta materia por las Farc a la Jurisdicción Especial de Paz, Iván Duque no tardó en afirmar lo siguiente: “Que los jueces no desestimen las afirmaciones que ha hecho la familia de Álvaro Gómez sobre lo que ellos (sic) reclaman. Que la justicia especial oiga los testimonios que tenga que oír, pero que la justicia que viene haciendo las investigaciones (la Fiscalía) no las deje de hacer”.

Cualquier colombiano podría pensar y decir en voz alta una afirmación de ese tipo, menos el presidente de la república. Él, esté o no de acuerdo con las determinaciones que tome la justicia, tiene la obligación de apartarse de esas discusiones que no corresponden a las funciones del Poder Ejecutivo. Se trata de una manifestación inaceptable para quien ostenta la jefatura del Estado, pero no es la primera vez que al primer mandatario se le corre la frontera entre la rama que él dirige y la del Poder Judicial.

Los colombianos aún recuerdan la intromisión indebida del presidente en la justicia cuando la Corte le impuso medida de aseguramiento al expresidente Álvaro Uribe. Esa, al margen de su procedencia, era una decisión proferida por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia. Aun así, desconociendo esa realidad, el presidente Duque acudió a los medios y hasta pronunció una alocución televisada para defender la inocencia de su mentor político. “Duele que a quien ha ocupado la más alta dignidad del Estado no se le permita defenderse en libertad con la presunción de inocencia... espero que existan plenas garantías para que un ser humano íntegro ejerza a plenitud su defensa en libertad”, afirmó el presidente.

Para ese momento, los uribistas entendieron lo dicho por Duque como un respaldo apenas esperable del jefe del Estado a quien lo había llevado a la Casa de Nariño. Algunos de ellos incluso llegaron a quejarse de que Duque no había sido lo suficientemente contundente al defenderlo y de que lo había dejado solo en su peor momento. Ninguna de esas dos interpretaciones es correcta. Tanto en el caso de Uribe como en el del asesinato de Gómez Hurtado, Iván Duque se extralimitó y fue más allá de sus funciones. Nadie puede desconocer que, con el proceso de Uribe, Duque quedó en una posición difícil. Pero no hay que olvidar que, por más cercanía que hubiera entre ambos, el presidente no podía emitir declaraciones que pudieran entenderse como una afrenta a la justicia.

Además, las fallas del Gobierno en cuanto a la separación de poderes pasaron de la retórica a la acción en el episodio de las tropas estadounidenses en Colombia. La presencia de estos militares en el país, como se sabe, requiere previo permiso del Senado. Pero para justificarla, el Gobierno argumentó que obtuvo dicha aprobación por medio de una carta firmada por 60 senadores que manifestaron estar de acuerdo con la llegada de los soldados gringos. Eso, por decir lo menos, es un irrespeto al legislativo y una interpretación abiertamente equivocada de la normatividad. Cuando para esos efectos se habla de una aprobación del Senado, evidentemente se requiere una votación en el Capitolio y no una carta.

En los últimos tiempos, la oposición ha manifestado preocupaciones por la enorme concentración de poder que ha conseguido el Gobierno de Duque al imponer a personas cercanas al presidente como cabezas de los organismos de control, Fiscalía, Procuraduría, Contraloría y Defensoría del Pueblo. A esas preocupaciones, el presidente no puede responder con salidas en falso que muchos sectores entienden como la intención de incidir en las decisiones de las otras ramas del poder público.