Procuraduría anuncia mesa de trabajo para atender a migrantes en antiguo aeropuerto de Maicao: “Estado debe asumir responsabilidades”

Una comisión especial de la Procuradora General fue enviada al asentamiento de migrantes conocido como ‘La Pista’, ubicado en el antiguo aeropuerto del municipio de Maicao, en La Guajira.

Tras hacer presencia en el lugar y constatar las precarias condiciones en las que viven, la comisión anunció que en los próximos días convocará a una mesa de trabajo interinstitucional de alto nivel con el objetivo de establecer medidas inmediatas para restablecer los derechos de la comunidad que reside en este lugar. Cada día, más familias de migrantes venezolanos y colombianos retornados llegan a este asentamiento en busca de un lugar donde vivir.

Después de verificar las condiciones precarias en las que permanecen estas personas, sin acceso al agua, alcantarillado, servicios de salud ni educación, y enfrentando amenazas constantes de desalojo, el procurador delegado para los derechos humanos, Javier Sarmiento, resaltó la urgencia de que “el Estado asuma sus responsabilidades” ante esta situación. Los más afectados por estas circunstancias son los niños, niñas, adolescentes, mujeres y adultos mayores.

“Nuestra gran preocupación es la falta de acceso a servicios de salud, educación, alimentación, agua y saneamiento básico y la absoluta desatención del Estado frente a la realidad de esta población, que aumenta a diario y cuya vulnerabilidad es caldo de cultivo para que mafias y grupos ilegales presentes en la zona los instrumentalicen para realizar actividades de microtráfico, explotación sexual y laboral, como ocurre en otras regiones, donde los más afectados son los menores de edad y las mujeres”, dijo el procurador Sarmiento.

De acuerdo con información suministrada por la personería del municipio de Maicao, el asentamiento se encuentra en crisis sanitaria por contaminación con aguas negras, vertederos de basura cercanos y por las aguas estancadas, que generan cuadros infecciosos y criaderos de insectos transmisores de enfermedades como el dengue. Además, se registran altos niveles delincuenciales y consumo de drogas.

El procurador delegado también afirmó que es esencial llevar a cabo una caracterización de toda la población y plantear soluciones para las 12.000 personas que habitan en el asentamiento. Esto debe comenzar con la definición de si es posible que permanezcan en el lugar o serán reubicados.

“Para la Procuraduría es urgente que se haga una caracterización de toda la población, y se planteen soluciones para estas 12.000 personas, iniciando por la definición si es posible que se queden o serán reubicados, para posteriormente buscar soluciones a la falta de agua potable, se evacuen las aguas negras y los cúmulos de basuras para garantizar la vida de esta comunidad y poder trazar un plan de acción para el restablecimiento de sus derechos”, aseguró el delegado.

Sarmiento anunció que presentará requerimientos a las diversas entidades nacionales encargadas de la atención para que tomen medidas y elaboren planes de atención que serán presentados en la mesa de trabajo.

El asentamiento conocido como ‘La Pista’ surgió en el antiguo aeropuerto de Maicao en 2015, cuando alrededor de 500 familias de migrantes venezolanos ocuparon el lugar. Durante la pandemia de covid-19, miles de familias más, tanto venezolanas como colombianas retornadas, llegaron en busca de atención médica que no estaba disponible en Venezuela. Estas familias enfrentan condiciones precarias y luchan por sobrevivir con trabajos informales, a menudo involucrándose en redes de microtráfico y enfrentando la amenaza de grupos delictivos.

A pesar de la falta de apoyo local y el desconocimiento de las entidades nacionales sobre la situación, organizaciones no gubernamentales internacionales han brindado asistencia en medio de la crisis migratoria en Colombia, de acuerdo con la Procuraduría.

Como resultado de esta visita, la Comisión presentará un informe al despacho de la procuradora general con base en el cual se definirán las acciones preventivas y disciplinarias a las que haya lugar con el fin de garantizar de manera inmediata los derechos de esta población vulnerable.