La Procuraduría le da una mano a Postobón

La Procuraduría General de la Nación le pidió este martes a la Corte Suprema de Justicia que revoque el fallo en el cual el Tribunal Superior de Bogotá pide investigar los supuestos nexos de Postobón con grupos paramilitares.

En concepto del Ministerio Público, si no se encuentran probados los vínculos de empresas o instituciones con miembros de ese grupo armado ilegal, el juez no puede, por su cuenta, elevar solicitudes como la que hizo expresa la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá en la sentencia contra los integrantes del frente Héctor Julio Peinado de las Autodefensas.

Hace dos semanas la empresa Postobón fue noticia en buena parte de los medios de comunicación por el supuesto auspicio que la empresa de gaseosas les habría dado a los paramilitares.

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Al menos así lo denunciaron algunos desmovilizados del Frente Héctor Julio Peinado en las versiones libres que, años atrás, entregaron a los fiscales asignados a la Unidad Nacional de Justicia y Paz. Según algunos de ellos, esa empresa había entregado dineros a ese grupo armado ilegal en Cesar entre los años 1999 y 2000. Ese dinero se derivaría del denominado impuesto a las AUC de empresas que ejercían actividades en la región.

Por eso, en la sentencia en la que la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá condenó a Javier Antonio Quintero, alias ‘Pica Pica’, la corporación le pidió a la Fiscalía que investigara si, eventualmente, Postobón pudo haber actuado de manera dolosa al entregar los dineros que supuestamente les dio a paramilitares del Héctor Julio Peinado.

Según la providencia, era necesario que la Fiscalía General de la Nación indagara alrededor de las afirmaciones de Armando Madriaga Picón, integrante del Frente, quien denunció en el 2008 que empleados de la fábrica de gaseosas colaboraron en ese tipo de financiación al grupo armado.

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Además, el Tribunal también pidió investigar por qué ‘Pica Pica’ terminó acusando al ingeniero de Petronorte Edilberto Cediel Gómez de suministrar gasolina a los vehículos en los que se transporta el personal del Frente Héctor Julio Peinado.

Sin embargo, la Procuraduría no cree que esta solicitud sea viable. A su juicio, las afirmaciones respecto a los nexos de Postobón y Petronorte con el paramilitarismo no tienen soporte probatorio. Por eso, el Ministerio Público pidió revocar esos apartes de la sentencia.

La Corte Suprema de Justicia tomará la decisión definitiva. Postobón dijo hace pocas semanas, por medio de un comunicado, que rechaza “de la manera más contundente toda asociación entre nuestra empresa y cualquier actividad ilegal”.

Y añadió: “Tanto nuestros empleados como nuestros aliados de negocios y subcontratistas deben someterse a los principios y valores de Postobón, así como al ordenamiento legal. Postobón no cohonesta ni lo ha hecho en el pasado con ninguna actividad ilegal o inapropiada por parte de ninguno de sus empleados o contratistas”.