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Los juristas ternados Natalia Ángel Cabo, Néstor Osuna y María Margarita Zuleta. | Foto: Archivo SEMANA

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Presidente Santos presentó las ternas para la Corte Constitucional

Estos son los candidatos para elegir a quiénes suplirán las vacantes de los magistrados Jorge Pretelt y de María Victoria Calle.

4 de abril de 2017

Tal como se esperaba, el presidente Juan Manuel Santos anunció las dos ternas que presentará ante el Senado para la elección de los magistrados que suplirán las vacancias de Jorge Pretelt y María Victoria Calle en la Corte Constitucional. El jefe de Estado aseguró que entrevistó personalmente a los candidatos y que una de las preguntas que les hizo giró en torno a su compromiso con la paz.

Para reemplazar al magistrado Jorge Pretelt el mandatario ternó a tres juristas, todas mujeres.

Isabel Cristina Jaramillo Sierra

Abogada de la Universidad de los Andes, con doctorado de la Universidad de Harvard. Es una de las candidatas más fuertes por la academia. Su historia laboral se ha enfocado en la docencia. Actualmente, es la Directora del Doctorado en Derecho también de la Universidad de los Andes.

Cristina Pardo Schlesinger

Abogada de la Universidad del Rosario. La ex secretaria jurídica de Palacio (renunció en febrero para aspirar a este cargo) es una de las candidatas más fuertes. Tiene una amplia trayectoria en la Corte Constitucional, pues antes de llegar a la Casa de Nariño había sido magistrada auxiliar durante cerca de 14 años. Fue colegial de número y ha sido profesora y directora del área de derecho de su Alma mater.

Natalia Ángel Cabo

Abogada de la Universidad de los Andes, con doctorado de la Universidad de York, en Canadá. Ha ejercido como docente en la Universidad de los Andes, consultora e investigadora. También ha sido abogada sustanciadora, y coordinara de la oficina de Apoyo de la Corte Constitucional, Sala Especial de Seguimiento de la Sentencia sobre desplazamiento forzado.

Por otra parte, para el caso de la magistrada María Victoria Calle el mandatario ternó a tres juristas más.

María Margarita Zuleta González

Abogada de la Universidad de los Andes. Actualmente, ejerce como directora de la Agencia Nacional de Contratación Pública. Aunque comenzó en el derecho privado y trabajó varios años para la firmar Brigard & Urrutia. Fue Viceministra de Justicia y Zar Anticorrupción de Uribe.

Carlos Bernal Pulido

Abogado de la Universidad Externado de Colombia, con doctorado en Derecho de la Universidad de Salamanca (España) y es conocido por haber traducido varias obras de Robert Alexy. Actualmente es docente- investigador de la Universidad del Externado de Colombia, e investigador asociado en la Macquarie University de Sidney (Australia).

Néstor Osuna Patiño

Abogado de la Universidad Externado de Colombia, con doctorado en Derecho por la Universidad de Salamanca (España). Exmagistrado del Consejo Superior de la Judicatura y actualmente es docente en derecho constitucional de la Universidad Externado de Colombia.

Los ternados

Sobre los seis juristas incluidos en las ternas se podría destacar varios puntos. El primero es el origen universitario. La universidad de Los Andes recoge la preferencia presidencial: la mitad de los postulados provienen de esa facultad de derecho (Zuleta, Ángel y Jaramillo). Dos son de El Externado (Osuna y Bernal) y una del Rosario (Pardo). El Rosario, que históricamente había tenido dos magistrados en la Corte Constitucional, esta vez solo queda con la posibilidad de tener uno. De Los Andes también es el magistrado Alejandro Linares, también ternado por Santos.  

En segundo lugar, por primera vez en la historia, un presidente hace una apuesta de género de esta magnitud. Con una terna de solo mujeres ya es un hecho que llegará al menos una abogada a la Corte Constitucional. De las mujeres, todas son expertas en derecho constitucional. Ángel Cabo y Jaramillo además son expertas en temas de género. Dos trabajaron años en ese alto tribunal. Natalia Ángel fue magistrada auxiliar de Carlos Gaviria y Eduardo Cifuentes y Cristina Pardo ha trabajado 21 años en altos cargos del Estado, 14 como magistrada auxiliar de ese alto tribunal y siete como Secretaría Jurídica de la Presidencia. Zuleta, por su parte, proviene de una familia vinculada a las cortes y su experiencia específica ha estado concentrada en la gestión en el sector privado (fue abogada de Brigard y Urrutia) y en el público (Fue Zar Anti-Corrupción y directora de Colombia Compra Eficiente). 

El presidente se la jugó por incluir en las terna tres académicos puros: Bernal, Jaramillo y Ángel son profesores de tiempo completo de sus universidades. Mientras que Pardo y Osuna han combinado la docencia en derecho constitucional con el realismo de la Rama Judicial y del poder ejecutivo. Pardo dirigió por años el área de derecho constitucional de la Universidad del Rosario y Osuna es profesor del Externando y ha sido litigante experto en derecho disciplinario al haber sido magistrado del Consejo Superior de la Judicatura. 

