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| 3/10/2007 12:00:00 AM

Principio oportuno

El fiscal general, Mario Iguarán, quiere mayor libertad y flexibilidad para combatir el crimen organizado. SEMANA le explica lo bueno y lo malo de esa propuesta.

Principio oportuno El fiscal general Mario Iguarán es un convencido de las bondades del principio de oportunidad para la lucha contra el narcotráfico
No hay nada que alborote más el avispero político en Colombia que aventurar cambios a las leyes sobre el narcotráfico. Una propuesta que les otorgaría posibles beneficios a los paramilitares ha generado un incendio mayúsculo. La hizo el fiscal general, Mario Iguarán, la semana pasada. Planteó la necesidad de ampliar el uso del principio de oportunidad a los pequeños capos de la droga y a testaferros de los paramilitares. Quién dijo miedo. En menos de 48 horas, Iguarán tuvo que desistir de su propósito de incluir esas iniciativas en el proyecto de ley que reforma el Código de Procedimiento Penal. Hubo alivio general. Mejor dejar así, como dice el comediante Andrés López.

En la opinión pública quedó la sensación de que el Fiscal General había dado un paso en falso. Que había improvisado sobre temas demasiado importantes. Pero pocos recuerdan que esta discusión no es nueva. Que darle discrecionalidad al Fiscal General fue el punto más polémico hace tres años, cuando se debatió la ley para implementar el sistema acusatorio. Que la posibilidad de perdonar a los testaferros de los paramilitares está incluida tanto en el Código Penal como en la ley y el decreto de Justicia y Paz. Entonces, ¿por qué generó tanta zozobra?

Hay varias razones, tanto racionales como emotivas. Para muchos colombianos, el concepto de principio de oportunidad es ajeno. Primero, porque es nuevo: sólo apareció con el sistema acusatorio. Consiste en darle al Fiscal General la opción de dejar de perseguir a un delincuente porque considera que al hacerlo favorece los intereses de la justicia y la sociedad en general. Segundo, porque ha sido explicado de manera caricaturesca por sus críticos. Es descrita como una leguleyada más. De esas normas que no hacen nada para agilizar la justicia y que, en cambio, sirven para consolidar la impunidad.

En realidad, es posiblemente la herramienta más pragmática y realista en la lucha contra el crimen. Acepta de entrada una verdad que pocos quieren admitir: que no es posible castigar todos lo delitos. Que algunos criminales no pasarán ni un minuto en una cárcel. Que, a veces, para la sociedad es preferible que sea así. Aunque para algunos esta permisividad equivale a blasfemia, hace tres años el gobierno y el Congreso aceptaron su utilidad, pero con limitaciones: que no se podía usar para delitos de lesa humanidad, terrorismo o narcotráfico.

Ahora el Fiscal quiere levantar esa restricción y aplicarla en la lucha contra el crimen organizado. Dice que todos los días pequeños capos y lugartenientes de los carteles le ofrecen a la Fiscalía y a otras entidades del Estado información que podría servir para desmantelar organizaciones enteras y no la pueden conocer. La razón: esos delatores quieren un perdón total, algo que es hoy un imposible jurídico en Colombia, pero que ha sido utilizado en otros países para romper el legendario "pacto de silencio" de las mafias.

Los mismos críticos reconocen su efectividad, pero plantean dos riesgos inherentes de largo plazo: las delaciones con el tiempo tienden a desincentivar la labor investigativa y técnica de la Fiscalía. Y segundo, y posiblemente más importante, no es fácil para una sociedad aceptar que delincuentes queden libres. Queda la percepción, en últimas, de que el crimen sí paga. Un mensaje demoledor para un país como Colombia, donde los carteles de la droga se reproducen como conejos.

Tal vez la senadora uribista Gina Parody tiene razón cuando dice que hay que parar la costumbre de estar modificando las leyes para satisfacer a los delincuentes, con el fin de que confiesen todo. Sin embargo, también hay que escuchar al Fiscal cuando dice que le faltan herramientas para confrontar el delito. El miedo a mostrar blandengues frente al temible narcotráfico no puede ser una talanquera para buscar alternativas de política criminal.

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