FARC y Gobierno definieron camino para blindar los acuerdos

El Gobierno y las FARC llegaron a un crucial consenso para blindar jurídicamente el acuerdo final de paz. Las partes decidieron que todo lo pactado se elevará a la condición de "Acuerdo Especial", en los términos de los convenios de Ginebra.
 
Los mismos donde se contempla que las partes de un conflicto interno pueden hacer los acuerdos especiales que crean necesarios para menguar el sufrimiento de los civiles.

El paso que dieron las partes negociadoras este jueves busca dos cosas: asegurar que lo pactado haga parte del ordenamiento jurídico colombiano y dar garantías de cumplimiento. Con estos parámetros desaparece la posibilidad de que próximos gobiernos incumplan lo pactado.

En términos internacionales el Gobierno cedió y aceptó que sea un "Acuerdo Especial" cobijado por el Consejo Federal Suizo en Berna, depositario de lo relacionado con el Derecho Internacional Humanitario (DIH). Además, el actual gobierno se compromete con otro camino, dar una declaración unilateral ante el secretario general de la ONU, para que ese organismo de la bienvenida a lo pactado.

Pero esa no será la única ruta, antes de llegar a esa máxima instancia el acuerdo especial tendrá que hacer parte del cuerpo jurídico colombiano.

Para que eso suceda, las partes convinieron incluir en la Constitución un nuevo artículo, transitorio, para que en desarrollo al derecho a la paz, el acuerdo final sea calificado de "Acuerdo especial". Esto se incluirá en el texto del acto legislativo que se tramita en la Cámara de Representantes y que ya recibió el espaldarazo del Senado.

Es decir, finalmente las FARC dieron su brazo a torcer y aceptaron al Congreso como "instancia legítima" para que lo evalúe y le dé el visto bueno. Así pues, una vez se firme y se resuelvan dos de los seis puntos que faltan de la agenda, -fin del conflicto e implementación y refrendación- el Gobierno le presentará al Legislativo un proyecto de ley ordinario para que se apruebe lo negociado como acuerdo especial, y así pueda ser incorporado al bloque de constitucionalidad.

"Se trata entonces de construir una ruta compleja de formalización jurídica del Acuerdo Final que se basa en las instituciones de nuestra democracia y se apoya en diferentes instancias internacionales para darle mayor solidez", manifestó durante su intervención el jefe del equipo negociador del Gobierno, Humberto de la Calle.

Se apaga así la chispa que dejó encendida el exfiscal Eduardo Montealegre antes de abandonar su cargo: efectivamente los acuerdos harán parte del bloque constitucional, pero no de manera exprés como pretendía el funcionario. Se hará pero siguiendo los respectivos trámites. 

En el aire se mantienen el tema del plebiscito. Aún no hay un consenso entre el Gobierno y las FARC, por lo que el punto de la refrendación sigue estando en el tintero con definidos avances. Hace pocos días el jefe de la delegación de las FARC abrió la puerta a una consulta popular.

Se siguen desenredan puntos pendientes de la recta final. "Esta decisión tiene enormes implicaciones. Por un lado, el gobierno garantiza que cumple con la palabra empeñada. Y cumple, utilizando el más alto nivel jurídico", puntualizó el jefe de la delegación de paz del Ggobierno.