¿Se abre paso el indulto por narcotráfico para las FARC?

El anuncio de Iván Márquez en La Habana de que las FARC están listas para convertirse en movimiento político fue calificado por muchos como el más “optimista” de la guerrilla sobre la posibilidad de firmar un acuerdo para poner fin al conflicto. Dijeron estar listos para discutir los mecanismos de transición.

Tan solo horas después, y sin que aún se reanudara la nueva ronda de conversación, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Leonidas Bustos, sorprendió al país con una postura que será determinante, precisamente, para que la guerrilla se pueda constituir en partido político y que sus históricos cabecillas hagan parte de él. Dijo que el narcotráfico sí puede ser considerado conexo al delito político.

Según la Constitución, los delitos políticos son rebelión, sedición y asonada. Por su sola pertenencia, a los miembros de las FARC se les atribuye el delito de rebelión. Pero los demás delitos que se les pueda atribuir por su actividad ilegal son los que precisamente los inhabilitan para hacer política.

El narcotráfico, quizá, es el más castigado por la Constitución. Pues aquellas personas que hayan sido condenadas nunca podrán ser elegidas a cargos de elección popular. En buena parte, la posibilidad de ese tránsito pasa por el tema del narcotráfico.

El jueves, en la conferencia “Delito político y anhelos de paz: hacia una dogmática compatible con la justicia transicional”, el presidente de la Corte sostuvo que la figura se podría aplicar “en aquellos casos en los cuales sirva como instrumento para la guerra, cuando es utilizado como herramienta para sostener económicamente los fines políticos de la confrontación armada”.
 
En desarrollo de su conferencia, el magistrado Bustos también indicó que el delito de narcotráfico puede ser objeto de amnistías e indultos cuando sea conexo a delitos políticos, según informó la Fiscalía.

El presidente de la Corte también planteó que “no existe una prohibición en el derecho internacional para amnistiar o indultar a los responsables por narcotráfico, cuando este sea conexo al delito político“.

El comunicado de la Fiscalía también sostiene que el magistrado Bustos considera que si el Estado decide conceder amnistías o indultos en relación con el delito de narcotráfico, cuando este sea conexo a delitos políticos, decae también la posibilidad de extradición.

El contenido de la posición del magistrado, lógicamente fue acogido por el fiscal Eduardo Montealegre, pero alarmó a sus más fuertes contradictores: el procurador Alejandro Ordóñez y el senador del Centro Democrático Álvaro Uribe Vélez.

El procurador aseguró que el narcotráfico no puede ser un delito conexo político sino que, por el contrario, debería ser un delito conexo a los de lesa humanidad. Ordóñez considera que el narcotráfico no tiene carácter idealista y altruista.

“Pero incluso respecto a los crímenes de guerra y de las graves violaciones a los Derechos Humanos, igualmente se establecen unos principios en los cuales señaló la Corte Constitucional que no podrán ser conexos al delito político aquellos delitos que carezcan de altruismo y de idealismo y el narcotráfico nada tiene que ver con ello, más bien el narcotráfico es conexo a los delitos de lesa humanidad”, señaló el procurador.

Uribe, en cambio, consideró que el narcotráfico en Colombia ha sido conexo al terrorismo y por eso recordó la masacre de Bojayá, el avión de Avianca, el atentado al Nogal y hasta los atentados a Fernando Londoño y los diputados del Valle del Cauca.

El jefe del Centro Democrático considera que el presidente Juan Manuel Santos, el fiscal general y ahora el presidente de la Corte Suprema quieren “concederle indulto al narcoterrorismo”.

Incluso Uribe acusó a la Fiscalía y a la Corte Suprema de haber condenado a los exfuncionarios de su gobierno por razones políticas. Y que ahora, por política de permisividad, “quieren concederle el indulto al narcoterrorismo”. Uribe incluso invitó a la gente que saliera a oponerse al indulto que considera se aproxima.

En todo caso, el pronunciamiento del presidente de la Corte Suprema de Justicia tendrá seguras repercusiones en La Habana.