Procurador pide a CPI que acuerdo con FARC contemple cárcel efectiva

El procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez, no pierde la esperanza de que los organismos multilaterales miren de cerca a Colombia por los acuerdos que, con miras a la paz, vienen negociando el Gobierno y la guerrilla de las FARC.

Esta vez acudió a la Corte Penal Internacional (CPI) con el ánimo de que ese organismo multilateral exija, dentro del marco de los acuerdos que se están pactando entre ambas partes en La Habana, que los actores del conflicto paguen una pena efectiva de cárcel.

“Lo pactado entre el gobierno colombiano y las FARC establece un complejo entramado de organismos y de procedimientos que lo que buscan en realidad es sustraer de la responsabilidad penal”, dijo el procurador general en su misiva.

Ordóñez habló a Bensouda “específicamente del cumplimiento de una pena de reclusión a agentes del Estado y a miembros de grupos armados organizados al margen de la ley que hayan perpetrado crímenes de competencia de la Corte Penal Internacional”

Según Ordóñez, el acuerdo para la judicialización de los eventuales desmovilizados y de agentes de la fuerza pública que se acojan al modelo de justicia transicional “invalida el carácter genuino del procedimiento judicial”.

Para él, no podría tener otra lectura el hecho de que sanciones penales por delitos atroces, en vez de penas privativas de la libertad, contenga exclusivamente medidas de trabajo comunitario para los infractores.

La afectación a la “autenticidad del proceso penal”, según él, radica en que se altera el procedimiento de investigación, enjuiciamiento y sanción a hechos delictivos de tal gravedad.

“El acuerdo estimula la repetición de los crímenes atroces en Colombia y el surgimiento de nuevas víctimas, al dar a los grupos armados ilegales que permanecerán después de su firma la certeza de no ser objeto de penas de reclusión y al garantizarles así la impunidad por sus crímenes pasados, presentes y futuros”, agregó el jefe del órgano de control”, sentenció.

Según él, hay razones más que evidentes para considerar inminente la intervención de la CPI, si se concreta semejante modelo de juzgamiento, que afirma, desdice de los objetivos del Estatuto de Roma, desestimular la comisión de delitos atroces, crímenes de guerra y lesa humanidad. En su criterio, un modelo de ese talante los estimula.