Las FARC y el Gobierno, en busca de la hoja de ruta

Recientes hechos podrían entorpecer las intenciones del Gobierno y la guerrilla de trazar una hoja de ruta para el fin del conflicto, que se prevé que sea anunciado al terminar el ciclo de conversaciones que comienza este 6 de abril y se extendería hasta mediados del mismo mes en La Habana.

El ambiente se ha enrarecido por eventos como el paro armado promovido por el ‘Clan Úsuga’, el asesinato de varios defensores de derechos humanos y líderes populares, las amenazas contra dirigentes políticos de izquierda, las denuncias del resurgimiento de grupos paramilitares y el aparente intento de ataque a la exsenadora Piedad Córdoba,

El jefe de la delegación de las FARC, Iván Márquez, ya hizo un anuncio en ese sentido en el más reciente comunicado de ese grupo armado, al lamentar y rechazar el presunto intento de agresión contra la exsenadora liberal y vocera del Movimiento Social y Político Marcha Patriótica, ocurrido el pasado primero de abril, en Quibdó

Del hecho, dijo que “corona una amenazadora ofensiva paramilitar en todo el país. El crecimiento de las acciones paramilitares contra población civil y dirigentes políticos y sociales desarmados ensombrece los sustantivos avances de los procesos de diálogos con las insurgencias y contra los anhelos de paz de todos los colombianos”.

Márquez acusó al gobierno del presidente Juan Manuel Santos por pretender negar la existencia de los paramilitares “con enrevesados eufemismos” al llamarlas bandas criminales y advirtió que si no actúa contra estos grupos ilegales, no es posible llegar a un acuerdo de paz.

“Las acciones no dan espera. El sueño de la paz es irrealizable si persisten estas peligrosas amenazas para la vida y demás derechos fundamentales de los colombianos. Exigimos al gobierno nacional esclarecer las responsabilidades tras esta andanada paramilitar y tomar medidas inmediatas que nos garanticen a todos el ejercicio de la política sin armas, para poder avanzar de forma cierta en la necesaria reconciliación nacional”, señaló.

El jefe guerrillero agregó que el acuerdo para el desmantelamiento del paramilitarismo aún está crudo en la Mesa de diálogos y requiere ser evacuado y puesto en marcha con veeduría internacional.

Desde el viernes primero de abril los abogados que asesoran a las FARC en asuntos jurídicos, el español Enrique Santiago y el colombiano Diego Martínez, han sostenido reuniones en Bogotá con la delegación de paz del Gobierno y con el ministro de Justicia, Yesid Reyes, para lograr aproximaciones en temas que la guerrilla considera cruciales.

Ellos son “la amnistía, el cese bilateral del fuego y de hostilidades, el proceso de dejación de armas, la ejecución de acciones que garanticen, con la máxima participación popular, la seguridad jurídica, y la implementación efectiva de todos los compromisos; es decir, actuamos en la idea de llegar a la construcción de un buen acuerdo,  para hacer del 2016, el año de la paz, el año del fin de la guerra en Colombia”, según lo señaló el mismo Iván Márquez, en el comunicado que leyó en la noche del  23 de marzo desde el Palacio de Convenciones de La Habana.

Por su parte, el Gobierno, en cabeza de Humberto de La Calle, dejó en claro esa misma noche en su comunicado, que sólo firmará un buen acuerdo “que ponga orden en un proceso de dejación de armas. Con plazos fijos. Sin zonas grises y sin mezcla de armas y política”.

Además, De La Calle les advirtió a las FARC que “la dejación de armas es condición para la aplicación de los mecanismos de justicia transicional y para abrir la puerta de la reincorporación a la vida civil. De igual modo, lo que se pacte sobre participación política debe estar sujeto también a la dejación de armas”.

Un vocero de las FARC dijo a Semana.com que el grupo insurgente tiene plena disposición a dejar las armas, pero no con plazos como los que quiere imponerles el Gobierno. Subrayó que ellos son los primeros interesados en desarmarse para hacer política con miras a las elecciones del 2018 y por eso les urge hacerlo en el menor tiempo posible, pero con todas las garantías de seguridad que todavía no les ha dado el Gobierno en la mesa de negociaciones.

La presencia de los abogados Santiago y Martínez en Bogotá es trascendental porque, según el mensaje que lleven del Gobierno a la insurgencia, se podría agilizar una hoja de ruta que lleve a la recta final del fin del conflicto.