Los apoyos 

Por ahora, la candidata con más chance de ganar es Cristina Pardo. La ex Secretaria Jurídica de la Casa de Nariño arranca con el apoyo de la Unidad Nacional, con cuyos voceros tuvo interlocución permanente durante siete años desde su cargo en presidencia. Como se considera de origen conservador, seguramente también recogerá apoyos de ese partido y podría tener la posibilidad de lograr el visto bueno del Centro Democrático. 

Osuna tiene acogida en el Congreso de la República, y ya hizo la tarea de pasar por se escenario cuando fue elegido para el Consejo Superior de la Judicatura. Bernal Pulido, Natalia Ángel e Isabel Cristina Jaramillo son más conocidos en el ámbito académico y en la docencia internacional, pero no se descarta que algún articulador político pueda ayudarles a entrar a ese díficil mundo del parlamento colombiano. Zuleta, por su parte, pertnence a una categoría de funcionarios del Estado con infrecuentes encuentros con la clase política. Sin embargo, tiene mucha credibilidad y es muy conocida en la opinión pública. 

La importancia de la elección

Los cambios que tendrá la Corte Consititucional son vitales pues el organismo tomará en los próximos meses decisiones trascendentales. El acuerdo de paz le ha delegado la función de revisar automáticamente todas las leyes que se hagan por la vía rápida o fast track. En desarrollo de esta tarea, la corte podrá incluso tumbar o dar interpretaciones especiales a normas estructurales como la amnistía o la Jurisdicción Especial para la Paz, lo cual no sería exótico, pues ya lo ha hecho en varias ocasiones en el pasado.

En 2006, al revisar la Ley de Justicia y Paz, la corte tumbó la posibilidad de que el concierto para delinquir pudiera considerarse un delito político y con ello impidió otorgar amnistías a los desmovilizados solo acusados de pertenecer a las autodefensas. Para superar esta situación, el gobierno de Álvaro Uribe impulsó en el Congreso la Ley 1312 de 2009, la cual permitía aplicar el principio de oportunidad en el proceso de justicia y paz. Sin embargo, la Corte Constitucional nuevamente declaró inexequible esta norma. Esas dos sentencias cambiaron el rumbo de ese proceso.

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Pero no solo se trata de la paz. La corte puede ser el organismo que más incide hoy en el desarrollo económico del país, desafortunadamente en forma negativa. Tanto que en los últimos años algunos la han criticado mucho por lo que consideran un “activismo judicial”. Varios de estos fallos tienen nobles propósitos, pero son impagables o ponen en riesgo la estabilidad fiscal del país y afectan otros sectores vulnerables. En la Corte Constitucional se falla en Cundinamarca con pretensiones de tener el presupuesto de Dinamarca. Por ejemplo, en el caso de las pensiones a las madres comunitarias, la aplicación exacta de la sentencia habría quebrado al ICBF. Lo mismo pasa con los temas relacionados con infraestructura, la minería y los hidrocarburos que, aunque están fundamentados en la importante protección de los recursos naturales, tienen a ambos sectores en jaque. Por la corte pasan todos esos temas y en este momento se estudian demandas contra uno fundamental: la reforma tributaria.

Y no menos importante será el control automático del referendo que Viviane Morales tramita en el Congreso, en caso de ser aprobado. La senadora quiere convocar al pueblo para que en las urnas decida si los niños abandonados deberían ser adoptados solo por parejas conformadas por un papá y una mamá, un tema que goza de un amplio respaldo popular. Aunque se anticipaba que podría considerarse inconstitucional pues en varias sentencias se ha señalado que no se puede hacer un referendo sobre los derechos de los ciudadanos, esa decisión también quedará en manos de los que lleguen.

En relación con la paz, se puede predecir que el apoyo al proceso en la nueva corte cuenta con una amplia mayoría, pues tres de los cuatro magistrados que permanecen (Alberto Rojas, Gloria Ortiz y Alejandro Linares) han apoyado ampliamente estos temas. A ellos se sumaría Antonio José Lizarazo (elegido con el apoyo de la Unidad Nacional) y los dos ternados por el presidente que saldrán de este grupo de juristas que el presidente le acaba de presentar al país. Así, habría una mayoría de mínimo seis votos, suficientes para apoyar cualquier iniciativa.

En los temas ideológicos, como los relacionados con el aborto, la eutanasia, el matrimonio y la adopción de parejas del mismo sexo, la situación es muy similar, pues la mayoría de los magistrados tienen posiciones liberales. De la terna del presidente podría llegar Cristina Pardo, hasta hace pocos días secretaria jurídica de palacio, quien tiene una posición más conservadora. En ese escenario, al contrario de lo que sucede en Estados Unidos, es probable que de la corte puedan salir decisiones progresistas como permitir el aborto libre en el primer trimestre, ampliar los casos en los que se puede practicar eutanasia y avanzar en los derechos de la población LGTBI.

En las próximas semanas los candidatos tendrán que presentarse ante el Senado para exponer su hoja de vida. Se espera que allí se tome una decisión pronta.