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Procurador: los 10 que pasan a la última ronda en el Consejo de Estado

El Alto Tribunal eligió el listado final para seleccionar de allí el candidato que enviarán al Congreso de la República. Estos son los nombres y sus posibilidades.


La carrera por la Procuraduría avanza en medio de la pandemia. A pesar de que las altas cortes no están sesionando presencialmente, en el Alto Poder se mueven fichas para la elección de este importante cargo del poder público. En el Consejo de Estado se da la puja más apretada. Este miércoles, el Alto Tribunal seleccionó el listado de 10 aspirantes, entre los cuales decidirá su candidato. 

Estos son los nombres. 1) Jaime Buenahora Febres-Cordero. 2) Juan Carlos Cortés González. 3) Juan Gregorio Eljach Pacheco. 4) Claudia Gutiérrez Bedoya. 5) Luis Felipe Henao Cardona. 6) Juan Carlos Novoa Buendía. 7) José Andrés O‘Meara Riveira. 8) Carlos Arturo Ramírez Vásquez. 9) Antonio Emiliano Rivera Bravo. 10) Humberto Sierra Porto. 

La terna del Consejo de Estado siempre es crucial, pues en las últimas elecciones su candidato suele quedarse con el puesto en el Congreso. Así sucedió con Fernando Carrillo, quien arrasó en el Senado con una votación casi unánime. 

El Consejo de Estado ha resultado exitoso por acudir al criterio de la "viabilidad" para el postulado en el Congreso de la República. De ese futuro depende en gran medida la selección de su carta final. 

En términos de experiencia jurídica, por ejemplo, uno de los candidatos más sólidos es el exmagistrado Humberto Sierra Porto. Fue presidente de la Corte Constitucional y el ponente del fallo que tumbó la reelección de Álvaro Uribe para un segundo periodo. En el Senado se cree que recogería el voto de liberales, la izquierda y sectores alternativos. Pero de entrada, no contaría con los votos de la bancada del Centro Democrático, que le cobrarían la providencia que como magistrado impidió el regreso de Uribe al poder. Por su posición liberal y de apoyo a muchas de las causas más progresistas del país, como el derecho de la mujer a abortar, se da por descontado también que los sectores más conservadores no lo apoyen en el Congreso. 


De izq. a der: Juan Carlos Cortés, exviceprocurador general; José Andrés O‘Meara, director general de Colombia Compra Eficiente, y el exmagistrado Humberto Sierra Porto.  

Un segundo candidato es Juan Carlos Cortés, quien fue hasta hace poco la mano derecha del procurador saliente, Fernando Carrillo. Cortés tendría el voto liberal, pues fue viceministro de Rafael Pardo y se considera un hombre cercano a esas toldas. También podría contar con el voto de La U y de la izquierda por su defensa del Proceso de Paz y de los líderes sociales como viceprocurador.

En el campo de la política, quizás uno de los que se mueve mejor es Luis Felipe Henao. El exministro de Vivienda partiría con la bancada de Cambio Radical y podría recoger parte de los conservadores, de La U y una fracción liberal. Es abogado de la Universidad del Rosario, especializado en derecho de la empresa de la misma universidad y con estudios doctorales en la Universidad de Salamanca. Tiene un vínculo muy profundo con la Universidad del Rosario, donde ha sido profesor de derecho penal y ha publicado varios libros en esa área. En el sector público ha tenido múltiples cargos: ministro de Vivienda, viceministro de Medio Ambiente, secretario general del Ministerio de Justicia, director del Inpec y de la Dirección Nacional de Estupefacientes. En el Consejo de Estado su perfil de ejecutor cae bien. 


El exmagistrado Wilson Ruiz Orejuela y la ministra de Justicia, Margarita Cabello, se cuentan como favoritos para ser ternados por la Corte Suprema de Justicia y la Casa de Nariño. El exministro Luis Felipe Henao compite en la terna del Consejo de Estado. 

