El plebiscito no convence al fiscal

Desde cuando el presidente Juan Manuel Santos se comprometió a someter a refrendación popular los acuerdos de paz que se alcancen en La Habana, el mandatario no la ha tenido fácil. Primero que todo porque los negociadores del Gobierno y de las FARC aún no se ponen de acuerdo en cuál será el mecanismo para refrendarlos, y segundo, porque aún la Corte Constitucional no se pronuncia si el plebiscito tiene tiene validez.

A ese complejo panorama que le espera la firma del acuerdo final se le suman las críticas que le han caído a la iniciativa de la Unidad Nacional. Una de ellas viene del fiscal general, Eduardo Montealegre, quien insiste en que no se requiere ningún mecanismo de refrendación para poner en marcha los acuerdos de la Habana.

"El Gobierno tiene la obligación constitucional de adoptar las medidas necesarias para garantizar los derechos de los ciudadanos, incluido el derecho a la paz. Los trámites, acciones y compromisos adquiridos por el Gobierno en las negociaciones con las FARC se han logrado en el marco de estas facultades constitucionales", señaló el jefe del ente investigador.

La preocupación de muchos es que en la refrendación se pierdan los esfuerzos de más de tres años de negociación. Es decir, los acuerdos podrían fracasar si la mayoría de los ciudadanos decide rechazarlos, o, por el contrario, prosperar si la mayoría de colombianos lo ratifica con su voto.

"Si bien la participación popular es un elemento valioso en una democracia, esto no puede implicar que las facultades del presidente para alcanzar la paz tengan que estar condicionadas al veredicto de la ciudadanía", agregó el alto funcionario.

El fiscal Montealegre está ceñido al punto de vista estrictamente jurídico. En ese sentido, un acuerdo de paz no requiere refrendación. Hay sentencias de la Corte Constitucional que dejan claro que los referendos en ese caso son opcionales pero no obligatorios.

De ahí la solicitud que hizo el jefe del ente investigador al alto tribunal de declarar inexequible el proyecto de Ley Estatutaria que regula el plebiscito. A su juicio, el desarrollo constitucional del acuerdo que conquisten las partes no puede estar condicionado al marco electoral.

Aunque no es la primera vez que Montealegre se refiere al tema, lo inédito es que haya presentado de manera formal sus críticas a la Corte para que tumbe la iniciativa.

Entre las consideraciones que expone, asegura que el proyecto de ley parte de un supuesto erróneo según el cual, adelantar y culminar un proceso de paz en Colombia requiere refrendación. Esto es contrario a la Constitución. En otras palabras, el Gobierno tiene la obligación de adoptar todas las medidas necesarias para garantizar el derecho a la paz.

En la recta final de la negociación, el fiscal Montealegre decidió entrar a la arena contra el plebiscito, sin duda, sus declaraciones causan revuelo.

Lo cierto es que mientras el mandatario pelea contra viento y marea para sacar adelante la iniciativa con la se comprometió cuando anunció la negociación, el duro pulso sobre si debe ser un plebiscito, como quiere el gobierno, o una constituyente, como plantean las FARC, se mantiene y son los negociadores los que tienen la última palabra.