José Andrés O‘Meara es considerado el candidato de la Casa de Nariño, por ser parte del Gobierno como director de Colombia Compra Eficiente. Ha aspirado también a ser contralor cuando fue elegido Carlos Felipe Córdoba. Es abogado de la misma universidad del presidente y ha sido promovido por el conservatismo. En esta ocasión cuenta, además, con el guiño de magistrados del Consejo de la Judicatura cercanos a la Universidad Sergio Arboleda, de la cual egresó en una promoción más reciente que la del actual fiscal general de la Nación. Es experto en derecho público y contratación estatal, y destaca su alto perfil técnico. No genera resistencia en el Senado.

Gregorio Eljach es quizás el candidato que más polémica puede despertar, pero a su vez uno de los que más posibilidades puede tener. En los circulos judiciales se descarta que sea ternado por el Consejo de Estado, por el espíritu jurídico de esa corporación, en donde muchos magistrados no comparten que alguien con un perfil tan político llegue a ese cargo. 

Quedó en la lista Emiliano Rivera, antiguo secretario de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, de donde salió para ser miembro del Consejo Nacional Electoral. Rivera, naturalmente, es muy apreciado en el Congreso de la República, pues quienes eran representantes en la época en la cual fue secretario de la Comión son ahora, en su mayoría, senadores; es decir, sus probables electores. Claudia Gútierrez Bedoya es la única mujer en la lista, a diferencia de la Corte Constitucional, donde un gran grupo de juristas se presentaron. 

También llamaron la atención los candidatos que se quedaron por fuera de ese listado: Gustavo Gómez Aranguren y Marco Antonio Velilla Moreno, ambos de las entrañas del Palacio de Justicia. El primero, antiguo presidente del Consejo de Estado, muy próximo a la rama judicial y vocero de un constitucionalismo vigoroso, mientras que el segundo, actual veedor ético del partido Centro Democrático, fue quien demandó la modificación de la terna a fiscal general de la Nación que hizo, en noviembre de 2010, el presidente Santos, pues había sido ternado por el presidente Uribe. Los dos participaron como consejeros de Estado en la elección de algunos de los actuales consejeros.

 La Procuraduría es una entidad poderosa y apetecida, al igual que la Contraloría y la Fiscalía, porque quien la dirija tiene en sus manos el poder de sancionar disciplinariamente a alcaldes, gobernadores, ministros, concejales, diputados, entre otros.

Para dimensionar este alcance, durante el periodo de Carrillo la entidad ha destituido a 910 funcionarios y suspendido de sus cargos a 1.496. Muchos de ellos pueden quedar por fuera de los cargos en el sector público hasta por 20 años.

En esta oportunidad, en forma atípica, los aspirantes deberán hacer campaña con las limitaciones que impone la pandemia. Con el Congreso sesionando en forma virtual y algunos senadores fuera de Bogotá, no la tienen tan fácil como en el pasado, cuando los encuentros en restaurantes o en el propio Capitolio eran lo común.

Sin embargo, la cuarentena no ha evitado que, en las últimas semanas, los que parten como favoritos hayan iniciado el ‘lobby‘, muchos de ellos con el apoyo de expresidentes o candidatos que jugarán a fondo en las presidenciales de 2022.

Esta elección a la Procuraduría estará enmarcada al mismo tiempo por otras dos contiendas políticas en el Congreso durante los próximos tres meses: la de la Defensoría del Pueblo, cuyo titular eligirá la Cámara, y la de la vacante que quedará en la Corte Constitucional en septiembre, tras el fin del periodo del magistrado Luis Guillermo Guerrero. El Senado escogerá su reemplazo.

En todo caso, el pulso por la Procuraduría va a concentrar la atención pública en lo que resta de año. Y, sin duda, será una fuerte batalla política debido a la importancia que ha adquirido esta institución en la vida pública del país.